Escrivá responde a la CEOE que las nuevas cotizaciones aumentarán sólo 37 décimas el coste laboral hasta 2050

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Incluso menos gasto en 2050

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

"Referencia internacional"

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

La CEOE amenaza con castigar los salarios si el Gobierno sube cotizaciones para pagar las pensiones

Ver más

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Discusiones “viejunas”

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.