Los beneficios se disparan el año de mayor daño a los trabajadores: cómo repartir la factura de la inflación

En 1974, el economista José Luis Sampedro resumió el problema de la inflación en una idea simple: es un conflicto entre grupos sociales por repartirse una factura: las empresas y los trabajadores. Tras recibir el mercado varios shocks que han desbocado los precios, como los derivados de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, los indicios apuntan que el reparto de la factura ha sido muy desigual. Según una encuesta preliminar del Banco de España, los beneficios empresariales se han disparado un 91% en 2022, gracias a un mejor desempeño de más de la mitad de las empresas. Los convenios salariales, sin embargo, se han actualizado en un exiguo 2,78%, el año que los precios han subido, de media, un 8,4%.

Los datos del Banco de España coinciden con lo que otros actores económicos ya venían señalando. En julio de 2022, en plena crisis inflacionista, CCOO difundió un estudio que afirmaba que el 83,4% de la inflación procedía de los beneficios empresariales, frente a un 13,7% de los salarios. No es un fenómeno español: en Europa algunos miembros del Banco Central Europeo han empezado a advertir que quizás las empresas se están lucrando de este episodio tan dañino para los trabajadores. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal afirmó que unos “menores beneficios” ayudarían a aplacar la inflación.

El conflicto de la inflación nace cuando las empresas aumentan los precios al mismo nivel que los costes en origen de los bienes y servicios que producen. Esto hace que los trabajadores, que pierden poder adquisitivo, exijan subidas salariales en proporción, ya que la vida les resulta más cara. Si las empresas lo hacen y trasladan el coste de nóminas a los precios, los encarece de nuevo, lo que suscitaría mayores subidas salariales, en un círculo vicioso. La exigua revalorización de los salarios descarta que esta espiral esté ocurriendo. 

Los expertos consultados, no obstante, indican que los datos del Banco de España sobre los beneficios deben ser cogidos con pinzas. El informe es resultado de una encuesta voluntaria en la que las empresas que lo desean rellenan anualmente con datos de su propia contabilidad. No son, por tanto, datos de la Agencia Tributaria, que sí revelarían los beneficios declarados por todas las empresas. A cambio de participar en la encuesta, las empresas tienen acceso a datos agregados sectoriales y bases de datos internacionales del Banco de España. 

“Son poco representativos, dan una pincelada útil de la situación de las empresas, pero más bien de las grandes empresas”, explica el profesor Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es más, en los datos se ve que no hay homogeneidad”, añade. Según la información del informe, ese aumento del 91% de los beneficios es una media de todas las empresas, pero solo el 55% de estas ha tenido un mejor desempeño que en 2021. El 44,3% lo ha empeorado y un 0,4% lo ha mantenido. Es decir, un muy buen desempeño de la mitad de las empresas que han participado en la encuesta ha elevado la media hasta ese 91%.

“Hay que tener en cuenta otra cosa: los datos siguen distorsionados por la pandemia. Algunas empresas con ese beneficio lo que hacen es compensar años de pérdidas acumuladas. Es algo que se ve en unos sectores más que en otros, es un fenómeno heterogéneo”, explica el profesor, que pone de ejemplo la hostelería, que tuvo un rendimiento extraordinario en 2022, mientras que en 2021 el turismo seguía afectado por restricciones sanitarias. El porcentaje de beneficios es resultado de comparar un año con el anterior.

Pese a estas puntualizaciones, los datos del Banco de España suponen un indicio más, que se suma a otros, sobre la sospecha de que parte de ese aumento de beneficios proviene de sectores que han aprovechado las aguas revueltas para aumentar sus márgenes de manera inadvertida. Además de los sectores cuyo beneficio se sabía antes de que se produjera, como el de las entidades financieras y energéticas, otros también han aprovechado para proteger sus márgenes, cargando a los clientes todo el aumento de costes. 

“Se ha visto en la hostelería, en la restauración, se ha visto en los paquetes turísticos… Han subido los precios antes de que les llegara la inflación para compensar las pérdidas pasadas. Sabían que en 2022 la demanda turística ya era alta. Generalizar más allá yo creo que es complicado”, observa Sanabria. 

