Igualdad dicta medidas extraordinarias de protección a víctimas afectadas por las rebajas del 'solo sí es sí'

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dio la orden, en diciembre de 2022, de permitir la instalación de dispositivos de control telemático en un plazo de 24 horas para las víctimas afectadas por las rebajas de penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Así lo ha anunciado la propia delegada, Victoria Rosell, este martes en el marco de la presentación de la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025, acompañada por la ministra Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

La orden, dirigida a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), proponía que toda víctima cuyo agresor se hubiera beneficiado de la ley podría solicitar la instalación de dispositivos de control, las conocidas pulseras que comenzaron a implantarse en 2009. "Di la instrucción en diciembre ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas, unos meses antes de la previsión de libertad, de que se atiendan en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas", ha explicado la delegada.

Una vez organizado con el Centro de Control COMETA, encargado de monotorizar y gestionar el sistema de seguimiento, la delegada se comunicó con el Ministerio Público, que ya ha informado a todas las fiscalías, y con el CGPJ. Este último no se ha pronunciado todavía al respecto, puesto que ninguna de las mujeres afectadas ha solicitado la medida.

Actualmente existen 4.296 dispositivos telemáticos, 3.015 de ellos en funcionamiento a finales de 2022. En 2023, según ha informado Rosell, se va a "licitar un nuevo contrato para que se incluyan todas las formas de violencia", dado que a día de hoy el sistema está únicamente a disposición de las víctimas de violencia machista en el seno de la pareja o expareja. Esta medida estará en vigor a partir de febrero de 2024, pero la orden dictada por la Delegación del Gobierno para este momento extraordinario supone un paso en la dirección en la que pretende caminar el Ministerio de Igualdad.

Además, siguiendo la misma lógica, también se ha ordenado que el Servicio Télefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) atienda de forma extraordinaria a las víctimas afectadas por las rebajas de penas. ATENPRO tiene actualmente más de 17.000 usuarias activas y a finales de año prevé extender sus servicios a todas las víctimas de violencia machista, incluida la violencia sexual. "Las ampliaciones de competencias y servicios son grandes, hemos dado los pasos con toda la prisa que hemos podido", ha subrayado Rosell.

Una estrategia contras todas las violencias

La Estrategia presentada este martes nace con la intención de ser un "manual de instrucciones" que ordena las políticas públicas ya existentes contra la violencia machista y "las hace coherentes", en palabras de Irene Montero. Entre sus tareas, el documento atribuye "competencias específicas a cada administración" y diseña una "hoja de ruta para todas las instituciones", ha completado Ángela Rodríguez.

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El plan está vertebrado por cuatro ejes y se compone de 267 medidas. El primer gran pilar tiene que ver con la actualización y consolidicación del marco de responsabilidades de los poderes públicos; el segundo incluye medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia; el tercero aborda la protección, seguridad, atención y reparación integral y el cuarto eje está cimentado sobre una respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garandía de los derechos. La Estrategia está acompañada por un presupuesto de 2.308 millones de euros.

"Nunca será suficiente todo el trabajo que hagamos hasta que no lleguemos siempre a tiempo", ha recalcado la ministra, en relación al repunte de feminicidios registrado en diciembre y enero. En ese sentido, ha apostado por "saber qué está pasando en cada caso" y reforzar las medidas de acompañamiento para evitar que la ruptura con la violencia se convierta en "un laberinto burocrático" que aleja a las víctimas de las instituciones.

En cualquier caso, y ligado también al pulso al derecho al aborto protagonizado esta semana por la Junta de Castilla y León, la ministra ha apostado por blindar dos pilares: la educación y la prevención. "No vamos a acabar con las violencias si no somos capaces de avanzar en derechos", ha zanjado, "no basta con frenar a los reaccionarios, tenemos que avanzar en derechos".