Los procesados en 'Púnica' se agarran a la salvación de los peces gordos para intentar evitar el banquillo
Los procesados de la novena pieza del caso Púnica, centrada en el supuesto uso de una caja B en el PP madrileño para financiar campañas electorales y en el encargo de trabajos de reputación online para mejorar la imagen de cargos públicos de la formación conservadora, tratan a la desesperada de librarse del banquillo de los acusados. Y lo hacen, en buena parte de los casos, agarrándose a la exoneración dictada por el instructor, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para los peces gordos del caso. En diferentes escritos registrados en las últimas horas, a los que ha tenido acceso infoLibre, los procesados tratan, entre otras cosas, de jugar la baza de la desigualdad de condiciones respecto de aquellos máximos responsables políticos –desde expresidentes hasta exconsejeros– que finalmente han salido de la causa limpios de polvo y paja. Una estrategia que se resume en una simple pregunta: ¿por qué lo que en un caso no se considera delito en otro sí que tiene encaje?
El experto informático Alejandro de Pedro, considerado conseguidor de la trama, es uno de los que trata de explotar esta vía. El juez instructor decidió, a mediados de octubre, continuar las actuaciones contra él por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación. En el auto de procesamiento, García Castellón sostiene que "existen indicios suficientes para afirmar" que el empresario "se concertó con los responsables políticos" de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo trabajos de reputación online que mejorasen la imagen en Internet de los principales dirigentes del Gobierno regional, "sin contratación formal y a sabiendas de que iban a destinar recursos públicos para su pago". Y que, además, accedió a que "empresas adjudicatarias de contratos públicos" le abonasen dinero "en metálico" para saldar la deuda que la Administración había contraído con él por dichos trabajos.
Pero la defensa de De Pedro exige el sobreseimiento. En su recurso de reforma y subsidiario de apelación, el empresario pone el foco, por un lado, en el caso de Lucía Figar. La exconsejera de Educación ha sido investigada en la causa por los encargos que su departamento hizo a las empresas del informático. Sin embargo, García Castellón ha decidido librarla del banquillo al considerar que no ha quedado acreditado que los "servicios contratados" tuvieran "un carácter exclusivamente laudatorio" de la figura de Figar. Y es a eso a lo que se agarra el abogado del informático, que expone en el escrito que "todas las conclusiones" a las que el instructor se refiere en relación a la exconsejera de Educación "son miméticamente aplicables" en lo relativo a las relaciones de Alejandro de Pedro y sus empresas con la Comunidad de Madrid.
El pago de 10.000 euros
Una estrategia similar sigue el empresario en relación a la supuesta entrega de 10.000 euros que le habría hecho un trabajador de Indra, Santiago Roura, y de la que siempre se sospechó que pudiera ser parte del pago de la deuda que la Comunidad de Madrid mantenía con De Pedro. Por ese dinero estuvieron imputados tanto quien fuera consejero delegado de la empresa, Javier de Andrés, como el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, a quien se acusaba de haber ordenado el abono a la multinacional –adjudicataria multimillonaria–. Pero el instructor les ha librado alegando que no hay ningún indicio sólido de esas órdenes y que esos pagos no generan "responsabilidad penal" al quedar desligados "de una adjudicación ilegal". "Por lo expuesto si pagar con el dinero de un tercero ajeno a la administración no es típico, recibir dinero de ese tercero ajeno a esa administración también es atípico", se defiende en base a esto De Pedro.
Quien sí está a un paso del banquillo, igual que el empresario, es el ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. El instructor ha decidido procesarlo por "su grado de conocimiento y participación" en los hechos relativos a la contratación de De Pedro o "la búsqueda y colaboración de las vías para favorecer los pagos al mismo", en relación a las gestiones realizadas alrededor del pago anteriormente mencionado. Pero la defensa trata de quitar valor a esa parte de la investigación. Primero, por la "intrascendencia penal de los pagos" al estar "desligados de una actividad ilegal". Y segundo porque, como se mantiene con Victoria, no hay "comportamientos" que permitan "sostener su intervención en la realización de pagos en efectivo". Además, la representación argumenta que el resto de hechos que lo sitúan bajo la lupa ya están investigados en otra pieza.
