La nueva legislatura
¿Por qué importa la Mesa del Congreso? El PSOE ya negocia presidir la institución con ERC y Junts
Quedan diez días para hablar de nombres y resolver incógnitas antes de que el Congreso se constituya, el próximo 17 de agosto, y sea necesario elegir a los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja. Se trata de un órgano clave para controlar la actividad parlamentaria. Tener la presidencia y la mayoría implica más información, capacidad para impulsar o congelar iniciativas y gestionar un presupuesto que en 2023 superó los 110 millones de euros.
En una misma sesión se elige al presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara y los parlamentarios elegidos el pasado 23J son llamados uno a uno para acatar la Constitución. Con estos trámites, se dará por inaugurada la XV Legislatura. De forma paralela desde el PSOE intentan buscar el apoyo de sus aliados parlamentarios para la constitución de la Mesa.
Pertenecer al órgano de gobierno de la Cámara es como sentarse en la sala de máquinas del Congreso, el sitio del que parten todas las decisiones, del que se obtiene información de primera mano y el que marca la agenda parlamentaria. No hay arranques de legislatura en la que el reparto de puestos en la Mesa no genere tensiones, sobre todo desde que el bipartidismo pasó a mejor vida. Y la legislatura que arranca la próxima semana no es la excepción.
ERC no descarta tener un sillón en la Mesa
La votación marcará los posibles pactos de legislatura y las relaciones entre los grupos parlamentarios los próximos cuatro años, en caso de que el socialista Pedro Sánchez logre sacar su investidura adelante. El primer paso es que la presidencia del Congreso, la tercera institución del Estado, recaiga de su lado, para lo que el PSOE necesita el apoyo de Sumar, PNV, ERC y Junts, con los que ya ha empezado a negociar. Sin embargo, se trata de una batalla que también quiere dar el PP, que espera sumar sus 136 escaños con los 33 de Vox, en aras de complicar todavía más ese eventual Ejecutivo de Sánchez.
En la legislatura que ya expira PSOE y Unidas Podemos han tenido seis de los nueve puestos de la Mesa, frente a los dos del PP y uno de Vox, gracias a un acuerdo entre los socialistas y sus socios que no se produjo en el bloque de la derecha. Ahora los de Pedro Sánchez buscan tener de nuevo la presidencia —Meritxell Batet lo ha ocupado los últimos años— y dos cargos más, mientras que Sumar aspira a tener al menos otros dos. Sin embargo, la coalición de Yolanda Díaz ha abierto la puerta a ceder alguno a formaciones como Esquerra Republicana y a que la presidencia de la Cámara no recaiga del lado del PSOE.
A diferencia de hace cuatro años —ERC entonces rechazó tener un puesto en esa Mesa—, los republicanos no descartan esa posibilidad. La número dos al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha señalado este lunes que uno de esos asientos "podría pertenecer al independentismo o al PNV” y que se trata de una cuestión que "está abierta y forma parte de las negociaciones". Así, ese bloque de la investidura se garantizaría cinco escaños por los cuatro de la derecha.
Las matemáticas de las votaciones
La Mesa del Congreso está formada por la Presidencia, cuatro Vicepresidencias y cuatro Secretarías. A la Mesa le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario. Para decidir quién ocupa cada una se celebran tres votaciones. En la primera se elige la Presidencia del Congreso, en la que cada diputado deposita en secreto y en una urna una papeleta con el nombre de su candidato. En la primera ronda hace falta mayoría absoluta pero si nadie la logra, los dos nombres más votados primeros pasan a una segunda vuelta y ahí quien más apoyos recibe obtiene el puesto.
Los conservadores cuentan con 137 escaños a los que podrían sumar los 33 de Vox y el diputado de UPN, lo que les daría un total 171 votos. Los socialistas, por su parten, sumarían sus 121 escaños y los 31 de Sumar. A partir de ahí, tienen la posibilidad de recabar el apoyo de ERC (7 diputados), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), es decir, 178 papeletas. Si los posconvergentes rechazan votar a la persona propuesta por el PSOE, la situación sería de empate entre bloques y correspondería a Coalición Canaria decantar la balanza.
Una vez elegida la Presidencia, se celebra una segunda votación también de carácter secreto para elegir a los cuatro vicepresidentes. Cada parlamentario puede votar a un único candidato y se nombra a los cuatro que más papeletas cosechen a su favor. Y finalmente se repite este mecanismo para nombrar a los cuatro secretarios de la Mesa. Si en alguna votación se produjere empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.
Cuando han tenido mayoría absoluta, tanto el PP como el PSOE se han reservado cinco de los nueve puestos de la Mesa —incluida la Presidencia—con el ejemplo de las votaciones de los años 2000 y 2011. En los demás casos, se han producido negociaciones a varias bandas con formaciones soberanistas o minoritarias. Es lo que sucedió durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PSOE facilitó la presencia de Convergència e IU en 2004 y de PNV y CiU en 2008. Desde 2015, el reparto ha ido por bloques.
Es más, en 2015 y 2016 PP y Ciudadanos se garantizaron el control de la Mesa —con tres y dos puestos, respectivamente— a pesar de no tener mayoría absoluta en el Pleno, una circunstancia que explotaron intensamente durante el primer mandato de Sánchez para bloquear las propuestas del resto de formaciones, desde la reforma de la Ley Mordaza a la aprobación de una Ley de Eutanasia, e incluso boicotear la acción del Gobierno socialista.
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Una de las bazas que el PSOE tiene encima de la mesa para retener la Presidencia del Congreso es ofrecer a sus aliados parlamentarios puestos en las mesas de las comisiones, presidencias incluidas, y asegurar a ERC y Junts que podrán conformar sus propios grupos parlamentarios gracias a sus votos. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o superar los cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. ERC y Junts han logrado siete escaños cada una en las generales, pero en ambos casos hay dos circunscripciones en las que no superan el 15% de apoyos.
En concreto, ERC no cumple este requisito ni en Barcelona, donde se ha quedado con un 12,33%, ni en Girona, donde se ha anotado un 14,74%. De su lado, Junts no alcanza ese umbral ni en Barcelona, provincia en la que ha cosechado un 9,68% de apoyos, ni en Tarragona, donde su marca es un 11,08%. Sin embargo, la Mesa ha sido tradicionalmente muy flexible en la interpretación de las normas, y normalmente 'perdona' algunas de las décimas que faltan o ampara el préstamo de diputados de otros grupos.
Entre los beneficiados de esa discrecionalidad está el PNV, que se presentó entre 1979 y 2000 con sus siglas en Euskadi y Navarra. A priori, atendiendo a la literalidad del reglamento, los nacionalistas vascos habrían necesitado 15 diputados para tener grupo propio o, alternativamente, lograr el 15% de los votos en cada una de las provincias en las que concurrían. Y aunque jamás superaron ese listón –el partido nunca consiguió ese 15% en Navarra–, siempre tuvieron grupo en el Congreso.