Paradas policiales por el color de la piel y encierros sin delito previo: tras la pista del "racismo institucional" en España

"El racismo tiene dos dimensiones: la social y la institucional. La gente ve sobre todo la social y cree que racismo es cuando en televisión se ríen de una persona por su raza. Pero la dimensión institucional es clave. Y tiene que ver con los gobiernos, con las políticas públicas, con las leyes... No se trata sólo de hacer que la gente cambie de mentalidad". Quien habla es Paula Guerra, originaria de Chile, de 44 años, llegada a España en 2006, hoy presidenta de SOS Racismo Madrid, que pone "cuatro ejemplos de racismo institucional" en España, un término que ha echado a rodar con fuerza en medio de las protestas raciales en Estados Unidos. "El primero –dice Guerra– es la Ley de Extranjería, porque crea categorías distintas según el origen. El segundo son los CIE [Centros de Internamiento de Extranjeros], porque en ellos se encierra a personas sin haber cometidos delitos, sino sólo la falta de no tener papeles. El tercero son las paradas racistas, los controles policiales por perfil étnico en la vía pública, sólo por el aspecto físico. El cuarto se da en la frontera sur". Y hay más, señala Guerra.

¿Hay "racismo institucional"? No todas las respuestas son iguales. El catedrático de Sociología Antonio Izquierdo tiene dudas con el término. Izquierdo pisó el terreno, en este caso el terreno almeriense, agitado por los altercados racistas de 2000 en El Ejido. Pulsó cara a cara a alcaldes como Juan Enciso, entonces del PP, y a otros regidores. ¿Qué observó? "Menosprecio", responde, hacia los magrebíes. Un "menosprecio" de los propios responsables institucionales que era espejo del que existía en la sociedad, dice. "Pero, ¿era eso racismo institucional? No me atrevería a decir eso. Lo que sí había es xenofobia hacia los inmigrantes, sentimiento de superioridad clara con respecto a ellos". Eso sí, añade, hay puntos del espacio institucional en los que sí es identificable, "cuando no un racismo institucional, sí una falta clara de igualitarismo".

El supuesto "racismo institucional" no ha sido precisamente un tema estelar en España. Este debate se ha agudizado a raíz de las protestas en Estados Unidos por la muerte violenta del ciudadano estadounidense negro George Floyd, al que un policía le aplastó el cuello durante un arresto en Mineápolis (Minesota). No obstante, las diferencias con España son obvias. Para empezar, la ligazón fundacional de Estados Unidos con el esclavismo no se da en España. Tampoco existe en España el problema de tenencia masiva de armas, un importante factor de tensión. En España, sólo un 8,2% de los encuestados por el CIS ve la inmigración como uno de los tres principales problemas. Además, y esto es clave, el Estado del bienestar aquí ofrece acceso al sistema sanitario incluso a los extranjeros en situación irregular. Y los inmigrantes con hijos escolarizados tienen garantizado que no serán expulsados hasta el final del curso.

infoLibre examina las prácticas, normas y espacios institucionales señalados por un posible trato discriminatorio. Este periódico trató de recabar el punto de vista del Ministerio del Interior, sin éxito. 

Paradas por perfil étnico

El elemento más señalado por su supuesto "racismo institucional" son las conocidas, de forma acusatoria, como "paradas racistas". ¿De qué hablamos? De agentes de policía que paran en la vía pública a un ciudadano por sus rasgos étnicos. El Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU ha recomendado a España que ponga fin a estos, un "problema endémico" [ver aquí el informe]. Tras una visita a España en 2018, los expertos de la ONU señalaron que los africanos y descendientes son víctimas de "racismo" y "discriminación racial" en todos los ámbitos: "desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales". No obstante, el punto más delicado son las paradas de la policía. "La sociedad civil informó de que la población negra corre el riesgo de ser señalada 42 veces más a menudo en los puertos y el transporte público, simplemente por el color de su piel", asegura el documento de la ONU. Esta práctica, según Naciones Unidas, no sólo "discrimina" sino que también alimenta el racismo: "Quienes presencia esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas".

