Ni incentivos, ni menos pacientes: atención primaria ve que Ayuso incumple el pacto que puso fin a la huelga

Dos hombres pegan carteles en la puerta del Centro de Salud de Abrantes, donde se ha instalado una mesa de recogida de firmas para solicitar más médicos en el Centro de Salud de Abrantes, en Madrid.

Mari Luz Ruiz García es médica de familia en el Centro de Salud Fronteras, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Como muchos de sus compañeros, secundó la huelga de la atención primaria que durante 123 días puso en jaque al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El 16 de marzo, el mismo día que se firmó un pacto para acabar con la protesta, volvió a trabajar. La promesa que le habían hecho —a ella y a los otros 4.239 médicos y médicas de Familia y 720 pediatras llamados al paro— era que a partir de entonces tendrían incentivos económicos para cubrir puestos de tarde —los menos codiciados por los profesionales— y unas agendas limitadas a 34 pacientes —30 huecos ordinarios y 4 de urgencias, que en el caso de los pediatras se rebajaba a 24. Pero no ha visto ni una cosa ni la otra.

"Sí, a veces veo 34 pacientes, pero iba a ser la norma y es la excepción", cuenta desde el otro lado del teléfono tras acabar, precisamente, otra intensa jornada de trabajo. Su centro de salud es uno de los 22 en los que se ha implantado ese plan piloto para poner coto al número de pacientes que cada facultativo ve al día. Se prevé que en junio se amplíe a otros 115 centros y que en septiembre el sistema esté funcionando en el resto de los que hay en la región, según informa Isabel Vázquez, médica de familia y presidenta del sector de atención primaria de Amyts, el sindicato que convocó los paros. El problema, dice, es que si ya funciona mal en gran parte de esa veintena, no está garantizado que la situación mejore dentro de unos meses.

"Este asunto nos preocupa mucho. Al final es lo que nos llevó a la huelga. Si ahora mismo el sistema no funciona, el problema se va a ver multiplicado", lamenta. Según desgranó el pasado mes de enero el quinto informe de La atención primaria en las comunidades autónomas presentado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el 56,79% de los profesionales madrileños atendía en 2021 a más de 1.500 pacientes, la cifra que se considera límite para ofrecer un buen servicio. El 7,87%, a más de 2.000. Pero es que además la limitación de los pacientes fue una orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que Ayuso había vulnerado "los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras, en materia de integridad física y salud". El Supremo lo ratificó meses después, pero no obstante eximió a la Comunidad de fijar un límite en las agendas de los profesionales.

Aun así, Madrid se sumó a las otras muchas autonomías que ya estaban fijando cupos similares y firmó los límites, consiguiendo así la desconvocatoria de huelga. El plan consistía en lo siguiente: cada médico de familia atendería, como máximo, a 34 pacientes; cada pediatra, a 24. A partir de ahí, se implantaría una agenda de rebosamiento que atendería a los pacientes de más, es decir, a partir del número 35 y 25. A todos ellos los podría ver un facultativo que, con carácter voluntario, podría ver hasta seis pacientes por hora, durante un máximo de cuatro horas, y cobrando 50 euros por cada una de ellas. Es decir, un médico con turno de mañana podría quedarse por la tarde para descargar agenda, propia o de otro médico.

La Consejería de Sanidad explica a infoLibre que hay "más de 650 profesionales que han solicitado participar en las prolongaciones de jornada" para sacar adelante esa agenda de rebosamiento, pero los profesionales no dicen lo mismo. "Lo están haciendo los propios médicos de los centros", denuncia Vázquez. Y Ruiz García lo corrobora.

Como explica, además de su agenda normal, en la que atiende a sus pacientes, en su centro existe lo que llaman "agenda de avisos", que es aquella en la que se concentran los pacientes que piden una visita a domicilio. No es nominal, así que cada día un médico se encarga de ella. Pero hay más. Tienen otra de pacientes no demorables que también atienden los médicos del centro en función de la organización de sus propias agendas, que intentan acortar cuando tienen que atender estas dos tareas. A esto se suma, además, esa agenda de rebosamiento. En total, dice, el pasado 21 de abril se vieron —contando con sus pacientes propios, los no demorables y los que se visitaron en el domicilio— 134 pacientes. "A eso hay que sumarle las agendas propias de mis otros 17 compañeros", lamenta. "No nos da tiempo a hacer bien el trabajo, siempre tenemos presión y estrés", explica.