¿Cómo se podría probar que parte de este beneficio proviene de la inflación? “Haciendo un observatorio de márgenes”, puntualiza el profesor Sanabria. Esta propuesta consistiría en que la Agencia Tributaria publicara los datos contables de los que dispone de las empresas, de manera agregada por sectores. Según valoró el economista José Ignacio Conde-Ruiz en infoLibre, sería aún más útil si se cruzan datos tributarios, con los datos de contabilidad nacional del INE, los mencionados de la central de balances del Banco de España y que también participara la CNMC, para advertir problemas de competencia. Todo esto en conjunto daría una imagen precisa de los márgenes de cada sector y del abuso de poder de mercado.

“Serviría también a los sindicatos como referente para actualizar los convenios salariales”, añade Sanabria. En el país galo, existe un observatorio de márgenes sobre la cadena alimentaria, que reflejó un aumento de beneficios de las cadenas de distribución. “Esto sirvió en Francia para acordar con los supermercados cestas de productos alimentarios básicos con descuento, a cargo del beneficio de las empresas”, explica. 

“Todo lo que ayude a hacer más precisas las políticas de competencia es bueno”, explica a infoLibre Luis Puch, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. “No creo que crear nuevas instituciones sea el camino, pero sí creo que sería útil que los organismos implicados difundieran los datos. Una vez difundidos, hay muchas instituciones que los analizaría, desde servicios de estudios, departamentos de universidades, los medios de comunicación…”, añade. 

“Si hay prácticas no competitivas que estén subiendo los precios, las autoridades de la competencia deberían redoblar sus esfuerzos”, añade Puch. “No creo que haya que hablar de una ‘factura de la inflación’ en concreto, ni buscar culpables concretos. Pero, partiendo de ese lenguaje, si hay que hablar de una “corrección”, es porque hay empresas que han hecho prácticas que van en contra de la competencia y eso es terreno de la CNMC”.

El profesor Puch considera que hay mecanismos que son suficientes para abordar estas posibles disfunciones del mercado: las autoridades de la competencia, el impuesto de sociedades y el pacto de rentas. Aunque considera que no se usan correctamente, o directamente, no se usan: “Es una pena que no funcionen tan bien como nos gustaría a veces, pero no hay que perder la esperanza de hacerlas funcionar”, remacha. El pacto de rentas, que implica negociar un reparto equitativo entre empresas y trabajadores, no está ni se le espera. 

¿Han alimentado los beneficios la fuerte inflación?

Uno de los debates actuales no solo es si los márgenes empresariales se han hinchado aprovechando la inflación, sino si estos la han alimentado. Es decir, si los márgenes empresariales están provocando “efectos de segunda ronda”, de los que constantemente se advierte cuando se habla de salarios.

Esto ocurriría de dos maneras: en primer lugar, de manera directa, trasladando el aumento de costes al precio de los productos y, aprovechando la confusión, un poco más allá. Una segunda, una vez conocidos estos beneficios, al provocar que los sindicatos exijan mayores subidas salariales de las ya pactadas, ante la evidencia de que el poder adquisitivo no solo se ha perdido por el aumento de costes, sino a beneficio de la empresa.

“Hay algunas voces que lo empiezan a dudar”, explica Sanabria. “Según una información publicada por Reuters, deja entrever que hay voces dentro del Banco Central Europeo que dudan sobre la idoneidad de seguir subiendo tipos de interés. Que se estaba teniendo demasiado en cuenta el tema salarial, que se ha demostrado que no están provocando efectos de segunda ronda, y se está obviando la parte de los beneficios”, añade.

La información a la que se refiere el profesor es un reportaje publicado por la agencia británica el 2 de marzo titulado: “El BCE se enfrenta a una fría realidad: las empresas están haciendo caja con la inflación”. En este, las fuentes del organismo europeo estaban empezando a valorar la posibilidad de que el poder de las empresas para fijar precios estaban influyendo en la inflación.

Sin embargo, ha quedado patente que los salarios no han alimentado los precios. Según los datos de las estadísticas de los convenios colectivos, la media de revalorización de los mismos ha sido de 2,78% en diciembre de 2022. El miedo a que haya una espiral inflacionista viene de experiencias pasadas, como la que hubo tras la crisis del petróleo en los años 70. 