El informe de la ONU observa con preocupación la falta de datos desglosados por origen étnico o raza. Hay una limitación normativa: La Ley de Protección de Datos impide recoger datos con base étnica. Pero a ello se añade otro problema, detectado por la ONU: las sanciones por grabar a agentes de la Ley de Seguridad Ciudadana han contribuido a la espiral de silencio y autocensura de posibles denunciantes.

El informe Identificación policial por perfil étnico en España, elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, concluyó que la policía identifica más diez veces más a las personas de etnia gitana que a las de "apariencia caucásica europea", un fenómeno que también afecta a negros y latinoamericanos [ver aquí el informe].

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado en un reciente debate en el Congreso que las fuerzas policiales sean racistas. El ministro invocó una orden ministerial de 1981 dirigida a los cuerpos de seguridad que prohibía la discriminación, postura recogida también por ley desde 1986. La prohibición de conductas racistas está recogida en el Código Ético de la Policía Nacional y en la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. "Se puede hacer algo más mientras haya actos de discriminación en la calle, y también institucional, pero es anecdótico", afirmó el ministro, como recogió EFE. Los expertos de la ONU, en su informe, señalan que hay un "gran trecho" entre la legislación y la práctica"gran trecho" entre la legislación y la práctica.

Estas paradas han supuesto algún varapalo para España ante la comunidad internacional. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, en el caso de la española negra nacida en Estados Unidos Rosalind, validó las paradas étnicas, al considerar que “la actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española”. "El peligroso mensaje que ha lanzado el tribunal es que a los negros (pero también a musulmanes, gitanos...) se les puede tratar con una dosis mayor de sospecha por los poderes públicos", como señaló sobre el fallo el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Rey Martínez. En 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU acabó censurando a España por el  Williams, a quien dio la razón [ver aquí el dictamen].

Las paradas por perfil étnico en España han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la denuncia en 2017 de Zeshan Muhammad, un joven paquistaní vecino de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y con permiso de residencia, que se declara víctima de una detención de este tipo en mayo de 2013.

El informe Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España, elaborado por la ONG Rights International Spain, señala que "el perfilamiento étnico racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de las personas afrodescendientes y otros grupos étnico raciales, […] han aumentado durante la pandemia". Más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de 47 encuestadas), aseguran que “fueron objeto de brutalidad policial” [ver aquí el informe].

Internamiento de extranjeros

Paula Guerra, de SOS Racismo, recalca que las paradas "por perfil étnico" funcionan como vía para llevar a los inmigrantes a los CIE, cuya mera existencia es censurada por numerosas ONG. Numerosos juristas han denunciado la dudosa constitucionalidad de su funcionamiento. Incluso la Conferencia Episcopal pide su cierre. La principal crítica es que, pese a no ser centros penitenciarios, dan a sus internos un tratamiento carcelario.

En España hay siete CIE: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), La Zona Franca (Barcelona), Murcia, Las Palmas (Barranco Seco) y Fuerteventura (el Matorral). Durante la pandemia, el rechazo oficial a los CIE ha dado un salto cualitativo. El Parlament de Cataluña ha aprobado este mes una moción de ERC que pide al Gobierno el cierre de los CIE, considerados una muestra de "racismo institucional" por el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC). Coinciden asociaciones como SOS Racismo.

Las acusaciones a los CIE de trato indigno a los inmigrantes vienen agravadas por muertes como la del argelino Mohamed Bouderbala en una celda de aislamiento en el improvisado centro de (Málaga), en diciembre del 2017. A raíz del caso infoLibre publicó que el Gobierno, entonces de Mariano Rajoy (PP), había encerrado inmigrantes en Archidona sin acceso a agua potable, cocina ni lavandería. Al caso de Bouderbala se suman otros como el de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23, quien supuestamente se quitó la vida en el de Zapadores, a pesar de que estaba bajo vigilancia.

