La lentitud y las contradicciones de la estrategia de investidura de Feijóo descolocan al PP

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, el jueves en Collado Villaba (Madrid).

El paso lento que Alberto Núñez Feijóo ha impuesto a las negociaciones con otros partidos en busca de apoyos para ser investido presidente a finales de septiembre ha descolocado a muchos dirigentes del Partido Popular que no están en la cocina de Génova, el lugar en el que el equipo más próximo al candidato toma las decisiones. Desde que el rey Felipe VI le propuso como candidato a la investidura, el pasado 22 de agosto, Feijóo apenas ha movido ficha. En diez días únicamente se ha entrevistado con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle que le hiciera presidente durante dos años y dedicar ese tiempo a negociar e intentar aprobar seis pactos de Estado que el PP considera imprescindibles. Y en línea con el ritmo extremadamente lento que Génova ha impuesto, en el calendario siguen sin fecha las reuniones pendientes con Vox, Sumar, el PNV, el BNG y Junts. 

De la agenda de Feijóo solo se conocía que este lunes reuniría en la sede de Génova a sus barones en una nueva cita de la Junta Directiva Nacional del partido. En ella, a pesar de las reservas de algunos dirigentes, no se esperaba que nadie cuestionase el liderazgo del candidato, aunque sí hay quien creía que el presidente catalán del partido, Alejandro Fernández, y animados por él tal vez otros miembros de la Junta, aprovechasen para discutir la decisión de incluir a Junts en la ronda de contactos.

Porque de nada han servido las explicaciones de Feijóo y de los suyos diciendo que “hablar no es negociar” y de enmarcar el encuentro con el partido de Carles Puigdemont en el ámbito del respeto institucional y de la “normalidad democrática”. Quienes no entienden la decisión sostienen que tratar a Junts como a los demás partidos no solamente es inútil, sino que supone “blanquear” el “golpismo” de una formación que considera a España “una dictadura”.

La reunión, sin embargo, fue suspendida en la tarde del domingo a la vista de las ausencias de los barones con responsabilidades de gobierno en las comunidades más afectadas por las lluvias torrenciales de este fin de semana. En su lugar, Feijóo sí presidirá una reunión ordinaria de su comité de dirección.

A pesar de las críticas, el líder del PP mantiene su criterio. Feijóo lleva tiempo tratando de encontrar la manera de ampliar el perímetro de sus alianzas, condicionadas desde 2019 por sus cada vez más numerosos y estrechos vínculos con Vox, y en las últimas semanas ha subrayado en varias ocasiones la coincidencia ideológica en lo económico con el partido matriz de Junts —la antigua Convergència— y con el PNV. 

De momento, la estrategia no ha tenido éxito —ninguno de los dos partidos nacionalistas está dispuesto a investir al candidato del PP—, pero Feijóo mantiene la intención de que su portavoz, Cuca Gamarra, se reúna con ambos para mantener así la ficción de que todavía puede convencer a alguien y ser investido presidente.

Desgaste

Ese empeño tampoco goza de la comprensión de todos en un PP en el que no falta quien cree que Feijóo debió evitar el desgaste de una investidura condenada al fracaso y concentrarse desde el primer momento en liderar la oposición a un Pedro Sánchez dispuesto a bajar aún más el listón de las cesiones al independentismo.

La hoja de ruta de Génova desmonta el discurso del PP en Cataluña y resta credibilidad al partido cuando critica que el PSOE haga lo mismo, según los más críticos con la estrategia del candidato. E insistir en pactar con el PSOE, como hizo esta semana Feijóo en su reunión con Sánchez, no hace otra cosa que profundizar, según los mismos dirigentes, en los errores de la campaña, por los que todavía nadie ha asumido responsabilidades, haciendo creer a los electores que es posible llegar a acuerdos con Sánchez y poniendo en duda la viabilidad de una alianza con Vox. La expresidenta Esperanza Aguirre ya expresó con cierta contundencia hace un mes que ese error pudo costarle muchos votos al PP. Es además una "bisoñez" propia de alguien sin experiencia, reprochó este jueves Isabel Díaz Ayuso en un acto en Collado Villalba (Madrid) en el que pidió a Feijóo que “abra los ojos”, porque no puede esperar nada de los socialistas.