Como en este centro, ocurre en más, sobre todo en los que pertenecen a las direcciones asistenciales del sur y del este, explica Vázquez. ¿Y por qué? Porque la demanda es excesiva y porque faltan profesionales. La FADSP sitúa la tasa de médicos de familia en Madrid en 0,54 por cada 1.000 habitantes, una cifra que supone que la región necesitaría otros 674 para alcanzar la media de todo el país, que se sitúa en 0,64 por cada 1.000 habitantes. La perspectiva, además, no es buena. Según una reciente encuesta, el 70% de los médicos internos residentes (MIR) que en apenas un mes acaban su formación como facultativos de familia plantea marcharse de la primaria madrileña.

"Hablando con algunos compañeros, hemos sabido de casos de algunos que se irán a trabajar a las urgencias hospitalarias, donde les están ofreciendo contratos indefinidos. En un mes, estaremos en una situación más precaria", lamenta José Luis Palancar, médico de familia del Centro de Salud Doctor Cirajas, en Ciudad Lineal. Allí todavía no se ha implantado el nuevo sistema de agendas limitadas, pero también teme que la solución no funcione. "Si esta medida se tomó porque la presión alta suponía un riesgo para los profesionales y son ellos mismos los que van a seguir atendiendo las agendas de rebosamiento, pues la verdad es que no sé si estamos mejorando la situación", reflexiona.

En el de Jaime Roel, que trabaja como médico de familia en el Centro de Salud Guayaba, está empezando a funcionar, pero tímidamente y tampoco de manera correcta. "El sistema todavía no está muy pulido y el problema es que con el límite de las agendas acumulamos demora, que ya estaba en 15 días. Así no podemos trabajar bien, hay pacientes a medio ver, pacientes perdidos...", lamenta. "Las agendas de rebosamiento parecen una cosa estupenda, pero te hacen perder la longitudinalidad con tus pacientes porque probablemente los verá otro médico, y tampoco funciona con voluntarios", dice, en la misma línea que Ruiz García. "No hay voluntarios, cuando este sistema se extienda a todo Madrid va a ser imposible de llevar a cabo", critica.

Los incentivos económicos, ausentes pero prometidos

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Además de los límites a las agendas, los acuerdos firmados para la salida de la huelga contemplaban un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos y pediatras en sustitución del desaparecido por TSA (Tarjeta Sanitaria Atendida) —que suponía una media de 323 euros para médicos y 279 euros en el caso de los pediatras y estaba ligado a atender más del 85% de la población asignado, lo que hacía que 44 centros no lo cobrasen en ningún caso— y un plus de 500 euros al mes para facultativos que hagan tardes puras y de 300 para aquellos que trabajen tres o cuatro a la semana.

Sin embargo, más de un mes después, todavía no se han implantado porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo ha aprobado, y eso a pesar de que durante las dos reuniones de seguimiento del pacto se ha recordado. "En este sentido nos contentaron, pero en el fondo no se ha avanzado absolutamente nada", lamenta Palancar. No obstante, la Consejería de Sanidad dice que lo hará pronto. Según informa Amyts, el departamento de Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que los acuerdos ya tienen el visto bueno de la Consejería de Hacienda y que ya se han elevado para que sean aprobados en el Consejo de Gobierno. Pero no aclaran en cuál. "Si no lo hacen la próxima semana, emprenderíamos alguna acción", dicen fuentes del sindicato, que valorarían, por ejemplo, convocar una manifestación.

Aun así, prefieren dar un "voto de confianza", señala Vázquez, presente en esas dos reuniones de seguimiento. "Estamos acostumbrados a los incumplimientos, así que si vuelve a ocurrir habrá que replantearse qué hacer, pero de momento no nos queda otra que ir viendo qué ocurre", señala. Mientras tanto, según dice Roel, ya hay personas que está empezando a "movilizarse". "La gente ve muchas promesas y pocas realidades, así que la sensación es de que te toman el pelo", sentencia.

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