Perú: siete presidentes en diez años

Si la inestabilidad política de los países se midiera con el número de presidentes en los últimos diez años, Perú podría calificarse como el más inestable del mundo con siete de ellos: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

El último, un maestro rural que ganó las elecciones en 2021, fue detenido el 7 de diciembre de 2022 y encarcelado sin juicio tras anunciar la disolución del Congreso y decretar un Gobierno de excepción. Estaba a punto de afrontar su tercera moción de vacancia presidencial en año y medio, pero había indicios de que esta vez se reunirían los 87 votos necesarios para desalojarlo del poder.

Laura Arroyo García, politóloga peruana que vive en Madrid, rehúye de lo que la mayoría de medios de comunicación calificaron como ‘autogolpe de estado’ al compararse con el de Alberto Fujimori en 1992.  

“Mientras Fujimori hacía su anuncio a todo Perú estaban las tropas y los tanques afuera del Congreso de la República para defenderlo, a Pedro Castillo ya iban a buscarlo las fuerzas armadas para llevarlo a prisión preventiva. No podemos llamarlo ‘autogolpe’ porque no tenía apoyo”, dice la analista. 

La periodista peruana Jacqueline Fowks atribuye parte de la inestabilidad política de Perú al abuso de las mociones de censura por incapacidad moral. Hasta 2020, sólo se había utilizado para romper con la parálisis política a la que también Alberto Fujimori había sumido a su país con su renuncia desde Japón en el año 2000.

Mano de hierro de Dina Boluarte

Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, asumió el poder después de que el congreso archivara la denuncia que había hecho contra ella por un caso de corrupción y conflicto de intereses, algo que Fowks no considera una casualidad. La periodista considera factible que haya habido una negociación para que ella accediera al poder a cambio de concesiones parlamentarias a la derecha y a ciertos grupos de poder. 

Aunque el encarcelamiento de Castillo echó gasolina al fuego, los analistas consultados para este reportaje coinciden en que la inestabilidad viene de atrás. Desde diciembre del año pasado han muerto decenas de personas por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, con miles de heridos y encarcelados. 

“Mucha gente no denuncia la violencia por miedo a mayores represalias por parte de las fuerzas policiales y del ejército”, sostiene Pepe Mejía, portavoz del colectivo Peruanos y Peruanas en Madrid, que sitúa la cifra en 80 muertos como lo hace Amnistía Internacional. 

Exigencias de los manifestantes

Cerca del 90% de la población desaprueba al Congreso y el 80% a Dina Boluarte. Los manifestantes exigen la renuncia inmediata de la presidenta, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, los expertos consultados para este reportaje coinciden en que no bastan nuevas elecciones si cada presidente puede estar en el alambre de un ‘impeachment’ como Pedro Castillo.

También hay voces que exigen la creación de una nueva asamblea constituyente hacia una nueva Constitución, algo que Castillo perfilaba durante su mandato y que provocó parte de la reacción en su contra por parte de una oposición temerosa de perder sus privilegios.

Fowks y Arroyo identifican a los medios de comunicación como aliados clave de la derecha y de los grupos de poder que la apoyan. 

“La prensa en Lima atribuía todo mal a Pedro Castillo, de todo lo culpaban. No hace lo mismo con Dina Boluarte y, por otro lado, se refiere a los manifestantes como ‘aliados del terrorismo’ y ‘enemigos de la paz’”, dice Fowks. Para esta periodista, la solución a esta inestabilidad política pasa por una profunda reforma en los cuerpos de seguridad del estado, tanto policía como ejército y un saneamiento de los poderes del estado.

Mejía vislumbra la esperanza de futuro en las organizaciones populares y a un pueblo organizado frente a la izquierda institucional. “A largo plazo, se necesita una mejor representación. Es muy caro participar en política”, dice Fowks, con lo que coincide también Arroyo, pues el sistema actual impide que las personas alejadas de Lima y de las capitales de provincia tengan una participación en las políticas reales del país. Esta falta de participación embona con el racismo en Perú, donde viven más de 4 millones de personas indígenas que conforman 55 pueblos que hablan 47 lenguas. El país andino votó en 2007 a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Racismo en Perú

Fowks sitúa parte del origen de ese racismo a la respuesta que se dio en los años ’80 al grupo armado Sendero Luminoso.

“Les dieron a las fuerzas armadas manos libres para combatirlo sin ninguna supervisión. Si para matar a un terrorista arrasaban con un pueblo entero, daba igual”, dice la periodista, que cifra la violencia en casi 70.000 víctimas, 79% de ellas indígenas de habla quechua en situación de pobreza y campesinos.

La periodista afirma que la brutalidad policial y de las fuerzas armadas se repiten en la actualidad. Amnistía Internacional confirma el sesgo racial de la violencia en su informe ‘Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’.  

Postura de España

Mejía y Arroyo García.  coinciden en su reproche al gobierno de España no haberse pronunciado sobre el conflicto en Perú y utilizan la misma expresión: “se han puesto de perfil”.

Para Mejía, esto tiene que ver con los intereses geoestratégicos de España en Perú a través de empresas extractivas contra las que la sociedad civil también se ha levantado desde hace años, y que se benefician de la inestabilidad política del país andino. 

El portavoz de Peruanxs en Madrid destaca el apoyo explícito recibido por miembros de Podemos, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana y de EH Bildu.

El Partido Popular no se ha pronunciado y Vox también elevó exigencias al gobierno, aunque en sentido contrario: un apoyo expreso al gobierno de Dina Boluarte. En los últimos meses, representantes del partido de extrema derecha han visitado Perú y otros países de América Latina para propagar las ideas de la Fundación Disenso, su particular think tank. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, también hizo referencia a ese supuesto indigenismo, al que tildó de “nuevo comunismo”.

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“Perú puede convertirse en un patio de entrenamiento de lo que puede ocurrir en otras partes del mundo ante el avance de la extrema derecha”, dice Arroyo. Por su parte, Mejía afirma que España debe tomar partido por la verdadera democracia en Perú.

“La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, España no puede permitirse que un país tan cercano en historia y cultura tenga una dictadura”, dice el portavoz de Peruanxs en Madrid, que así califica al régimen presidencialista “que tiene copado” al congreso y al poder judicial, con el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas. 

En España viven 265.000, según datos del INE de 2022, de los cuales casi 144.000 tienen doble nacionalidad con posibilidad de votar tanto en elecciones generales como locales. Arroyo los invita, así como al público interesado en su país, a consultar medios como Wayka y al trabajo de periodistas como la propia Fowks.