El recién publicado informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), extiende la crítica a los CIE a los llamados CATE, Centros de Atención Temprana de Extranjeros, que son cuatro: Algeciras, Málaga, Motril y Almería [ver aquí el informe]. Según Apdha, estos centros, que en teoría debían garantizar un trato más humanitario, implican "un sistema discriminatorio entre migrantes que proceden del Magreb y migrantes de origen subsahariano para agilizar los procesos de expulsión y garantizar una mayor eficacia de os CIE" a la hora de expulsar a los magrebíes, cuyos países de origen presentan "mayores facilidades" para las repatriaciones. Apdha recuerda que, "a pesar de llevar en funcionamiento desde 2018, los CATE siguen sin estar amparados por ninguna normativa y sin disponer de una regulación que cumplir en caso de producirse vulneración de derechos".

Violencia

La acusación más grave contra el Estado es la de ejercer violencia por motivos racistas. La moción del pleno del Parlament aprobada exige medida contra actuaciones policiales "de carácter racista". El texto incorporó el punto sobre violencia policial después de que se hiciera público el audio de la detención de un joven en 2019, denunciada por SOS Racisme, en la que agentes de los Mossos lo llaman "mono" y "negro de mierda".

A pesar de las diferencias con el caso de Estados Unidos, el debate se ha abierto en la estela de las protestas por la muerte de Lloyd. La diputada de ERC Marta Rosique ha afirmado en el Congreso: "Aquí la policía también mata por racismo".Aquí la policía también mata por racismo Y añadió: "Los gobiernos españoles igual no lo han potenciado tanto como Trump, pero sí que han hecho oídos sordos y han permitido que se siga perpetuando el racismo". Patxi López, que presidía la Comisión de Reconstrucción Social y Económica donde se produjeron estas afirmaciones, rechazó estas palabras.

El periodista Yousef M. Ouled ha hecho público un hilo en Twitter repasando "muertes por racismo" que incluyen algunas con participación de miembros de fuerzas del orden. Lucrecia Pérez Matos, de 32 años, de República Dominicana, fue asesinada en 1992 por cuatro ultraderechistas, entre ellos un agente de la Guardia Civil. El mantero senegalés Mame Mbaye, de 34 años, murió en 2018 de un ataque al corazón tras escapar de una redada policial. Ouled cita también a los 15 muertos en la playa del Tarajal, en Ceuta, que perdieron la vida en 2014. 16 agentes de la Guardia Civil, en un intento de disuadir a los inmigrantes que intentaban llegar a España, emplearon material antidisturbios como pelotas de goma o botes de humo. La jueza archivó la causa en octubre de 2019 aplicando la "doctrina Botín". Es decir, fue decisivo que la Fiscalía no viera delito. La jueza que archivó el caso veía "indicios de criminalidad".

La muerte de Iliass Tahiri, un joven de 18 años nacido en Marruecos, tras ser inmovilizado en un centro de menores de Almería está ahora bajo investigación. La Fiscalía ha pedido la reapertura del caso y ha apuntado contra el "protocolo" de actuación del centro. Es decir, contra la regla de funcionamiento del sistema, que en este caso es la misma al margen de etnia o país de origen. 

Organizaciones como Kaleamenge llaman la atención sobre la "violencia" contra los gitanos. "En el Estado español hemos podido presenciar cómo incluso ONG y representantes políticos se han tenido que posicionar contra los episodios de violencia estatal provenientes de Hungría, Bulgaria y otros países europeos [...]. Sin embargo, cuando se trata de reflexionar sobre la violencia policial ejercida sobre los gitanos en el Estado español, sólo encontramos una respuesta por parte de la entidades y políticos que dicen representar el interés de los kalós: Silencio. Parece que hubiesen terminando creyendo esa ficción que las mismas ONG han creado para presentar internacionalmente a España como un paraíso integrador’", señala una denuncia pública de la organización. Kaleamenge apunta a un racismo estructural. "Comprender el verdadero problema requiere mirar a la bestia a los ojos y entender que la violencia ejercida por la policía contra los cuerpos gitanos no es fruto de un error producido por el prejuicio individual de algunos agentes, sino más bien al contrario: el perfecto desempeño de sus labores", añade. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, reconoce en sus recomendaciones de política general que "antigitanismo" incluye "racismo institucional".