“Había unos sindicatos más fuertes, y también más representativos, porque el modelo económico era otro, con un mayor peso de la industria. Trasladar las subidas de precios a los salarios era más fácil”, observa el profesor Sanabria. En 2022, los precios subieron un 8,4%, lo que supone que los trabajadores, de media, se han empobrecido a tasas inéditas desde la llegada del euro.

Impuestos para el futuro: automatismos ante beneficios caídos del cielo

En la economía hay resortes automáticos, como por ejemplo, que un desempleado tenga derecho automáticamente a cobrar una prestación por desempleo si es despedido. Esto, a gran escala, hace que en las crisis económicas el gasto aumente de manera automática al margen de la voluntad del Gobierno al que le toque. Algunos economistas proponen, al igual que estos resortes de gasto, que haya resortes de ingresos. El impuesto de sociedades ya lo es en alguna medida, al ir en proporción de los beneficios. Esto supondría ir más allá, por ejemplo, para gravar automáticamente beneficios caídos del cielo en crisis inflacionistas.

“Sería cuestión de diseñar un automatismo, definiendo muy bien qué son beneficios extraordinarios. Por ejemplo, mediante umbrales de rentabilidad. Esto tendría otro efecto: un desincentivo de las empresas a trasladar todos los costes al consumidor. Estamos viendo que no hay ajuste en términos de competencia”, lamenta Antonio Sanabria. La presencia exclusiva de unas pocas grandes empresas en sectores muy concentrados, ayuda: no tienen el incentivo de la competencia para bajar precios.

“Si acordamos un mecanismo así estaría bien”, añade el profesor Luis Puch. “Tenemos algunos estabilizadores automáticos para los gastos, que benefician a hogares y empresas, estaría bien que los hubiera de ingresos. Aunque estos mecanismos deberían ser aprobados por las empresas, por ejemplo, incluyendo rebajas para cuando las cosas sí van bien”, opina.

“Aun así, creo que no soy partidario de dejarlo todo por escrito”, añade el profesor Puch. “Creo que debería poder haber acuerdo en que hubiera cierta discrecionalidad del Gobierno, con una supervisión posterior que garantice que la política haya cumplido con su misión”, valora Puch. 

Entre las posibles medidas discrecionales, como los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, destaca un reciente anuncio del Gobierno francés: impuestos sobre recompras de acciones. Este mecanismo permite a las empresas ampliar la participación que tienen en su propia entidad. Las recompras permiten eludir parte de las obligaciones fiscales, ya que parte del beneficio de un ejercicio se gasta en adquirir estas acciones, por lo que se declara menos beneficio y el gravamen sobre el rendimiento del capital tiene un impacto menor.

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“Es una demostración de que se pueden hacer muchas cosas”, señala el catedrático Puch. No hay demasiada información sobre este mecanismo, que de momento se limita a un anuncio de Macron. “Es posible que Macron lo haya encontrado adecuado para tener una mejor representación de la base del impuesto. Puede ser algo equivalente al impuesto extraordinario, quizás incluso con mejor diseño”, apunta. 

Lo que no se puede hacer, concuerdan los expertos consultados, es aprobar impuestos “hacia atrás”. Es decir, en caso de que se demostrara, mediante la observación de sus márgenes, que las empresas no solo se han lucrado sino que han alimentado la inflación, sería jurídicamente muy complejo redistribuir esos beneficios extraordinarios. “No puede haber impuestos de hace un año o dos. Lo que se puede hacer es prepararlos de cara al futuro, no se sabe si sucederá en 5 o 50 años, pero puedes fijar unas bases a partir de las que, cuando se produzca un beneficio extraordinario”, explica Sanabria. 

¿Qué se podría hacer en ese caso? “Suena cándido”, añade, “pero de cara al pasado lo único que se me ocurre es apelar públicamente a la responsabilidad de estas empresas. Que hagan algún tipo de aportación. Que muestran compromisos por la sociedad. Pero ya sabemos que eso tiene un impacto muy limitado”, ironiza el profesor de economía.