La turistificación del alquiler: de 800 euros por 79 metros cuadrados a 2.700 por la mitad de espacio

“No éramos un bloque de vecinos más. Se cargaron una auténtica comunidad”, lamenta Eva. Fue inquilina del bautizado como Bloque Arganzuela, un edificio ubicado cerca de la madrileña glorieta de Embajadores que albergaba a 25 familias de alquiler. En 2017, una gestora de activos inmobiliarios compró el edificio entero, expulsó a todos los vecinos, troceó las 25 viviendas hasta convertirlas en 45 y ahora las ha puesto en alquiler al triple de precio. Los anuncios han indignado a los antiguos inquilinos: “Éramos muy felices, por eso nos fastidió tanto lo que pasó”. 

Bloque Arganzuela es un edificio ubicado en el distrito madrileño que lleva su nombre, en el número 18 de la madrileña calle Fray de León. Fue construido en 1927, albergaba 25 viviendas de entre 65 y 100 metros cuadrados. Todo un diamante en bruto para un fondo de inversión: un edificio antiguo, bien conectado con el centro de Madrid, que con unas pocas reformas puede casi duplicar las viviendas que alberga y multiplicar su valor. 

El edificio fue adquirido por Urbania, una empresa de gestión de activos inmobiliarios. Ha sido de su propiedad apenas seis años, el tiempo justo para expulsar a los vecinos, reformarlo y triplicar el precio de sus alquileres. Finalmente, a finales de enero lo ha vendido. El valor de las operaciones de compra y de venta no es conocido.

Una comunidad “modélica”

Los tres inquilinos que han contado su historia a infoLibre entraron en Bloque Arganzuela referenciados por otras personas. Alberto vivía en el tercero; Magdalena, en el cuarto; y Eva, en el quinto. Tienen hoy entre 42 y 52 años. “Fui de las primeras que llegué, entre 2005 y 2006. Cada vez que se quedaba alguna vivienda vacía, llamábamos a algún conocido para que se viniera a vivir aquí. Nos convertimos en una comunidad”, explica Magdalena. “Teníamos todos entre veintimuchos y cuarenta y pocos años. Entre los vecinos había dibujantes, ilustradores, periodistas… Fue bastante bonito”, relata Alberto.  

Los vecinos explican que el bloque pertenecía a dos hermanas de avanzada edad, que lo administraban a través de una gestoría. Los vecinos relatan que 6 de las 25 viviendas eran protegidas: cinco en las que vivían personas mayores con alquileres de renta antigua y una habitada por una persona que padecía una enfermedad mental: “Nos ocupábamos de acompañar a las personas mayores, que estaban encantados de que estuviéramos allí”, cuenta Alberto. 

“Había una pareja que había vivido en ese edificio toda su vida. Habían nacido ahí, se habían casado…”, recuerda Magdalena. “Cuando nos cruzábamos con nuestra vecina, que padecía esquizofrenia, y veíamos que estaba mal, llamábamos al médico”, añade. No solo cuentan que cuidaban de estas personas vulnerables: “Nos cuidábamos a los gatos cuando salíamos de Madrid, las plantas, nos recomendábamos puestos del mercado… Hacíamos vida de barrio juntos”, recuerda Eva. 

Alberto es librero; Eva, periodista y Magdalena, bióloga. Los tres convivían con sus hermanos, amigos o parejas en casas de unos 70 metros cuadrados, de dos habitaciones, exteriores, con unos alquileres mensuales de en torno a 800 euros. “Estaban muy bien… no eran muy espaciosos, porque había mucho pasillo, pero es que hemos normalizado vivir en zulos”, critica Eva. “Te da rabia que ahora te digan que tienes que vivir en 30 metros cuadrados”, añade Magdalena. Ese es el tamaño de los nuevos pisos del Bloque Arganzuela.

Oleada de burofaxes: tienen que abandonar la vivienda

Los vecinos relatan que primero murió una de las propietarias, y al cabo de poco tiempo, su hermana. El piso pasó a manos de sus sobrinos, ya que estas no tenían hijos. Estos decidieron venderlo. “Las semanas previas, nos comunicaron que iban a vender el edificio”, relata Eva. “Nos aseguraron que no nos iban a cambiar los contratos”, añade Alberto. “¡Que quizás nos iban a subir un poco el alquiler! Porque tenían planes de obras y reformas para mejorar las zonas comunes”, recuerda Eva.

