El “racismo institucional” de la policía, a debate por toda Europa
¿Existe un "racismo institucional" en la policía francesa? La pregunta, que se basa en una expresión acuñada en un contexto específico, el del activismo afroamericano de los años 60 en Estados Unidos, ha resurgido en Francia tras la muerte de Nahel M. por disparos de un policía el 27 de junio en Nanterre, y las noches de disturbios que siguieron.
Pero el Ejecutivo francés, que niega la existencia de violencia policial y que ya no había considerado oportuno dar curso a un informe interno presentado en verano de 2021 a Gérald Darmanin y Éric Dupond-Moretti (ministros de Interior y Justicia, respectivamente, ndt) sobre el racismo en la policía, no parece dispuesto a abrir ahora este debate.
"No hay racismo en la policía", repitió Laurent Nuñez, prefecto de la Policía de París, al ser entrevistado en la BFMTV, cerrando la puerta a cualquier discusión. En otros lugares de Europa, sin embargo, prevalecen otros enfoques para medir el alcance del racismo dentro de la institución y reformar la policía. Echemos un vistazo a otros tres países: el Reino Unido, Alemania y Bélgica.
En el Reino Unido, un informe de 1999 concluyó que el cuerpo de policía del Gran Londres era institucionalmente racista
Tras los disturbios de Brixton, en Londres, en 1981, el gobierno de Margaret Thatcher encargó un informe independiente a Lord Leslie Scarman. Ese Informe Scarman –"una de las piezas favoritas de los reformadores de la policía", dice el investigador del CNRS y especialista en policía Fabien Jobard– ya instaba a mejorar la formación de los policías en la lucha contra el racismo y a incluir en el cuerpo a personas procedentes de minorías.
Pero Scarman se niega a concluir que exista el "racismo institucional", y lo argumenta explícitamente en su texto. El análisis era ya diferente en 1999: el Informe Macpherson, encargado tras el asesinato de un adolescente negro, Stephen Lawrence, a manos de un grupo de jóvenes blancos en 1993, describía a la Policía Metropolitana de Londres como "institucionalmente racista". Una de sus 70 recomendaciones era fijar objetivos específicos de diversidad en la contratación de personal para la llamada Met.
"En el caso del Reino Unido, los problemas se abordan y discuten, y pueden ser rechazados, pero se documenta y argumenta oficialmente. También podemos ver que las posiciones evolucionan", observa Fabien Jobard, que señala que "la tarea de analizar estas cuestiones" se confía "a comisiones independientes del Gobierno".
Las protestas de Black Lives Matter en el Reino Unido en 2020 reabrieron el debate sobre el alcance del racismo en el seno de la policía del Gran Londres. En aquel momento, uno de los principales dirigentes del cuerpo nacional de policía reconoció que había que hacer más, no en nombre de un presunto wokismo, sino para que el trabajo de la policía fuera más legítimo y eficaz sobre el terreno.
A raíz de eso, en marzo de 2023 se publicó un exhaustivo informe independiente, de más de 360 páginas, escrito por una dama de perfil social, Louise Casey. En este caso, el desencadenante fue un escándalo sexual protagonizado por un policía violador en 2021 que no había sido cuestionado por sus colegas. El informe de Casey documenta el fracaso de la policía londinense a la hora de hacer frente a comportamientos sexistas, homófobos y racistas.
En un país donde existen estadísticas étnicas, la parte del estudio dedicada al racismo pone de manifiesto un retraso en el reclutamiento. Las personas que trabajan para la Met que se describen a sí mismas como BAME (negras, asiáticas y de otras minorías étnicas) eran el 17% de la plantilla en enero de 2023. Esto representa un aumento en diez años (10% en 2012), pero sigue estando muy por debajo de la diversidad de los habitantes del Gran Londres en su conjunto (46%).
Otra de las conclusiones fue que el 46% de las personas de raza negra y el 33% de las personas pertenecientes a minorías asiáticas que trabajan para la Policía Metropolitana afirmaron haber sufrido episodios racistas en el trabajo. El informe también descubrió que las minorías negra y asiática son objeto de controles por la calle sin orden judicial de forma desproporcionada. Utilizando el método stop and search, una persona negra de entre 16 y 61 años tiene 3,5 veces más probabilidades de ser registrada cada año en las calles del Gran Londres.
Tras describir un "fracaso colectivo y prolongado de la Met para comprender, reconocer y abordar el racismo en todos los niveles de la organización", el estudio concluye, 24 años después del informe Macpherson, que persiste el "racismo institucional". Su publicación desencadenó una oleada de excusas, entre ellas la del jefe de policía de Londres, Mark Rowley, aunque rechazó el término "racismo institucional" en favor de "fallos sistémicos".
Sadiq Khan, alcalde laborista de Londres, también reaccionó: "Las pruebas son abrumadoras". La derecha gobernante, respondió, por boca del jefe de gobierno Rishi Sunak, británico de origen indio cuyos padres nacieron en África: "Está claro que ha habido graves fallos en la cultura y la dirección de la institución y la confianza en la policía se ha visto gravemente dañada".
Como señaló entonces la web openDemocracy, esas declaraciones no impidieron que el ejecutivo confiriera nuevos poderes a la policía en una ley de orden público, a riesgo de restringir el derecho de manifestación. La tendencia no se limita al Gran Londres: el pasado mes de mayo, el jefe de la policía escocesa también hizo un espectacular mea culpa: Iain Livingstone calificó a su policía de "institucionalmente racista" y "discriminatoria".
