Ayuso sólo ha pagado una parte del 20% de las ayudas al alquiler financiadas por el Gobierno de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes del comienzo del pleno en Madrid, este jueves.

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho, hasta ahora, el pago de ningún bono joven del alquiler al completo. Nadie ha recibido la ayuda correspondiente a 2023 a pesar de que el gobierno central ingresó la partida para las subvenciones en junio del año pasado. Sólo ha llegado la primera parte de la ayuda, correspondiente a 2022, a 2.100 beneficiarios de los 11.147 que la tienen concedida. En concreto, el Ejecutivo regional ha desembolsado a día de hoy 5 millones de los 63,6 millones que se destinan a la ayuda. La Comunidad de Madrid prevé que en poco más de un mes terminen de ingresar las 9.000 subvenciones que aún están pendientes. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha justificado este jueves en el pleno de la Asamblea que el retraso en los pagos se debe a que el Real Decreto regulador "nació lleno de imprecisiones".

La ayuda es una propuesta del Gobierno central que concede 250 euros al mes durante dos años para los jóvenes de hasta 35 años de rentas bajas que sean arrendatarios, por un total de 6.000 euros. Son financiadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pero las ejecutan y gestionan las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid fue de las últimas en abrir el plazo de solicitudes y aprobó el último listado de beneficiarios en junio. La ayuda podía solicitarse si la renta del alquiler era inferior a 600 euros para pisos completos y 300 euros para habitaciones, pero el ejecutivo regional amplió el límite a 900 y 450 euros, respectivamente, en 29 municipios.

Los afectados se organizan a través de un grupo de Telegram que abrieron el pasado mayo tras el anuncio de la Comunidad de que se empezarían a hacer los primeros pagos. Una vez pasadas las elecciones autonómicas del 28M, el portal de solicitudes borró este anuncio. Ana López, portavoz del grupo, denuncia que nadie haya cobrado hasta ahora el bono íntegro: "Los que han recibido algo, sólo ha sido el periodo correspondiente a 12 meses máximo", cuando esta ayuda abarca 24.

El Gobierno de la Comunidad continúa con el pago congelado de más de 1.100 solicitudes bajo el requerimiento de aportar nueva documentación. El plazo para solventar estos errores terminaba el 8 de agosto, pero a día de hoy los solicitantes siguen sin conocer si finalmente se les concederá la ayuda. La única opción que tienen para reclamar es a través del número 012 , que se dedica a atender cualquier consulta relacionada con trámites y servicios de la Comunidad.

Según el calendario de pagos de la Comunidad, después de abonar la subvención correspondiente a 2022 se hacen pagos cada seis meses. La Consejería señala que la tramitación de esta ayuda es lenta porque se ajusta al real decreto del Gobierno central y por el alto volumen de solicitudes que han recibido: hasta 51.000 solicitantes. Vivienda tilda de "compleja" la gestión porque exige plazos periódicos y diferentes fechas de concesión.

Sergio López Valladare, presidente del Consejo de la Juventud de Madrid (CJCM), señala que llevan desde julio sin conocer avances en la previsión de pago más allá de las preguntas escritas que han formulado a través de los partidos de la oposición. La semana pasada volvieron a pedir una reunión para conocer cuál era la situación, qué estimación de plazos se prevé y qué dificultades se están encontrando. Desde el organismo critican la gestión que está haciendo el Gobierno autonómico y piden mayor transparencia y urgencia en la concesión de estas subvenciones.

Alejandra Jacinto, portavoz de vivienda en Sumar, también insiste en que al Ejecutivo de Ayuso "no le parece una prioridad" y tacha de "maltrato institucional" la gestión. Además, considera que las ayudas, "por si solas", pueden disparar los precios de alquileres si no estos no se regulan.

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Ana López, que además es beneficiaria de esta ayuda, critica las trabas burocráticas que la Comunidad impone para efectuar la solicitud. Cuando el portal de Vivienda abrió el plazo, López se apresuró a efectuar el procedimiento en las primeras horas porque, según recoge la normativa, los pagos se hacen en función del orden de recepción de las solicitudes. La documentación que exigían costaba dinero: "Todos los que solicitamos la ayuda tuvimos que pagar 10 euros para la nota del registro de la propiedad", lamenta.

El consejero de Vivienda, en su respuesta en el pleno de la Asamblea a Jorge Moruno, portavoz de vivienda de Más Madrid, ha acusado al Gobierno Central de usar esta ayuda como "arma electoral", a pesar de que el Ministerio las aprobó en enero del año pasado, mucho antes de las elecciones.

Ante la oleada de quejas, la Consejería de Vivienda sostiene que está haciendo "un esfuerzo ímprobo de medios humanos y económicos" para que las cantidades puedan ser abonadas cuanto antes.

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