El 1 de febrero de 2017, los herederos vendieron el edificio a Urbania. El 2 de febrero empezó la oleada de burofax: tenían que desalojar las viviendas. “Llegaron a todos, menos a los que estaban en viviendas protegidas. A cada uno le ponía su fecha de salida, que correspondía con el final del contrato”, recuerda Alberto. “Fue un jarro de agua fría horrible. Lo hicieron muy sucio, nos hicieron sentir allanadores de propiedad. Éramos inquilinos modélicos, todos trabajadores, todos pagábamos nuestro alquiler… Es lo típico que piensas que no te va a pasar a ti”, lamenta Eva.

A algunos les dieron cinco o seis meses, a otros un poco más. El librero fue el peor parado de sus vecinos. Su contrato se acababa de renovar automáticamente por tres años, es decir, hasta febrero de 2020. Urbania no iba a esperar tanto. “Me dijeron que tenía que salir de casa el 1 de marzo [de 2017]. Lo pasamos fatal. Muy, muy mal”, lamenta Alberto. “En ese momento, recibía un burofax amenazante y no sabía qué implicaba eso. Hoy sí sabría abordarlo. Mi pareja y yo tuvimos ansiedad. Ella necesitó ansiolíticos, yo acabé volviendo a fumar”, recuerda.

Del miedo pasaron al enfado en poco tiempo. “Pedimos que nos dejaran al menos hasta julio y nos dijeron que no. Intentaron no cobrarnos un mes, imagino que para intentar culparnos de no pagar. Pero mi abogado fue a depositar el dinero a un juzgado. En esa época estábamos emparanoiados. Nos fuimos cuatro días de vacaciones en Semana Santa y pensábamos que iban a cambiarnos la cerradura”, relata.  

Los vecinos fueron saliendo poco a poco, según se iban acabando sus contratos. Alberto y su pareja ganaron el pulso: los que tenían que salir los primeros, acabaron saliendo los últimos. Cuando la comunidad ya no existía: el 1 de marzo de 2020 salieron de Bloque Arganzuela y ya no quedaba ninguno de sus amigos en el edificio. 

Solo quedaban algunas de las viviendas protegidas. “Les dijimos que tenían nuestro apoyo. Todos buscaron asesoramiento. Se quedaron. Les dijeron de todo: que iban a hacer muchas obras, que iban a quitar los ascensores…”, critica Eva. “Intentaban presionarlos, pero no podían echarles. Tenían contratos muy antiguos, de tiempos del franquismo”, recuerda Alberto. “Nueve días después de irme del bloque, se decretó el Estado de alarma por la pandemia. Ya no podían echar a nadie”, añade el librero. 

De las seis viviendas protegidas, a cuyos arrendatarios Urbania no podía echar, Alberto recuerda que solo quedaban tres ocupadas. “Dos parejas de mayores fallecieron en esos años. La vecina que padecía una enfermedad mental se suicidó”. Según los vecinos, a los restantes Urbania les pagó una cantidad generosa para que abandonaran el bloque y se quedara, por fin, completamente vacío.

Ver tu antigua casa en Idealista, reducida a la mitad y el triple de cara

Entre febrero de 2020 y el de este año, el edificio es otro. De 25 viviendas ha pasado a tener 45. De pisos de entre 60 y 90 metros cuadrados, ahora la mayoría tienen entre 30 y 40. Aunque el tamaño de los pisos se ha reducido a la mitad, los alquileres, que eran de 800 euros, se han triplicado. El portal inmobiliario Idealista recoge un anuncio, que ofrece una vivienda de 42 metros cuadrados de dos habitaciones por 2.700 euros mensuales. También es posible reservar viviendas a través de Bob W., una plataforma de alquiler por días sueltos. Reservar una vivienda durante un fin de semana asciende a unos 600 euros; 4.500 un mes entero.

Cuando dejaron Bloque Arganzuela, estos tres inquilinos se mudaron a pisos cercanos, en el mismo barrio o colindantes, a menos de un kilómetro de distancia. Perdieron calidad de vida y estabilidad. Alberto siguió pagando lo mismo, unos 800 euros, por un piso más pequeño, de 50 metros cuadrados. Magdalena se fue a un cuarto sin ascensor por 1.200 euros. Eva se fue a un piso “más pequeño y más caro”. Ninguno de los tres viven ya en esos pisos a los que se mudaron. Alberto se fue a Galicia, a Magdalena no le renovaron el contrato porque perdió el empleo en la pandemia y tuvo que volver a mudarse. Eva se terminó yendo a las afueras de la capital. 

“Han pasado tres años desde que dejé el edificio”, recuerda Alberto. “Yo paso muchas veces por delante. Aunque me fuera a vivir a Galicia, he estado viniendo mucho a Madrid. Me da mucha pena cuando veo ahora el cartel del servicio subarrendado que lo alquila. Tengo más enfado que pena en realidad. Yo soy sevillano y allí funciona igual. Sevilla es otra ciudad vendida a los apartahoteles. Son ciudades que dejan de estar vivas, sus comunidades se mueren”, lamenta.  

