Amnistía denuncia que el espionaje masivo sigue operando “en la sombra” un año después de Pegasus

"La vigilancia constituye un atentado contra la dignidad de nuestra vida profesional y privada", admite Julia Gavarrete, periodista de El Salvador. "Es una forma muy violenta de censura, porque nos privamos a nosotros mismos de expresar nuestras opiniones sobre muchos temas", reconoce Hicham Mansouri, periodista marroquí residente en Francia. Ambos han sido espiados por el software Pegasus. Sus nombres son sólo dos de los nombres detrás de los 50.000 números de teléfono que el consorcio de medios Forbidden Stories publicó en julio de 2021 que habían sido posibles objetivos de espionaje por parte del programa de la empresa israelí NSO Group. Entre ellos también se encontraban jefes y jefas de Estado como el francés Emmanuel Macron, además de activistas y periodistas, como el español Ignacio Cembrero, el presidente y fundador de Mediapart —socio editorial de infoLibre— Edwy Plenel, o la familia de Jamal Khashoggi, asesinado en Estambul en 2018 por agentes saudíes. 

Ahora, cuando se cumple un año de la publicación de esta investigación en la que colaboraron más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de diez países, Amnistía Internacional denuncia que la crisis de los programas espía continúa y que el sector de la vigilancia sigue sin estar sometido a ningún tipo de control. "Es vergonzoso que los Gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital", explica Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech. 

Pegasus es un programa espía capaz de hacerse con datos personales, interceptar conversaciones y encender cámaras y micrófonos de forma autónoma. NSO Group, que es una empresa estrechamente vinculada con los servicios de seguridad israelíes, afirma que aplica estrictos controles para evitar un uso indebido y que solo lo vende a otros Estados. No obstante, tal y como publicó infoLibre el pasado mes de mayo, fuentes de los servicios de inteligencia españoles puntualizan que este software "lo usa cualquiera que tiene capacidad de pagarlo" siempre que "no se trate de un enemigo declarado del Estado de Israel".

Para Amnistía, este espionaje sobre defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil es ilegal, selectivo y, sin duda, un "instrumento de represión" ya que viola el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica. "Un año después, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global", asegura Ingleton. 

A pesar de los "reiterados" llamamientos para la regulación del sector de la vigilancia, Amnistía señala que, aunque se han dado "ciertos pasos en la dirección adecuada", la actuación de los Gobiernos sigue sin ser suficiente. "La falta de medidas de calado por parte de los Ejecutivos de todo el mundo supone un insulto para quienes han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software", explica Ingleton. 

Por ello, la ONG impulsa ahora una moratoria mundial sobre el uso, la venta y la transferencia de esta tecnología que "continúa operando en la sombra" para así poner fin a estas violaciones de los derechos humanos. "Seguimos pidiendo la suspensión mundial de la venta, transferencia y empleo de programas espía mientras no se instauren salvaguardias de derecho humanos que regulen sus empleos", afirma Ingleton. Además, Amnistía tiene en marcha una recogida de firmas, que ya suma más de 14.000, pidiendo el fin de este espionaje ilegal y para solicitar al Gobierno de España que sea transparente y revele información sobre si tiene contratos con empresas de vigilancia digital como NSO Group.

A la ONG también le preocupa que, tal y como se publicó a mediados de junio, L3Harris, una empresa contratista de defensa de EEUU, esté negociando para hacerse con la propiedad del software Pegasus. "Es preciso oponerse a cualquier maniobra de NSO Group para modificar su modelo empresarial con el fin de eludir la rendición de cuentas. Todo el sector de la vigilancia ha quedado incapacitado y necesita una reforma urgente", explica Ingleton.

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Desde la publicación de la investigación, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional ha descubierto nuevos ataques en Marruecos, el Sáhara Occidental o en Polonia. Además, también ha confirmado que en numerosos casos se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel, Palestina o España. 

En el caso español, el Gobierno reveló que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlarka fueron hackeados con este programa en mayo y junio de 2021. Previamente, Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó a mediados de abril que más de 60 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco también habrían sido espiadas con Pegasus. El CNI admitió que espió a 18 con autorización del Supremo, incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. 

En la actualidad, NSO Group tiene investigaciones y causas judiciales abiertas en Francia, Polonia, México o India. En noviembre de 2021, EEUU incorporó a esta empresa israelí en su "lista de entidades" de actividad cibernética maliciosa lo que para Amnistía significó que la Administración de Joe Biden reconoce así los abusos cometidos con software espía. Apple también presentó una demanda ese mismo mes para solicitar responsabilidades por el espionaje y los ataques que habían sufrido sus usuarios. Y en marzo de este año, el Parlamento Europeo estableció una comisión de investigación sobre el programa Pegasus que enviará misiones a Polonía, Hungría, Israel y, previsiblemente, España.