PSOE y Más Madrid intentan evitar que se archive otra vez la causa por la segunda estafa al equipo de Almeida
Las acusaciones personadas en la investigación sobre la supuesta segunda gran estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia mueven ficha para evitar que la causa muera. En las últimas semanas, tanto PSOE como Más Madrid han registrado varios escritos en sede judicial orientados a que se continúe indagando en la operación de compra de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros que el consistorio cerró durante la primera ola con la consultora Sinclair&Wilde. En concreto, solicitan más documentación que pueda existir sobre el contrato y la práctica de testificales, además de aportar al juez una posible vía para localizar de una vez por todas al empresario que se esconde tras la firma contratista, Philippe Haim Solomon. Lo hacen ante la falta de avances en la investigación, una parálisis que temen que pueda terminar desembocando en un nuevo archivo de la causa, el segundo desde que el asunto se puso en manos de la justicia.
Tras casi un año cerrado, el caso fue reabierto a comienzos de junio al disponer de nuevos hilos de los que tirar. Entonces, el juez instructor solicitó al ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida que aportase "toda la documentación" relativa a la contratación de la partida de mascarillas, incluyendo "correos electrónicos o comunicaciones similares" intercambiadas "en la gestación de la operación, negociación, concreción o reclamaciones ulteriores", así como el "contrato formalizado" o las labores de control que se realizaron en el marco de la compra de un material sanitario que nunca pudo ser usado. Y a la Policía Judicial que informase, a través de los "distintos instrumentos de cooperación policial", del "paradero y completa identidad" de Solomon, al que infoLibre consiguió localizar poco antes de la reapertura de la causa.
El Ayuntamiento de Madrid aportó el expediente relativo a la contratación apenas unos días después, una quincena de páginas que, con la excepción de una carta en la que se desvelaba la existencia de otra empresa en la operación, no aportaba nada nuevo a lo ya conocido a través del llamado caso mascarillas –de hecho, fue esta investigación la que reveló la existencia de la segunda estafa–. Y esa fue, justamente, la última novedad que tuvieron de la investigación las partes personadas. Desde entonces, se quejan de que el juez no da respuesta a las peticiones que hacen las acusaciones populares. En Podemos, sin ir más lejos, explican a este diario que aún están a la espera de que el instructor decida si requiere al consistorio de la capital para que aporte toda la información que no incluyó en su primera respuesta, algo que solicitaron antes del verano.
Notas, borradores y comunicaciones
La falta de noticias hace a las acusaciones sospechar de que la investigación haya entrado de nuevo en punto muerto, lo que puede acabar derivando en otro sobreseimiento. De ahí que hayan decidido maniobrar para tratar de mantener viva la causa. A finales de septiembre, Más Madrid envió al juez dos escritos. En el primero solicitaron que se requiera al consistorio y a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF), a través de la que se adjudicaban los contratos durante la primera ola de la pandemia, copia de las "notas, borradores, resúmenes y comunicaciones por cualquier medio" que consten en relación con el expediente administrativo o la carta de encargo. En el segundo, que se tome declaración como testigo a Araceli Vida, la administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría SL.
La testifical de la empresaria se considera "fundamental para un completo esclarecimiento de los hechos". Es una de las piezas clave. La empresaria fue quien hizo de intermediaria entre Sinclair&Wilde y el consistorio de la capital, si bien participó también en otra veintena de contratos. Su nombre llegó a dependencias municipales a través del abogado Carlos Fernández-Pita González. El 21 de marzo de 2020, el letrado reenvió un correo a Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que la administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría SL se presentaba y ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" entre las fábricas con las que trabajaba. Un mail que el concejal reenvió posteriormente a la presidenta de la funeraria municipal, Inmaculada Sanz Otero.
Una vía para dar con Solomon
Casi cuatro meses después de que el juez ordenase la localización de Solomon, las partes personadas no saben absolutamente nada del estado de los trabajos de búsqueda. De hecho, temen que sea justo eso, la imposibilidad de informar sobre el paradero del tipo, lo que lleve el caso a un punto muerto y, de ahí, al archivo. Eso fue justamente lo que ocurrió en julio de 2021, cuando se decretó por primera vez el sobreseimiento provisional de las actuaciones "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero del presunto autor de los hechos". Un archivo que no se revirtió hasta que las autoridades estadounidenses avisaron a las españolas de que el empresario que se encontraba tras Sinclair&Wilde utilizaba "habitualmente otra identidad" y que tenía su residencia en Reino Unido, igual que la de su empresa.
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Un segundo carpetazo es lo que pretende evitar el PSOE. Y, para ello, ha puesto sobre la mesa del juez ha puesto sobre la mesa del instructor una posible vía para comunicarse con el investigado de la que no se tenía constancia hasta el momento en el procedimiento, según confirman a infoLibre fuentes de esta acusación popular. El objetivo es que, de no haberse utilizado este posible medio para localizar a Solomon, el juez pueda recurrir a esta vía que han encontrado para "llevar a cabo la citación" del empresario como investigado en el procedimiento. "Esta parte no tiene constancia de que, tras las diversas gestiones que han podido llevarse a cabo tras lo acordado en junio, haya podido ser localizado", apuntan desde la representación de los socialistas.
Estafa de 2,5 millones
El contrato para la adquisición del medio millón de mascarillas fue adjudicado a Sinclair&Wilde el 23 de marzo de 2020. Ese mismo día se hizo el pago de la mitad: 1,25 millones de euros desde Bankinter con destino al Bank of America. Aquel primer abono se intentó revertir porque se habían detectado "determinadas irregularidades" en relación al cumplimiento del contrato. A pesar de dichos problemas, días después se realizó una segunda transferencia por los 1,258 millones que faltaban. Por aquel entonces, la mercancía aún no había llegado a la capital. Lo hizo, según la documentación que consta en el sumario, a finales de abril. Sin embargo, nunca pudo dotarse con esas mascarillas a los Servicios de Emergencias y Protección Civil. Tras un análisis, se concluyó que existían "indicios" para presuponer que el material recibido no se ajustaba "a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea".
A finales de abril, infoLibre consiguió hablar con el consultor. Solomon defendió en todo momento la legalidad de la transacción. "Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", apuntó a este diario, al tiempo que aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados". "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el consultor, quien afirmó que no se encuentra "escondido" y quien sostuvo que nadie le ha enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta.