Urbania, tras comprar, trocear y realquilar el edificio, se ha desecho de él. A finales de enero trascendió que el edificio ha sido adquirido por la gestora europea Tikehau Capital. infoLibre ha tratado de conocer el precio de compra y venta del inmueble, sin éxito. Urbania no ha respondido a las consultas de este diario. La nueva gestora sí ha respondido, aunque ha declinado informar del importe de la adquisición. No es posible, por tanto, estimar el beneficio que ha obtenido Urbania en una operación que se ha prolongado seis años.

“Es mucho más de lo que la gente piensa. Se pierde mucho tejido social. Es una comunidad que ya no existe... Es una pena, la verdad”, lamenta Magdalena. “Lo extrapolas al resto de Madrid y te das cuenta de que el centro se está convirtiendo en un hotel gigante. Es un parque temático, como La Barceloneta. Un barrio histórico que ahora es un hotel. Me da pena y me reafirma en mi idea de que Madrid se está convirtiendo en una ciudad hostil en la que envejecer podría ser una pesadilla”, lamenta Eva.

Cómo convertir las ciudades en hoteles

Según los datos que recopiló infoLibre, 11.252 viviendas o habitaciones que aparecían ofertadas en Airbnb pertenecían a 431 grandes tenedores, lo que supone casi un tercio de la oferta. La conversión de viviendas en alquileres turísticos no es un fenómeno único de Madrid, se está produciendo en la mayor parte de las grandes ciudades españolas. De hecho, no empezó en la capital: los problemas empezaron a aparecer en Barcelona, cuando los barrios empezaron a “gentrificarse” (sustitución de los vecinos originales por otros de mayor poder adquisitivo). 

Este fenómeno en Barcelona ya no afecta a barrios concretos. “El auge del turismo lleva décadas afectando a la vivienda en Barcelona”, lamenta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters [Sindicato de Inquilinos e Inquilinas]. Esta asociación critica que las personas que viven de alquiler en Barcelona se han acostumbrado a cambiar de vivienda cada pocos años, porque no les renuevan el contrato, bien sea para subir los precios o bien para convertir el piso en un alquiler por temporadas. 

“Ya no es un problema de gentrificación clásica, de algún barrio concreto que se encarece. Es algo que ocurre generalizado en toda la ciudad. Vemos un fenómeno de rotación continua”, critica. En pleno momento de regulación del sector, con el proyecto de la Ley de Vivienda en el horno, a la espera de que se apruebe en las próximas semanas, Aragonès sigue viendo una vía de escape para la regulación: “Poco van a servir las regulaciones, si para los propietarios acaba siendo más rentable convertir su vivienda en un alquiler turístico o de temporada”, lamenta el portavoz.

Casa Orsola, un nuevo caso en Barcelona

Barcelona ha visto pasar a lo largo de los últimos años varios casos como el del Bloque Arganzuela. El último está en pleno proceso de desalojo. Se trata de Casa Orsola, un edificio ubicado en el barrio de la Esquerra del Eixample, que fue comprado en octubre de 2021 por la empresa Lioness Inversiones S.L. Los vecinos del edificio están hoy en la misma situación que los inquilinos del caso madrileño en 2017: la nueva empresa propietaria no quiere renovar sus contratos. 

431 grandes tenedores gestionan 11.252 viviendas para alquiler vacacional en Madrid y Barcelona

Ver más

El edificio consta de 27 viviendas. Según fuentes del Sindicat de Llogaters, seis ya se encuentran vacías, de las cuales se han remodelado cuatro y se han ofertado como alquileres por temporadas por entre 1.800 y 2.400 euros. “Los vecinos que siguen viviendo ahí pagan entre 600 y 800 euros”, resume una fuente de la asociación.

A finales de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una proposición que insta a la propiedad de Casa Orsola a negociar la renovación de los contratos de alquiler con los vecinos de la finca. La iniciativa fue respaldada con el 80% de los votos que reúnen PSC, BComún, ERC y Junts, y con los votos en contra de Cs, PP, Valents y una concejal no adscrita. La proposición también insta al Consistorio y a la Generalitat a estudiar la compra de la finca, sin que esto suponga un enriquecimiento para la actual propietaria.

De las viviendas que siguen habitadas, ya se han extinguido los contratos de cuatro, aunque aún no se han marchado. La empresa propietaria ha iniciado procedimientos judiciales contra tres de estas familias, que continúan pagando el alquiler depositándolo en el juzgado. Este mismo jueves, estaba programado el desahucio de uno de los vecinos, aunque, de momento, ha sido pospuesto por el juez.