Los ingresos de la ultraderecha
La Fiscalía rechazó investigar la financiación opaca de Vox que el Tribunal de Cuentas pone ahora bajo sospecha
Las donaciones opacas, uno de los pilares del informe con que el Tribunal de Cuentas (TCU) ha puesto bajo sospecha la financiación de Vox, ya centraban en junio de 2021 una denuncia que la Fiscalía de Madrid archivó con rapidez tras el verano de aquel año a través de un decreto cuyos argumentos se ha negado este miércoles a revelar.
Como publicó el martes infoLibre, la auditoría oficial del máximo órgano fiscalizador no solo desvela que Vox copó en 2019 un tercio (1,56 millones) del total de donaciones recibidas por los 32 partidos sujetos a fiscalización, sino que ese año ingresó “a través de cajeros automáticos” 311.947 euros declarados como producto del merchandising destinado a las “mesas de información”. A la luz de esos datos –se lee en el informe del TCU– “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 5.1 a) de la LOFPP [Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos] al no haber sido identificados los posibles donantes". El artículo 5.1.a de la ley de financiación política prohíbe taxativamente las donaciones anónimas.
Formulada ante el Tribunal de Cuentas en mayo de 2021 por un partido pequeño y en la práctica ahora inactivo, Alianza Cívica, el fiscal adscrito a la institución infirió que la denuncia podía tener alcance penal y no administrativo. Y la derivó el 7 de junio a la Fiscalía Provincial de Madrid. La Fiscalía incoó formalmente diligencias de investigación, dejó pasar el verano y el 9 de octubre las archivó. infoLibre no ha logrado ahora localizar a los denunciantes. Ni ha conseguido que la Fiscalía precise cuáles fueron los argumentos para dar carpetazo al caso así como qué diligencias se practicaron.
La denuncia de 'pitufeo'
Los denunciantes habían aportado documentos internos de Vox en apoyo de sus afirmaciones sobre la supuesta existencia de donaciones ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos. Como recuerda ahora el Tribunal de Cuentas, 300 euros es la cifra que marca el “umbral de identificación obligatoria” de quien efectúa el ingreso.
Uno de los anexos adjuntos a la denuncia y a su posterior ampliación a finales de mayo de aquel año abordaba exactamente esa cuestión. Se trataba de un documento interno atribuido a Vox Alicante, cuyo logo aparecía en la parte superior del foliado y con signos de haber sido extraído de los archivos informáticos del partido.
Titulado Guía para realizar los ingresos y donaciones en las cuentas del Partido Político Vox, los denunciantes sostenían que su texto evidenciaba lo que sigue: “la intención de eludir el control del erario público mediante las microdonaciones realizadas en metálico que se mantendrían de forma artificial siempre por debajo de las cantidades que por ley deben declararse o de la exigencia legal de identificar a los donantes”. Es decir, por debajo de los 300 euros que ahora define el Tribunal de Cuentas como la frontera entre el anonimato y la identificación forzosa.
De hecho, uno de los puntos de la guía alicantina daba a los afiliados instrucciones en ese sentido. Bajo el epígrafe “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas y tardes de Vox (Huchas)” se leía esto: “Límite MÁXIMO de 299.-€ por acto”.
Más abajo y tras reproducir el número de la cuenta donde deben realizarse los “ingresos de mesas informativas”, se lee esto otro, también en mayúsculas: “El ingreso de la hucha debe ser un ingreso en efectivo nunca por transferencia”. Y ahora ya de vuelta a las minúsculas, los autores de la guía explican por qué las transferencias quedan vetadas: “La no observación de estas normas implica la pérdida del 100% de las donaciones (devolución al erario público) que no estén debidamente identificadas y con arreglo a la norma arriba expuesta”.
La lotería fragmentada
La coincidencia entre las referencias de la denuncia de 2021 al pitufeo y las que sobre las donaciones opacas efectúa el tribunal auditor –las memorias de las cuentas anuales de Vox “no incluyen la relación de donaciones privadas prevista” por la normativa legal, llega a decir el informe– no es la única.
Los denunciantes abordaban el asunto de la Lotería como otra herramienta de financiación opaca. E ilustraban su afirmación adjuntando un documento que aparecía signado por un candidato de las listas de la Comunidad Valenciana en 2019 y cuyo nombre omite este medio dado que en ningún momento ha logrado contactar con él.
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Pero lo que ese papel dice es que en una determinada provincia de esa comunidad la venta de 345 décimos generó un beneficio de 1.725 euros que se ingresaron en una cuenta del partido a través de seis operaciones: todas ellas por debajo de los 300 euros. El documento aportado se completaba con la fotocopia de un recibo bancario sobre el primero de esos seis ingresos en efectivo.
Lo que ahora señala el Tribunal de Cuentas es que “la formación no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería” y que, en consecuencia, “no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos”.
La denuncia de 2021 incorporaba referencias a los testimonios de antiguos dirigentes de Vox sobre los métodos para "el presunto blanqueo de ingresos opacos o fracción de donaciones". Entre aquellos exaltos cargos dispuestos a declarar, la denuncia incluía a Juan Jara, quien en 2016 había ocupado el cargo de vicepresidente primero del partido. Tal como él mismo confirmó este miércoles a infoLibre, la Fiscalía nunca llamó a Jara para prestar testimonio.
