Choque total en Castilla y León: Vox amaga con revisar el pacto de Gobierno y Feijóo descarta cambiar el protocolo

El desacuerdo entre PP y Vox a cuenta del protocolo contra el aborto que el vicepresidente de Castilla y León anunció en rueda de prensa oficial el pasado jueves es completo. Los ultras sostienen que los cambios en la atención que reciben las mujeres que quieren abortar, para ofrecerles escuchar el latido y ver imágenes en movimiento del feto, fueron pactados con sus socios del PP en la Junta. El Partido Popular, incluido el presidente de la comunidad afectada, Alfonso Fernández Mañueco, que es quien pactó la presencia de Vox en el gobierno regional, dicen que no es así y que no aceptarán ninguna medida como las que propone la ultraderecha, que consideran una coacción a las mujeres que desean poner fin a su embarazo.

El resultado es un enfrentamiento que no sólo tiene en vilo el futuro de la Junta de Castilla y León, la primera experiencia de coalición PP-Vox, sino que pone en cuestión la viabilidad y la cohesión de los acuerdos de gobierno que las dos formaciones planean llevar a cabo en otras comunidades y en ayuntamientos de toda España a partir de mayo. A la vez que plantea serias dudas sobre la estabilidad de una coalición de gobierno PP-Vox para gobernar el país si la derecha tiene mayoría a partir de diciembre.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció por fin este martes. Lo hizo en una entrevista en Telemadrid en la que no dejó lugar a dudas: el Gobierno de Castilla y León “no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada”. Como todos los gobiernos, añadió, “no puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpirlo cuando está en los supuestos que la ley señala”.

El que “manda” en una comunidad es su presidente y una vez que este habla, señaló en referencia a Mañueco, lo demás “se convierte en un mero comentario o tertulia”. “Los demás no tienen competencias para hablar de esto”.

Vox “se equivoca”

Vox, añadió en respuesta a una de las preguntas, “se equivoca profundamente” con lo que está haciendo. “Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a la ley vigente. No hay ningún Gobierno del PP que coaccione a nadie, ni hay nada ni nadie, ni un médico y mucho menos un político, que pueda interferir” cuando una mujer quiere abortar.

La respuesta de Feijóo deja la pelota en el tejado de Vox, cuyos dirigentes especularon este martes con las consecuencias que tendrá que el PP incumpla el acuerdo anunciado el pasado jueves para poner en marcha un nuevo protocolo que presione a las mujeres que deseen abortar mostrándoles el latido e imágenes del feto.

El secretario general del partido, Ignacio Garriga, anunció que Vox revisará “si seguir o no” en la Junta de Castilla y León, pero el portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, evitó hablar de la posibilidad de abandonar el gobierno autonómico, el único del que forman parte en estos momentos. Revisar el pacto, precisó, no significa necesariamente romper el Gobierno.

De momento no hay evidencia alguna de que Vox se haya salido con la suya. Nadie ha visto el protocolo anunciado y ningún médico ni sanitario lo ha recibido. De confirmarse que no habrá ningún cambio, los ultras tendrán que decidir cómo reaccionan ante el supuesto incumplimiento del acuerdo por parte de Mañueco.

La situación en la Junta de Castilla y León, en todo caso, es muy comprometida. El presidente Mañueco y su vicepresidente de Vox no se hablan desde hace varios días, pero esta semana tendrán que volver a verse en la reunión semanal de gobierno.

El aborto es, y amenaza con seguir siendo, un asunto sobre el que ahora mismo Vox y PP mantienen posiciones opuestas e irreconciliables. Los de Santiago Abascal defienden la derogación de este derecho, mientras que el PP se muestra a favor de mantener la ley actual y sólo discrepan del Gobierno PSOE-Unidas Podemos en que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan interrumpir sus embarazos sin permiso de sus padres.

Feijóo lo reafirmó una vez más en Telemadrid. Su propuesta es volver al sistema anterior, en el que en caso de discrepancia entre la menor y sus padres decidía un juez, a menos que la mujer quisiera proseguir con el embarazo. En ese caso, el PP sí quiere que la decisión sea sólo suya. Pero sin tocar los plazos.

La culpa, de Sánchez

Lo que el líder del PP no aclaró es si Mañueco aceptó el protocolo de Vox y cambió de opinión posteriormente a la vista de las consecuencias legales de esta decisión, que el Gobierno de España se ha apresurado a denunciar. En vez de eso prefirió culpar precisamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por oponerse al anuncio de la Junta de Castilla y León.

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Lo que ha hecho Sánchez, dijo, pasando por alto que el origen de la polémica es un acuerdo del Gobierno que preside el PP en Castilla y León, ha sido “montar un ruido” con un “requerimiento gaseoso” contra una medida que, subrayó, no existe, pese al anuncio oficial de la Junta. Es “un acto o una resolución que no se ha producido”. 

Pese a que el anuncio fue realizado por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), en rueda de prensa oficial y en presencia de otro consejero, esta vez del PP, que no le contradijo en ningún momento, Feijóo sostiene que se trata una “supuesta noticia”, de un mero “comentario en una rueda de prensa”.

“Estamos ante un burdo intento de manipulación de un Gobierno que ha pasado a la historia de España por desproteger a las mujeres con esa frívola y chapuza ley del solo sí es sí”, zanjó el líder del PP.