La polémica amnistía británica que incluye delitos de sangre
El Parlamento británico aprobó a principios de septiembre la ley de amnistía (de Legado y Reconciliación) que pretende, según sus ponentes, “trazar una línea” para dejar atrás lo que se dio a conocer como los troubles, las décadas de terrorismo norirlandés, católico y protestante que acabó a finales de los años 90 con los Acuerdos del Viernes Santo.
La ley supone un giro copernicano en la forma en que el Reino Unido ha manejado desde finales de los años 90 las consecuencias de aquellas décadas de terrorismo y de crímenes de Estado contra los grupos terroristas y, en algunas ocasiones, contra el nacionalismo político. Los años de procesos judiciales acaban inmediatamente y los más de 1.000 delitos todavía por investigar, entre los que hay crímenes de sangre, nunca tendrán proceso penal regular y una condena penal. A cambio, la ley establece la creación de una Comisión Independiente de Reconciliación y Recuperación de Información (ICRIR, en sus siglas en inglés) que será la responsable de aprobar la amnistía. Su objetivo no es condenar a los culpables de delitos sino hacer toda la luz posible sobre esos delitos. Quienes no cooperen con ese órgano estarán fuera del marco de la amnistía.
La ley es criticada de todas partes. Se oponen a ella (y es rarísimo un acuerdo así) los cinco mayores partidos políticos norirlandeses, entre los que hay tanto nacionalistas católicos como unionistas protestantes. Se ponen las asociaciones de víctimas y de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, todo el arco político irlandés y la oposición política británica. Se opone a parte de la ley el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno estadounidense (que fue uno de los garantes internacionales de los acuerdos de paz y que, con Joe Biden tiene a un presidente de ascendencia irlandesa) y Naciones Unidas. La crítica principal es que las familias de las víctimas nunca recibirán justicia y que viola convenciones internacionales de derechos humanos de las que el Reino Unido es signatario.
La ley sólo la defiende el actual Gobierno británico (conservador) y asociaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales británicas, que también verán cómo sus miembros que cometieron crímenes en Irlanda del Norte serán amnistiados para siempre. Esas amnistías, tanto a militares y policías como a terroristas, algunos con sangre en sus manos, es el aspecto más criticado de toda la ley. Sus críticos aseguran que elimina la responsabilidad penal sin siquiera obligar a participar en esa comisión de reconciliación.
El Gobierno británico asegura que el sistema actual, con el que se iba haciendo justicia (o no) a cuentagotas, arrastraba los procesos durante demasiado tiempo y empezaba a llegar a sus límites porque de algunos crímenes era ya muy difícil encontrar testimonios (de algunos han pasado más de 50 años) y pruebas. Algunos procesos se abrían y cerraban continuamente sin encontrar salida. Los críticos dicen que si no se hizo justicia entonces fue porque los procesos judiciales carecieron de efectividad, no se investigaron nunca en serio los crímenes cometidos por militares o el servicio secreto británico y que lo que busca el Ejecutivo de Londres es sus soldados retirados y sus servicios secretos queden impunes.
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El Gobierno, por su parte, asegura que es la única forma de que las familias de las víctimas reciban más información de la que tienen hoy, si testigos de hechos de la época saben que pueden testificar sin que su testimonio les genere consecuencias penales, para ellos o para otros. El ministro para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, defendió la ley diciendo que “no es perfecta y ningún intento de enfrentar el legado de los troubles nunca lo será, pero nos presenta una oportunidad real de reunir más información y de reconocer a las víctimas y sus familias”.
La entrada en vigor de la ley a mediados de septiembre significa que no habrá nuevas investigaciones judiciales y que las que están en curso tienen hasta el 1 de mayo de 2024 para concluir sus trabajos. 80 casos, los más complejos, podrán seguir su curso. La ley está todavía al albur de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (órgano no dependiente de la UE y del cual el Reino Unido sigue siendo miembro). El Gobierno irlandés estudia si lleva al Estado británico ante la Justicia internacional para intentar anular la ley. Los laboristas, en la oposición, prometen anularla si llegan al poder dentro de poco más de un año.
Lo que ninguno de todos sus críticos ha alegado nunca es que tal decisión, que hace que más de 1.000 delitos, algunos de ellos crímenes de sangre, sea una invasión del legislativo en las competencias del judicial y por lo tanto una violación de la separación de poderes y del Estado de derecho.