Génova, sin embargo, ha decidido hacer oídos sordos. Necesita mantener viva la oferta al PSOE para poder seguir reprochando a Pedro Sánchez su supuesta falta de respeto al resultado electoral y su voluntad de seguir en el cargo “a toda costa”.

A la dirección del PP no le preocupa en estos momentos otra cosa que conseguir que Feijóo salga bien parado de su investidura fallida. Y para conseguirlo necesitan que Vox no recule, de nuevo, como amagó hace unos días, y mantenga hasta el final su apoyo a la candidatura del PP. El peor de los escenarios para Génova es que en la votación final Feijóo no pase de los 139 votos (PP, UPN y Coalición Canaria), como ya le ocurrió a Cuca Gamarra en la sesión constitutiva de la mesa del Congreso cuando los conservadores presentaron su candidatura a la presidencia de la Cámara. Aquel revés todavía escuece en el PP y, si se repite, abrirá una indisimulable grieta en el liderazgo del expresidente de la Xunta.

Esa es la razón por la que el equipo de Feijóo se ha empleado a fondo para forzar un acuerdo en Murcia que dé entrada a Vox en el gobierno del PP, aun a costa de humillar a Fernando López Miras, como ya sucedió con María Guardiola en Extremadura. 

Desinterés

Porque, más allá de eso, Feijóo sigue sin mostrar interés alguno por las decisiones que van tomando sus barones en las comunidades que acaban de conquistar y en las que las primeras medidas se están viendo condicionadas por las posiciones extremistas de Vox, como las relativas a la violencia machista. Aunque algunas de ellas no estén haciendo más que revelar las contradicciones de un partido que hace una cosa en un territorio y la contraria en otro.

Es lo que acaba de pasar en Illes Balears, donde el Gobierno de Marga Prohens ha eliminado la exigencia del conocimiento del catalán para prestar servicios en la sanidad pública y se está planteando extender la medida a todos los funcionarios. Es una decisión que contraviene el artículo 14.3 del Estatut de Autonomía, que reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en cualquiera de las lenguas oficiales. El derecho de opción lingüística de los ciudadanos acaba de ser derogado en las islas.

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Es algo que conocen bien en Galicia, la comunidad de origen de Feijóo, donde tanto él como su sucesor, Alfonso Rueda, no han tenido más remedio que mantener la exigencia de conocer el gallego para prestar servicios en la función pública precisamente en virtud del mismo principio, avalado además por los tribunales de justicia.

Que cada barón va por libre se hizo evidente el jueves cuando el lehendakari Iñigo Urkullu hizo pública su propuesta metodológica para avanzar hacia un Estado plurinacional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, la saludó diciendo que “está bien dialogar para avanzar en autogobierno, pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución”, en línea con Feijóo, “abierto a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España”, con la libertad de poder “aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a aquello que excede la Constitución”. Una actitud en las antípodas de la reacción de Ayuso, que situó el Plan Urkullu en “la antesala de una república federal laica” que por supuesto está dispuesta a combatir. O del presidente aragonés, Jorge Azcón, según el cual la iniciativa del lehendakari es “ilegítima” e “inconstitucional” y generaría “desigualdad entre los españoles”.

A tantas diferencias y contradicciones, el PP únicamente ha sabido reaccionar diciendo que no son “una secta, sino un partido político”. Y están a otra cosa. “Nosotros no estamos ahora mismo en ese asunto”, confesó la secretaria general, Cuca Gamarra, en una entrevista en la cadena COPE el pasado viernes, restando trascendencia a “todo lo que tiene que ver con lo orgánico”. “Ahora mismo estamos en una investidura y, por tanto, no estamos en ello ni hay abierto ningún proceso congresual en estos momentos en ningún sitio en España”, aseguró en referencia a las opiniones críticas del presidente del PP en Cataluña.

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