100.000 euros por hectárea: Ribera indemnizará a los agricultores de Doñana para que Moreno retire su ley

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han cerrado este lunes el esperado acuerdo para proteger el Parque Nacional de Doñana, que sufre desde hace décadas una extracción masiva de agua que ha dejado sus acuíferos bajo mínimos. El pacto se basa en una inversión de 350 millones de euros de fondos estatales en 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz para que los profesionales andaluces abandonen la agricultura y reduzcan la presión sobre el entorno, ya sean de regadío o de secano. En concreto, quienes renuncien a su cultivo y devuelvan el suelo a su estado original recibirán 100.000 euros a lo largo de diez años por hectárea transformada. El programa presentado hoy se suma a otros 356 millones comprometidos el año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica para reparar los daños ambientales en el parque. La Junta aportará otros 700 millones de euros, por lo que la región tendrá unas inversiones de más de 1.400 millones entre 2023 y 2027.

"Nos comprometemos a ofrecer alternativas e invertir en el territorio y las personas que habitan Doñana. Sabemos que es importante trabajar para que los vecinos disfruten el valor añadido que representa este parque, el humedal más importante de la Unión Europea", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa. Juanma Moreno, el presidente andaluz del PP, ha dejado claro que su objetivo era garantizar un futuro a los agricultores de la zona, aunque también ha agradecido a los grupos ecologistas su participación en el proceso. "Teníamos claro que cualquier acuerdo debía dar una salida a los agricultores de la Corona Norte, teníamos un compromiso con ellos".

Ribera ha dejado claro que no retirará las multas a quienes tengan pozos ilegales, y que la Confederación Hidrográfica seguirá cerrando pozos irregulares. "Habrá amnistía para Doñana, no para el regadío ilegal", ha señalado, aunque no ha aclarado si estos profesionales acusados de extraer agua ilegalmente podrán acogerse también a las ayudas. De los 100.000 euros que recibirán, 70.000 euros serán aportados por el Gobierno central, 20.000 por la Junta de Andalucía y 10.000 por la Diputación de Huelva, y se ingresarán a razón de 20.000 euros anuales durante cinco años. A cambio de acceder a esta subvención, tendrán que mantener el suelo reforestado durante al menos 30 años. Otra salida para quienes tengan tierras de regadío será sustituir el cultivo (generalmente de fresas), por un sistema de agricultura ecológica o por un cultivo de secano, de forma que el consumo de agua caiga de manera drástica. Quien opte por estas dos opciones recibirá una cuantía mucho menor: 12.500 euros para transformación a secano y 5.000 para reconversión a un modelo ecológico.

Este apoyo al sector primario irá acompañado de inversiones en infraestructuras hidráulicas, vivienda, impulso industrial y cultural, y se creará la marca llamada "Reserva de la Biosfera de Doñana" para mejorar la imagen de los cultivos producidos en la región de cara al exterior, después de que en los últimos meses se haya minado su percepción en el extranjero. Moreno ha citado la construcción de hasta seiscdepuradoras en Andalucía para garantizar el acceso al agua, así como un impulso a la integración de la energía renovable y la mejora de la habitabilidad para los temporeros que viajan cada año al entorno de Doñana para trabajar en el campo.

El anuncio llega tras meses de enfrentamiento público entre la ministra Ribera (PSOE) y el presidente andaluz del Partido Popular, y supone un hito en la política de Doñana, el humedal más grande de Europa y un espacio reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El choque entre el Gobierno central y la Junta se agudizó en enero de 2022, cuando PP, Vox y Ciudadanos presentaron dos proposiciones de ley para legalizar pozos ilegales de agricultores de la fresa ubicados alrededor del paraje. Esta zona ya sufría una sobreexplotación de sus acuíferos desorbitada, y la normativa empeoraría aún más la situación, pero tras meses de tira y afloja entre la Junta y Transición Ecológica, Moreno ha desechado la idea a cambio de este nuevo plan presentado hoy. 

Moreno y Ribera han recorrido este lunes el parque a la altura del municipio del Rocío, en Huelva, y se han fotografiado juntos para escenificar el acuerdo, que tiene tanto una importante dimensión ecológica como política, ya que la tensión entre el PP y el PSOE ha alcanzado cotas nunca vistas en las últimas semanas a raíz de la tramitación de la Ley de Amnistía.  

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La negociación del acuerdo ha llevado algo más de lo esperado, puesto que debería haber sido presentado durante la primera semana de noviembre, tal y como los dos políticos se comprometieron el pasado 3 de octubre, cuando se dieron 30 días para buscar una solución para Doñana. La negociación se ha llevado a cabo bajo un extremo secretismo, ya que cualquier filtración del contenido podía haber hecho saltar por los aires el pacto. Los agricultores, unos de los protagonistas del acuerdo, ya dijeron al día siguiente de comenzar las conversaciones que no iban a aceptar las bases planteadas por Teresa Ribera, que no daba margen a legalizar ni un solo pozo irregular. Los ecologistas tan solo pudieron aportar un documento con propuestas hace casi dos meses, para después quedar apartados de las conversaciones. 

El programa presentado este lunes se suma al Marco de Actuaciones para Doñana que presentó el Ministerio de Transición Ecológica en noviembre del año pasado, con un presupuesto de 353,6 millones de euros y que tiene un objetivo puramente medioambiental. Dentro del Marco de Actuaciones del año pasado se incluyen 100 millones de euros para comprar fincas de regadío y cerrar sus grifos para recuperar poco a poco el nivel de los acuíferos que están debajo de Doñana. La cantidad de agua es tan baja que apenas tiene fuerza para emerger, y solo el 10% de las lagunas superficiales están este año en buen estado.

Con estos dos programas se pretende poner fin de una vez al proceso sancionador que abrió Bruselas el año pasado contra el Estado por el maltrato a Doñana, que por ahora no ha resultado en multas. Previamente, en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no proteger el parque de las extracciones de agua ilegales. Se calcula que todavía alrededor del 2% de las fincas siguen extrayendo ilegalmente agua del acuífero, principalmente sobre la masa de agua de La Rocina, en Huelva. Hasta la fecha, la Confederación ha cerrado 490 pozos legales y 200 ilegales, y quedan otros 500 en total. El objetivo de Teresa Ribera es cerrarlos todos entre 2024 y 2025.