La industria alerta de que recortar energía llevará a cerrar fábricas y Ribera apuesta por recomendaciones
Las empresas de servicios y la Administración Pública soportarán la mayor parte del ahorro energético al que se ha comprometido España a través de las nuevas limitaciones de los termostatos y el apagado de los escaparates y oficinas. Mientras que la industria, el mayor consumidor de gas y electricidad en España, no reducirá de manera forzosa su contador de luz, según afirman los representantes del sector.
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir voluntariamente un 7% el consumo de gas durante los próximos ocho meses, y según sus previsiones, entre 4 y 5 puntos de ese ahorro se logrará con el decreto recién aprobado de eficiencia energética dirigido a los comercios y organismos públicos. Mientras que el 2% o el 3% restante lo soportarán la industria y los hogares, que juntos consumen casi el 80% de la electricidad.
Las patronales manufactureras se han reunido en el último mes con los ministerios de Transición Ecológica e Industria para preparar el Plan de Contingencia previsto para septiembre, un documento que el Gobierno deberá remitir a la Comisión Europea. En él se recogerán medidas a gran escala de seguridad energética para el otoño y el invierno. Los hogares y las fábricas, que hasta ahora solo tenían recomendaciones de ahorro, también entrarán en el paquete, para el que también podrán hacer propuestas las Comunidades Autónomas.
La patronal industrial ha trasladado al Gobierno que entre las futuras medidas no podrían asumir un recorte de gas ni electricidad obligatorio. "A diferencia de otros sectores, una reducción de la disponibilidad de energía significaría automáticamente una parada de la producción", reitera Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la agrupación de patronales del sector.
"Por ahora solo se esperan medidas voluntarias, otra cosa es que la situación vaya a peor y haya que planteárselo", añade Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), donde están representadas 27 compañías que juntas consumen el 9,5% de la electricidad de España.
El Gobierno comparte esta opinión y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ya explicó en rueda de prensa este lunes que su objetivo es que el peso del ahorro caiga "donde la afección genera beneficios", ya que las pymes rebajarán su factura de la luz con las medidas ya aprobadas. "Queremos que no tengan que ser aplicadas en ningún caso sobre el confort térmico de los hogares ni sobre la industria y el potencial dinamizador que tiene en el conjunto de la economía", dijo la vicepresidenta.
Las grandes manufactureras reconocen su importante papel como consumidor energético y proponen diferentes puntos donde pueden apretarse el cinturón. Al fin y al cabo, consumen el 55% del gas y el 47% de la luz de España, según la CNMC.
Su principal apuesta es el regreso del mecanismo de interrumpibilidad eléctrica, un sistema que sirve para evitar cortes en el suministro de luz cuando se dispara el consumo o, en este caso, si hay insuficiente electricidad en la red.
Llegada esta emergencia, Red Eléctrica emitiría a las empresas suscritas al sistema una petición de reducción de consumo de luz a cambio de una compensación económica, lo que permitiría que la industria intensiva se apagase para asegurar el abastecimiento. Este mecanismo se desactivó en julio de 2020, y ahora piden su regreso junto con un sistema similar de interrumpibilidad del gas natural, que funcionaría de manera similar y que sería la primera vez que se utilizase en España.
Más allá de esta medida, pensada solo para situaciones de alerta y sufragada con fondos públicos, los fabricantes aseguran que hay poco margen de trabajo. Su opinión es que han invertido durante años en modernizar sus instalaciones y para seguir haciéndolo necesitan dinero del Gobierno. "Si se quiere ir más allá en eficiencia y en sustitución de combustibles, necesitaremos una línea de ayudas porque los números no nos salen", incide Carlos Reinoso.
El gas natural quema el bolsillo de la industria
Uno de los focos donde se necesita inversión es en fórmulas de sustitución de combustibles, que consisten en transformar cuando sea posible las máquinas de una fábrica para que en lugar de consumir gas, quemen otras materias primas, como biomasa o carburantes.
Este mecanismo permitiría reducir las compras de gas, como pide Bruselas, pero también ayudaría a la industria a desligarse de esta materia prima, un lastre económico para muchas empresas españolas, que han dejado de ser competitivas en el mercado global después de que esta materia prima haya multiplicado por seis su precio en solo un año en Europa.
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Las azulejeras son unas de las más afectadas porque sus hornos queman con gas natural, así como los productores de fertilizantes, que necesitan esta materia prima para producir amoniaco, el compuesto fundamental del abono. Otras industrias como los fabricantes de coches o las cementeras no emplean el gas directamente en su proceso productivo, pero sí tienen una factura de la luz mucho más cara este año, como los hogares y los comercios.
Los datos de Enagás sustentan este discurso, ya que en julio el consumo de gas natural de empresas, hogares y fábricas se desplomó un 31% en España respecto al año pasado. Ha caído con especial fuerza entre las industrias de refino (58%), producción eléctrica por cogeneración (-44%), textil (-44%), química (-35%) y papel (-26%).
En previsión de un trasvase industrial del gas al petróleo, la Agencia Internacional de la Energía ha incrementado este jueves sus previsiones de consumo de gasolina para este año, una evidencia más de que la crisis energética contribuirá a aumentar las emisiones de CO₂, ya que las energías renovables no pueden implementarse a corto plazo para sustituir al gas natural.
