La inflación asfixia a las entidades que atienden a personas vulnerables: "Tenemos un sobrecoste del 400%"

La inflación hace tiempo que pasó de ser una anécdota para ser algo estructural. Afecta a todo el mundo. También a las entidades que atienden a personas vulnerables. “Tenemos un sobrecoste del 400%”, asegura a infoLibre Carlos Bardou Torredemer, director financiero de la Fundació Pere Mata, una organización que ofrece apoyo a personas con trastornos mentales, discapacidad y dependientes.

Esta situación trae consigo consecuencias. “Cuando te dedicas a gestionar la incertidumbre no te dedicas a la atención de las personas y a mejorar su situación”, cuenta el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, que reconoce que el año pasado tuvieron que hacer encaje de bolillos para no cerrar en números rojos. Con todo, la situación se aventura muy negra para una de cada cuatro organizaciones, que podrían entrar en crisis, según dice La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social, que aglutinan 1.200 y 3.000 entidades en Cataluña, respectivamente.

281,5 millones de euros. Es el montante total que han tenido que asumir aquellos que atienden a personas y colectivos vulnerables, según lo estimado por las dos organizaciones, que aglutinan a buena parte del sector. Ante ello, el 92% han tenido que apretarse el cinturón y tomar medidas para reducir el gasto; el 63,1% han apostado por medidas que reduzcan el consumo energético, con la instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo; el 37% prevé cerrar en negativo, cuando se consoliden los datos económicos de 2022; y un 5% ya asume que tendrá que cerrar servicios.

“Puede que algunas entidades desaparezcan por culpa de la inflación”, afirma la directora La Confederació, Laia Grabulosa. A pesar de ello, se muestra optimista: “Cualquier organización hará malabares antes que cerrar, porque lo que la mueve es la cobertura de necesidades sociales en un territorio o colectivo”.

“No llegamos hasta donde nos gustaría” por culpa del alza de precios

En noviembre, Arrels hizo una llamada de auxilio ante una inflación galopante que hizo temer lo peor a la organización: dejar de atender a más personas sin hogar. Tras el anuncio recibieron donativos que evitaron la tragedia, pero aún se resienten de aquello. “Estamos sufriendo bastante, aunque no hemos tenido que frenar la atención tenemos que ser muy prudentes”, comenta Busquets. “Como somos muy cautos no estamos llegando hasta donde nos gustaría”, reconoce.

El año pasado atendieron a 3.066 personas, a quienes ofrecieron hogar, comida, duchas o cualquier otro tipo de atención que requirieran, como un lugar donde dejar aquello más valioso y de lo que nadie se puede desprender, tampoco las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse. Ahora han tenido que frenar un poco. “Alojaríamos a gente sin hogar en pisos y ahora no lo podemos hacer, nunca habíamos vivido algo así, todos nuestros donantes tienen problemas”, lamenta Busquets.

Para evitar una nueva situación límite, en Arrels han tenido que recurrir a los bancos. “Hemos pedido créditos para tener un colchón ante sustos que podamos tener”, cuenta el director de la entidad. Mientras, confían que las próximas ayudas directas que reciben de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y que les sirven para ofrecer este servicio sean algo más cuantiosas.

“En una residencia estándar estábamos pagando entre 4.000 y 5.000 euros de luz en julio y ahora hemos pasado a pagar 30.000 euros, es una barbaridad”, ejemplifica Bardou. “En total el gasto en suministros ha subido 350.000 euros más que en el ejercicio anterior”, añade, mientras que lamenta que todo este incremento extra lo hayan tenido que asumir al 100% ellos, mientras piden que las administraciones arrimen el hombro, a pesar de que el contrato entre ambas partes ya esté firmado y no se puede modificar.

Apostar por las renovables y la eficiencia energética son dos de las soluciones que vislumbran las entidades. “Estamos renegociando contratos con las eléctricas, poniendo luces de bajo consumo… esperemos que la situación cambie, pero evidentemente no volveremos a la época de 2019, aunque prevemos reducir un 40% los costes energéticos que tuvimos en 2022”, detalla el director financiero de la Fundació Pere Mata. Con todo, es pesimista: “Seguramente habrá quien cierre, porque esto no es sostenible en el tiempo”.

“Estamos negociando con las administraciones públicas para poner un mecanismo que permita compensar la inflación”, cuenta Grabulosa. “En estos momentos estamos en una posición de debilidad, porque los servicios que van vía contratación pública no se pueden modificar de precio y el incremento de costes lo asumen las entidades, aún incluso gestionando un servicio público”, detalla. Al otro lado de la mesa hay buena voluntad, reconocen las organizaciones que denuncian la situación. Falta por ver qué ocurrirá, más allá de las buenas palabras.

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La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social piden al Govern que cree un fondo extraordinario con el que nutrir a las entidades y poder paliar así los efectos de una inflación que ya es estructural, además de una línea de ayudas con las que las organizaciones puedan llevar a cabo “reformas estructurales y de transición energética”.

El IPC subyacente, en niveles de hace 36 años

El índice de precios de consumo (IPC) se encuentra en un crecimiento del 3,3%, tras tocar techo en julio con un aumento del 10,8%, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 1984. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, como la energía y los alimentos frescos, se encuentra en el 7,5%, una décima menos que en febrero pero igualmente en valores que no se veían desde 1986. Sin duda, los datos demuestran que el coste de vida se ha encarecido a una velocidad de vértigo y que, además, se ha convertido en un hecho estructural, que ya ha calado en la economía.

Ante tales efectos, la medicina que está adoptando el gobierno español es un aumento del gasto social, para evitar que los más vulnerables se queden atrás, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) receta subidas de tipos de interés, ahora mismo fijados en el 3,5%, para enfriar la economía.