infoLibre protagoniza una campaña internacional de Reporteros sin Fronteras contra las 'demandas mordaza'
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha instado al Gobierno de España a adoptar las medidas recomendadas por la Comisión Europea para luchar contra las denominadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP) y, de esta manera, frenar el uso abusivo de lo que califica como “demandas mordaza”. infoLibre es uno de los ejemplos que pone RSF como víctimas de esa práctica. La Justicia dio carpetazo en julio de este año a la denuncia interpuesta contra nuestro medio por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ahora diputado del PP Teodoro García Egea (entonces, secretario general) a raíz de la exclusiva publicada sobre la mediación del primero en la operación quirúrgica de un familiar del segundo.
Ambos dirigentes denunciaban un delito de revelación de secretos, que podía conllevar hasta cinco años de prisión. “En la mayoría de los casos de SLAPP contra medios y periodistas en España, el objetivo final es la intimidación en lugar del encarcelamiento”, se señala desde la organización de periodistas. Y es que el principal objetivo de estas acusaciones “es silenciar, asustar y promover la autocensura. Esto erosiona los recursos humanos, económicos e incluso psicológicos de los periodistas atacados”, se subraya desde RSF.
Uno de los casos más recientes de "demandas mordaza" también lo protagoniza infoLibre, destaca la organización de periodistas. Es la denuncia presentada por Francisco Serrano, excandidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Vox. El político acusó a un redactor de infoLibre, Ángel Munárriz, de “divulgar información confidencial” por publicar las denuncias de fraude en subvenciones públicas valoradas en más de dos millones de euros. Tras la publicación de estas informaciones, la Justicia abrió una causa penal contra Serrano y otras tres personas por sospecha de fraude.
El Confidencial es otro de los medios digitales objeto de estas demandas intimidatorias. En este caso por los aproximadamente 50 artículos que publicó entre 2019 y 2021 sobre Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien presuntamente colaboró con el excomisario de policía José Manuel Villarejo en el espionaje de políticos y empresarios. Este caso se encuentra en la Audiencia Nacional y se solicita una indemnización de 17,5 millones al diario por parte de Iberdrola, acusándoles de haber cometido un presunto atentado contra el honor.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para luchar contra las SLAPP que incluye una serie de recomendaciones para garantizar que los periodistas puedan continuar investigando sobre empresarios y políticos que recurren a estas demandas para intentar silenciarlos. Las recomendaciones incluyen medidas preventivas que permiten desestimar rápidamente este tipo de demandas abusivas, y medidas punitivas para sancionar a quienes presenten SLAPP y disuadir a otros de recurrir a ellas. España ocupa el puesto 32 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2022 de RSF.
