Una fiscalía dividida y una sala superior conservadora dificultan la vuelta de los peces gordos a 'Púnica'
La investigación sobre la caja B del PP de la Comunidad de Madrid, enmarcada en la novena pieza del caso Púnica, acumuló durante años decenas de imputados. Algunos apenas eran nombres conocidos. Otros, sin embargo, lo eran sobradamente como pesos pesados a nivel político y empresarial. Pero, al final, la extensa lista ha quedado en nada. Acabada la instrucción, nueve de cada diez investigados han logrado librarse del banquillo. Y los que han sido procesados no eran, en la mayoría de los casos, más que segundas o terceras espadas. Cargos intermedios que se han quejado amargamente en la última semana de un tratamiento "injusto y discriminatorio" respecto al de sus superiores, cuyo regreso a Púnica se torna especialmente complicado ante la posición adoptada recientemente por el Ministerio Público y el corte conservador de la sala que podría decidir si tienen que volver a la causa.
El auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dejó fuera del caso a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. Lo hizo argumentando que el delito electoral estaría prescrito en ambos casos y que no había pruebas, a pesar de los indicios que les señalaban, de que los dos mandamases conocieran o participaran en las diferentes irregularidades detectadas. Además, decretó el sobreseimiento libre para los exconsejeros Manuel Lamela, al que se señaló como ideólogo de la "cláusula del 1%" para el "desvío de ingentes fondos de las arcas públicas", Salvador Victoria o Juan José Güemes. De nuevo, la prescripción, la falta de indicios o la imposibilidad de reproche penal alrededor de determinados hechos fueron los argumentos del instructor.
Los procesados no entienden por qué para los peces gordos no se considera delito lo que para ellos sí. Así lo expresó la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, quien consideró "injusto, parcial y discriminatorio" hacer pivotar la financiación del PP sobre una "periodista" que "no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión" a los que se archiva el proceso "con desiguales argumentos". Una "contradicción" que también expuso el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero regional Francisco Granados. En los recursos, ninguno de ellos solicita que se vuelva a meter a los expresidentes y exconsejeros en la causa. Más bien, se apoyan en la salvación de los pesos pesados para intentar librarse ellos también del banquillo de los acusados.
Quien sí parece interesada en pelear el regreso de Aguirre, González y otros tantos investigados es la acusación popular, que en esta causa ejerce el PSOE. Pero están solos. La Fiscalía Anticorrupción no va a intentar forzar una vuelta de los dos expresidentes a Púnica. Y no lo va a hacer, fundamentalmente, porque fue ella misma la que pidió al magistrado en verano que se sobreseyera la causa contra ambos. Una decisión que, no obstante, generó fuertes tensiones entre los fiscales del caso. El escrito, del que ha bebido García Castellón para decretar los sobreseimientos, solo fue firmado por Alejandro Cabaleiro, que se sumó a la investigación hace solo dos meses. María Teresa Gálvez y Carmen García, que han estado en el caso desde su origen, se negaron a rubricarlo por discrepar con el criterio de prescripción o las conclusiones relativas a Ignacio González.
El magistrado de la Audiencia Nacional, de hecho, ha seguido el criterio del Ministerio Público para la mayor parte de los investigados. Sólo se ha separado de la línea marcada en dos casos. El primero es el del exconsejero de Justicia Salvador Victoria. Anticorrupción lo consideraba "beneficiario, impulsor y solucionador" de las contrataciones con el empresario Alejandro de Pedro, algo que García Castellón rechaza: "Las relaciones entre el PP de la Comunidad de Madrid y Alejandro de Pedro se instrumentalizaron a través de los responsables de comunicación, sin que haya quedado acreditado que Victoria tuviera competencia alguna". El segundo es el de la empresaria María Luisa de Madariaga: "No resulta debidamente justificada la comisión de los delitos que se le atribuyen". Estos dos nombres serían, por tanto, los únicos que podría pelear el Ministerio Público en base al informe del pasado verano.
La acusación popular es, por tanto, la única ahora mismo que puede intentar forzar el regreso de los peces gordos a la causa. Por el momento, el único paso dado ha sido la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de procesamiento. Un escrito en el que defienden que los hechos relativos a los comicios anteriores a 2011, los únicos contra los que el magistrado vio posible proceder, no pueden considerarse prescritos. De ahí que soliciten que se aplique "el instituto del sobreseimiento de conformidad con la jurisprudencia aportada" y, por tanto, se dicte un nuevo auto en el que se incluyan de nuevo a los que se habían librado del banquillo en base a la prescripción, entre ellos los expresidentes regionales. Una interpretación que, de admitirse, pondría en aprietos a decenas de investigados.
Una sección de mayoría conservadora
Los procesados en 'Púnica' se agarran a la salvación de los peces gordos para intentar evitar el banquillo
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Será el propio magistrado García Castellón el encargado de resolver la petición de reforma. En caso de no prosperar, el asunto llegará en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En concreto, según explican fuentes del órgano judicial, lo revisará la Sección Cuarta, que es quien se hace cargo de los recursos relacionados con Púnica. La misma está compuesta, según las mismas fuentes, por media docena de magistrados: Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel, Ángela Murillo, Teresa Palacios, Fermín Echarri y Joaquín Delgado. "De todos ellos, lo resuelven tres", concluyen las mismas fuentes. Un grupo de magistrados que, en su mayoría, están considerados parte del sector conservador de la magistratura. De hecho, solo a Carmen Paloma González se la ha asociado con el ala progresista de la carrera.
Palacios, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue una de las candidatas a suceder a Fernando Grande-Marlaska al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un puesto que ahora mismo se encuentra vacante. Martel y Echarri, por su parte, formaron parte del núcleo duro que se opuso a que se apartase a Enrique López y Concepción Espejel de los juicios vinculados a Gürtel por su cercanía con el PP. Y Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia durante la etapa de José María Michavila y director general con Rafael Catalá al frente de la misma cartera, un pasado por el que ya ha sido apartado del tribunal que juzgará al expresidente valenciano Francisco Camps en el marco de una de las piezas de Gürtel y que, con toda probabilidad, también lo mantendrá alejado del recurso de apelación del PSOE.
A pesar de ello, desde la acusación popular confían, llegados al caso, en poder imponer su criterio respecto a las prescripciones. De hecho, ya lo consiguieron en otras ocasiones. Así, ponen como ejemplo cuando la Sección Cuarta obligó a investigar, en el marco de Púnica, el pelotazo urbanístico en Valdemoro (Madrid) previo a 2004. García Castellón había rechazado practicar diligencias relativas a ese periodo al considerar que los hechos habían prescrito. Pero la Sala de lo Penal le obligó a hacerlo. En un auto, los magistrados Martel, Palacios y González defendieron que los hechos no podían considerarse prescritos "habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". Entonces, Anticorrupción empujaba en esa misma dirección.
