La izquierda se prepara para blindar el derecho a la protesta en la reforma de la sedición
La izquierda buscará finalmente blindar la protesta social en la reforma del delito de sedición. Tanto Unidas Podemos como Más País ya han tomado la decisión de enmendar la proposición de Ley registrada hace un mes en el Congreso de los Diputados para intentar evitar que las modificaciones planteadas en el Código Penal puedan terminar convirtiéndose en un arma de doble filo que acabe por criminalizar todavía más los actos de protesta pacífica. Retoques en los que también se trabaja desde las filas socialistas. Los diferentes grupos tienen hasta este viernes para registrar en la Cámara Baja sus enmiendas a una reforma penal que se espera que esté lista antes de que finalice el año y que borrará de un plumazo el delito de sedición.
Desde que se presentó la proposición de Ley hace casi un mes, algunas formaciones políticas y colectivos habían mostrado su preocupación por si los cambios planteados podían terminar laminando de alguna manera el derecho de reunión y manifestación. Cuarenta entidades firmaron la pasada semana un manifiesto resaltando que la propuesta generaba "graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta, dejando en manos de los tribunales la interpretación y aplicación de conceptos jurídicos demasiado ambiguos". También colectivos como Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por la falta de "precisión" en la redacción del articulado.
El tipo básico que consta en la reforma del delito de desórdenes públicos, donde ahora se pretenden meter todos aquellos hechos que pudieran tener encaje en la vieja sedición, no se ha movido ni un ápice en relación al castigo: de seis meses a tres años. Ahora bien, sí que ha variado respecto a su redacción. En la actualidad, se reserva para quienes "alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo". La reforma, sin embargo, vincula el tipo no solo a "actos de violencia", sino también de "intimidación". E incluye, dentro de estos, también la obstaculización de las vías públicas "ocasionando un peligro grave para la vida o salud de las personas" o la invasión de "instalaciones o edificios", dos cuestiones que no figuran en el articulado actual. Todo ello, en un intento de "atentar contra la paz pública".
Algunos juristas no creen que la nueva redacción vaya a suponer un problema. Al fin y al cabo, seguirían sin tener encaje en este tipo delictivo cualquier acto de desobediencia civil –es pacífico por naturaleza– o manifestación, siempre que se desarrolle en un clima de tranquilidad. Sin embargo, tras estudiar el texto, desde Unidas Podemos han decidido que introducirán enmiendas para intentar tapar cualquier agujero y blindar todo lo posible la protesta social en la reforma. Así lo confirman a este diario fuentes parlamentarias, que explican que se están ultimando los cambios que se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados. Modificaciones de las que, por el momento, evitan dar detalles.
En el grupo confederal no se cierra la puerta a la posibilidad de ir de la mano de sus socios de Gobierno en este tema. "Si el PSOE está de acuerdo, no creo que hubiera ningún problema en firmarla conjuntamente", se limitan a decir. En las filas socialistas, tal y como señaló el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también están trabajando en algunos cambios al texto a fin de dejar fuera del delito de desórdenes públicos las movilizaciones sindicales, sobre todo en lo relativo a los piquetes en una huelga. Un anuncio que llegó después de que los principales sindicatos alertaran también de los riesgos que los cambios planteados podían tener para la actividad sindical.
Solo en casos de violencia grave
Quien ya ha puesto sobre la mesa del Congreso sus enmiendas en este sentido ha sido Más País. Según ha desvelado Europa Press, los de Íñigo Errejón plantean, entre otras cuestiones, que la pena de seis meses a tres años por desórdenes públicos sólo pueda ser impuesta en los casos de violencia grave o certificable sobre las personas o las cosas o cuando se invadan instalaciones o edificios pero ocasionando "un peligro grave para la vida o la salud de las personas".
Del mismo modo, se plantea la eliminación del artículo vinculado a la ocupación de sedes, algo que se introdujo en la reforma penal de 2015 y contra el que piden actuar colectivos como Amnistía Internacional. Se hace al considerar que "penaliza los actos no violentos y atenta contra derechos fundamentales de protesta, reunión y manifestación".
PSOE y ERC negocian la malversación
¿Puede la reforma del delito de sedición criminalizar aún más la protesta social?
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Más allá de lo relativo a los desórdenes públicos, el otro punto clave del proceso de enmiendas estará en la malversación. El pasado martes, el Gobierno abrió la puerta a estudiar la introducción de retoques en este tipo penal, que mantiene atados a los líderes del procés porque fueron condenados por sedición en concurso con malversación. Eso sí, siempre y cuando la propuesta que ponga sobre la mesa ERC no resulte beneficiosa en los casos de corrupción.
Los republicanos se plantean regresar a la modalidad de este delito previa a la reforma del Código Penal impulsada por el PP en 2015, en la que se diferenciaba una malversación apropiatoria, con ánimo de lucro, de una malversación de uso. En principio, la enmienda buscaría añadir un nuevo artículo para castigar a quien emplee el dinero público para "usos ajenos a la función pública" con entre seis meses y tres años de cárcel.
Pero aún no está nada cerrado. A última hora de este jueves, socialistas y ERC seguían negociando. El PSOE busca corregir la enmienda republicana para evitar que políticos condenados por corrupción puedan terminar beneficiándose de los cambios normativos, según recoge el diario El País.