En Alemania, la universidad se encarga de una amplia investigación sobre la labor policial
En Alemania, donde la policía es competencia regional, la forma en que se ha planteado el debate difiere de la de Francia o el Reino Unido. Hay que remontarse a la docena de asesinatos cometidos por una célula neonazi conocida como NSU (Nationalsozialistischer Untergrund o Clandestinidad nacional-socialista) entre finales de los años noventa y 2011. El juicio a los miembros supervivientes de esa célula se celebró en Múnich y duró cinco años, hasta 2018.
Durante la investigación, la policía se mostró incapaz de establecer el vínculo entre los distintos asesinatos y de ver un móvil racista detrás de unos crímenes que casi siempre tenían como objetivo a hombres de origen turco. “Como en el caso del Informe Macpherson en el Reino Unido, nos dimos cuenta de que existía un sesgo racista, ya que los investigadores se negaban en un primer momento a creer que los turcos asesinados pudieran haber sido objetivo de los neonazis", explica Fabien Jobard. “Por el contrario, las investigaciones giraron sistemáticamente en torno a las especificidades culturales atribuidas por la policía a las víctimas. Interrogaban a las partes civiles sobre los vínculos exactos de las víctimas con la ‘comunidad turca’, sobre historias familiares que habían acabado mal, sobre venganzas de clanes o sobre delitos específicos de los ‘círculos turcos’... De hecho, uno de los expedientes se llamaba Bósforo".
De inmediato se intensificó el debate sobre la presencia de neonazis en las fuerzas del orden. Unos 29 policías de la comisaría de Essen, en Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, fueron despedidos en 2020 por participar durante años en grupos de WhatsApp con contenidos racistas y de odio.
Como respuesta, el ministro del Interior Horst Seehofer (CSU, derecha bávara), bajo la autoridad de la canciller Angela Merkel, que fue informado del alcance de esas redes ultras, encargó un informe sobre la extrema derecha en la policía. Pero en un principio se negó a ampliar el alcance del informe para incluir la cuestión del racismo, por considerarlo innecesario. Bajo la presión del SPD, los socialdemócratas, entonces en la oposición, Seehofer accedió finalmente a poner en marcha el estudio, que abarcaba cuestiones más amplias relacionadas con las condiciones de trabajo de las fuerzas del orden.
Una profesora de Derecho Penal, Anja Schiemann, de la Universidad Alemana de Policía (Deutsche Hochschule der Polizei), se encargará del estudio a partir de 2021, en un país donde los policías se forman en la universidad. El trabajo de Anja Schiemann se basa en 50.825 cuestionarios que ha recopilado a través de Internet, lo que representa la mayor muestra jamás extraída de los cuerpos policiales del país (16% del total). Sin embargo, la muestra presenta un sesgo importante, ya que se basa únicamente en el carácter voluntario de la participación.
Los primeros resultados de la encuesta, publicados en abril de 2023, muestran que los cuerpos de policía de varios Länder, por ejemplo, muestran un nivel de rechazo mayor que el resto de la población hacia las personas sin hogar o de confesión musulmana. Un 15% de los encuestados considera que hay demasiados extranjeros en Alemania, y un 21% opina que los exiliados sólo vienen a aprovecharse del sistema social.
“Los policías alemanes no están menos afectados por estereotipos que la mayoría de sus colegas del resto de Europa", afirma Fabien Jobard. “Pero está muy claro que los policías alemanes no cometen los excesos que vemos en la policía francesa. Las redes neonazis están muy arraigadas en algunos cuerpos de policía alemanes, pero el comportamiento de los policías en la calle, su contacto con los ciudadanos y su trabajo diario son completamente diferentes de lo que vemos en Francia". Lo que lleva al politólogo a afirmar que "el problema no es tanto el racismo, si los policías franceses son racistas o no, sino si se comportan bien o no, si hay sentido de la disciplina en la casa".
En Bélgica, las autoridades siguen negándose a iniciar una auditoría
De los países mencionados, Bélgica es sin duda el que presenta una situación más parecida a la de Francia, con unas autoridades reacias a iniciar un debate en profundidad sobre el racismo en la policía.
Sin embargo, varias muertes recientes de personas racializadas, en circunstancias diferentes cada vez, han puesto de manifiesto la urgencia de la situación: la muerte de Ibrahima B., de 23 años, en una comisaría del norte de Bruselas, en enero de 2021; la de Adil, de 19 años, en abril de 2020, que intentó escapar de un control policial durante el confinamiento en Anderlecht, en la región de Bruselas; o la de Sourour Abouda, trabajadora social de 46 años, de la que en un primer momento se dijo –erróneamente– que se había suicidado en una celda de una comisaría del centro de Bruselas el pasado mes de enero.
Al margen de las movilizaciones sociales desencadenadas por estas muertes, sobre las que Mediapart profundizará próximamente, las autoridades belgas siguen negándolo: "No hay ningún problema de racismo estructural en el seno de la policía", declaraba en junio de 2020 el entonces ministro del Interior, el democristiano flamenco Pieter De Crem (CD&V).
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"Esta problemática ha sido documentada especialmente por la investigación cualitativa en sociología y antropología, que describe sus mecanismos. Pero no hay investigación cuantitativa porque el Gobierno niega el problema. Así que se niega a proporcionar los recursos para recoger las cifras que permitirían objetivar el fenómeno", criticó en la prensa belga en 2020 la académica y antropóloga Saskia Simon, coordinadora de Police Watch, un observatorio de la violencia policial creado por la Liga de Derechos Humanos.
Traducción de Miguel López