"Contradicción"
Los escritos del considerado conseguidor de la Púnica y del ex consejero delegado de la agencia pública siguen la estela de los presentados en las últimas horas por otros dos de los ocho procesados. Se trata de Isabel Gallego, ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, y Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero regional. En estos dos casos, los recursos presentados apuntan más alto en el organigrama, llegando a señalar directamente a los expresidentes. "No puede tenerse por bueno que se le achaque a la Dirección General de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal", recordaba Gallego en su recurso.
La periodista ponía el foco en su escrito de defensa en los trabajos de reputación online que se hicieron para los dos expresidentes regionales. Y se agarraba, de nuevo, a la exoneración de Lucía Figar. "Si para la que fuera consejera de Educación no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada", apuntaba la representación de Gallego. Es decir, la exdirectora se quejaba de que se considerase "delictivo" para ella lo que para otros era tratado como "lícito". Y, por supuesto, recordaba que por encima suya existían "numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión".
En una línea similar se pronunció el propio Granados, a quien se atribuye un delito electoral por los comicios de 2011. En su recurso, la defensa del exdirigente calificaba de "contradicción" que García Castellón no archivase las actuaciones para su cliente pero sí para "la mayoría de investigados", incluyendo aquellos "que por rango en el partido y en las propias instituciones" estaban "en plano muy superior" a él. Así, resaltaba que "los dos máximos interesados" en ganar las elecciones de 2011 eran los expresidentes madrileños, justo los "beneficiados sobreseídos como personas de rango superior". "¿Por qué el argumento utilizado para la señora Aguirre o el señor González de desconocimiento a cómo se contrataron y pagaron esos trabajos no es válido para el señor Granados?", cuestionaba el ex número dos de los conservadores madrileños en relación con los trabajos de reputación online.
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Tras varios años siendo investigados en la novena pieza de Púnica, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decretó hace poco más de una semana el sobreseimiento respecto de ambos expresidentes. Un carpetazo que, en el caso de Aguirre, el magistrado dio desechando los indicios que en su momento le llevaron a citarla como investigada. Así, García Castellón sostuvo que la exdirigente conservadora no sabía nada del uso en la trama de financiación de Fundescam, a pesar de que había presidido dicha fundación y figuraba como autorizada para el manejo de fondos en la cuenta bancaria de la misma.
El juez llega a esta conclusión en base a una llamada captada entre la expresidenta regional e Ignacio González en la que la dirigente conservadora afirma: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado". Aquella conversación fue intervenida, además, a comienzos de marzo de 2017, cuando quedaba poco para la detención de un González que ya entonces se sentía vigilado. A pesar de ello, el juez, al igual que el Ministerio Público, pone el audio como elemento exculpatorio. Para ambos, "la aseveración" que realiza la expresidenta "descartando" que Fundescam fuese "instrumento" para la financiación es un "indicio sólido" de que Aguirre no sabía nada.
El auto de pase a procedimiento abreviado de García Castellón evita, además, hacer mención a la famosa reunión celebrada a principios de 2004 en la que se habrían "dado las instrucciones" a los consejeros madrileños para que se contara con Daniel Horacio Mercado y con su sociedad Over Marketing para llevar a cabo las contrataciones en materia de publicidad y comunicación. Al menos dos investigados han situado en aquel encuentro, considerado punto de arranque de las irregularidades, a la propia Aguirre, de la que, según el instructor, no se ha acreditado que tuviera conocimiento ni de "la contratación" de los "trabajos" de reputación online ni de su "desarrollo" o la manera de abonarlos.
