Los delitos de odio aumentaron en España un 6,8% en 2019, con la ideología, el racismo y la xenofobia en cabeza

Los delitos e incidentes de odio aumentaron en España un 6,8% en 2019 con respecto al año anterior y con la ideología, el racismo y la xenofobia en cabeza, según el nuevo Informe de la Evolución de los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.

En concreto, el documento recoge el total de delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a lo largo de 2019 en España, que ascendieron a 1.706 frente a los 1.598 registrados en el año anterior.

De ese total de 1.706 hechos registrados, 108 corresponden a infracciones administrativas, ya que, según han apuntado desde Interior, por primera vez se ha hecho la diferenciación entre infracciones penales e infracciones administrativas.

Asimismo, y con la finalidad de promover una mayor visibilización de determinados sectores de la población que pudieran sufrir algún tipo de delito o incidente de odio o discriminación, el Ministerio ha desglosado por primera vez el "antigitanismo", entendiendo por tal toda estigmatización dirigida contra las personas gitanas.

En este contexto, del informe se desprende que el ámbito que mayor número de delitos registró en el año 2019 fue el de ideología, al haberse contabilizado 596, con un aumento de un 1,9% con respecto al año anterior.

Delitos por racismo y xenofobia, los que más aumentan desde 2018

Sin embargo, el delito de odio que más aumentó fue el de racismo y xenofobia, con un incremento del 20,9%, al pasar de 426 en 2018 a los 515 en 2019. Los otros dos ámbitos que más han aumentado durante 2019 han sido el de la orientación sexual e identidad de género, en un 8,6%, y el de personas con discapacidad, en un 4%.

Este balance estadístico y que se realiza anualmente, según explican desde Interior, tiene como objetivo "ser una radiografía fiel" de este tipo de delitos como punto de partida para una mejor respuesta en la lucha contra los mismos.

El mismo refleja que la mayoría de las víctimas que sufren este tipo de delincuencia son hombres (un 64%), y con una edad comprendida entre los 26 a 40 años (30,1%). Los menores de edad constituyen el 6,7% del conjunto de las víctimas de delitos de odio en 2019, una cifra similar a la del año 2018.

La distribución de las víctimas según su nacionalidad pone de manifiesto que en primer lugar se encuentran las de nacionalidad española, con el 72,3% del total, siendo la cifra de víctimas extranjeras un 27,7%.

En cuanto a quién comete estos delitos, el perfil del responsable detenido o investigado por los denominados delitos de odio, indica que son principalmente hombres con un 83% del total. La mayoría de los autores de estos hechos se encuadran dentro del rango de 18 a 40 años, en concreto, el 54,7%. En lo relativo a su procedencia, la mayoría de los detenidos por estos incidentes son de nacionalidad española, con un 84,7%.

Objetivo, evitar que la gente no denuncie los delitos de odio

Este informe de 2019 ha sido elaborado por el Sistema Estadístico de Criminalidad en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, organismo responsable de coordinar las medidas contempladas por el plan.

Desde el Ministerio del Interior han recordado que la Oficina depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y se constituye como la herramienta clave para el estudio y análisis de los delitos de odio, así como para impulsar la colaboración con otros departamentos ministeriales, cuerpos policiales, organismos públicos y privados, asociaciones y ONG.

"Uno de los principales propósitos de este plan es reducir la infradenuncia de delitos de odio, para lo que se están poniendo los medios necesarios que permiten poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la mayor cantidad posible de agresiones a miembros de colectivos en riesgo de ser victimizados", han recordado.

El análisis de estos datos así como las medidas adoptadas para seguir reforzando la lucha contra los delitos de odio serán presentados este miércoles en rueda de prensa por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el propio secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.