En las fronteras

El informe Frontera Sur de Apdha censura que la actuación del Gobierno en su flanco sur deja "fuera de foco" los derechos humanos. Interior, señala Apdha, ha logrado un significativo descenso de las llegadas. Si en 2018 llegaron 57.537 personas a las costas españolas, en 2019 el descenso ha superado el 53%, quedando en 26.9161. Ahora bien, el problema para Apdha es el "coste" de la reducción por mar. "El Gobierno español es plenamente consciente de que el poner en manos del régimen marroquí la gestión de la frontera sur europea implicaba el uso extensivo e intensivo de una desatada represión extremadamente violenta [...]. Y así ha sido", señala el informe. Según la Asociación Pateras de la Vida, entre 11.600 y 12.000 personas migrantes han sido desplazadas hacia el sur "de forma extremadamente violenta, en medio de robos y palizas".

El informe de Apdha también carga contra las llamadas "devoluciones en caliente", tanto de España a Marruecos como de Francia hacia España. No obstante, una sentencia de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha supuesto un aval a esta práctica, al considerar que el España no violó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) al devolver de forma inmediata a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. El fallo "supuso una sorpresa muy negativa entre los medios jurídicos que trabajan en el ámbito de la garantía de los derechos humanos de los inmigrantes y demandantes de asilo", como ha escrito en infoLibre Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y senador del PSOE [ver aquí]. Está por ver qué posición final adopta el Gobierno. A pesar de la sentencia, las críticas a las "devoluciones en caliente" por la falta de garantías no cesan.

Explotación laboral

La discriminación tiene un carácter estructural en el ámbito laboral, según el informe del grupo de expertos de la ONU de 2018. "Incluso las personas afrodescendientes instruidas no tenían acceso a empleos del mismo nivel que otros ciudadanos españoles, aun teniendo una formación académica similar, por el color de su piel", señala el informe, que denuncia "explotación generalizada" y pone el foco en la situación de los inmigrantes que trabajan en la agricultura almeriense, con condiciones de trabajo y vivienda "deplorables". No es una situación totalmente achacable a las instituciones, aunque sí son frecuentes las críticas por inacción. El informe señala: "Los trabajadores migrantes también se quejaron de que sufrían regularmente el acoso, la extorsión y las palizas de la Guardia Civil, presuntamente con la complicidad de los empleadores".

España todavía no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para unas condiciones "decentes" de las empleadas domésticas, un sector con amplísima presencia de extranjeras. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció la ratificación en febrero. Este convenio implica la equiparación de las cotizaciones y los derechos de este colectivo con los del resto del trabajadores del régimen general.

Acceso a la nacionalidad

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El sociólogo Antonio Izquierdo destaca el carácter "no equitativo" ni "igualitario" de de las distinciones en el acceso a la nacionalidad. Por ejemplo, los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí sólo necesitan dos años de residencia para obtener la nacionalidad, frente a diez de los africanos. A juicio de Izquierdo, esta diferencia de trato institucional envía un mensaje que facilita a su vez la discriminación social.

Un reciente artículo en Viento Sur, firmado por el activista por los derechos de los inmigrantes Brian Anglo, subraya cómo, después de diez años de permanencia legal en España, "muchas veces precedidos de otros tres sin papeles en la semiclandestinidad, alguien que quiere adquirir la nacionalidad española se enfrenta a dos problemas serios", que son la "lentitud exasperante" del proceso administrativo y "tener que aprobar dos exámenes del Instituto Cervantes, uno de conocimientos constitucionales y socioculturales, el otro de castellano".

La nación de origen también establece discriminaciones institucionalizadas en el acceso al derecho al voto. La estampa resultante es chocante. En las elecciones municipales sólo pueden votar –y ser votados– los ciudadanos de países comunitarios y aquellos con los que España tiene acuerdos de reciprocidad: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Trinidad y Tobago, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Es decir, mientras los trinitenses pueden votar, comunidades tan numerosas como la marroquí o la venezolana se quedan fuera.