Ada Colau fue víctima de ‘lawfare’: una jueza confirma el uso político de la justicia que hizo un fondo buitre

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau suma desde este jueves un nuevo carpetazo a su largo historial de denuncias y querellas en los juzgados. Esta vez, contra la que interpuso el fondo de inversión Vauras acusándola de coacciones. La jueza considera que tales amenazas no sólo no existieron, sino que el fondo buscaba sacar rédito del “efecto mediático” por sus discrepancias con la política de vivienda de los comunes. Pero no es el único caso. Con éste, suman ya quince los procesos judiciales en los que se ha visto sumido el anterior equipo de gobierno y que se han acabado archivando. 

Quince causas enarboladas por fondos, empresas, hoteles y rivales políticos, insatisfechos con las decisiones del consistorio que lideraba Colau y que, a lo largo de los últimos años, han tratado de torpedear por la vía judicial algunas de las medidas estrella del anterior ejecutivo municipal: desde vivienda social a la gestión del agua, las zonas de bajas emisiones o la suspensión de relaciones de Barcelona con Tel-Aviv. 

Por ahora, ninguna ha llegado a juicio, pero el desgaste político es evidente. Sin ir más lejos, en el marco de la causa archivada hoy por el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Colau tuvo que declarar como imputada a dos meses de las elecciones municipales del pasado mayo, en las que su candidatura quedó a tan sólo 141 votos del PSC. 

Es precisamente ésta la reivindicación que ha hecho tras tras conocerse la noticia: cuestionar si la investigación y su declaración en los juzgados influyó en el apretado resultado de los comicios. “Esto es el famoso ‘lawfare’ o guerra judicial del que tanto se ha hablado. Al final todo se archiva, pero el daño está hecho (...) ¿Qué habría sucedido sin todos los titulares de ‘lawfare’ y mi imagen yendo a declarar al juzgado en los medios de comunicación?”, ha señalado.

El pulso de un fondo

Pero recapitulemos. El caso se remonta a marzo de 2020, cuando fueron desahuciadas seis familias vulnerables que ocupaban el conocido como Bloc Llavors, un inmueble con pisos de protección oficial ubicado en el barrio del Poble-sec de Barcelona que había sido adquirido en 2016 por el fondo de inversión Vauras Investment. El objetivo de la firma era claro: comprar pisos para reformarlos y revenderlos a un precio mayor.

Por ese entonces Vauras se hizo con más de una decena de inmuebles por toda la ciudad, en un conjunto de operaciones que no estuvieron exentas de polémica, como la del edificio de la calle Leiva 37, en el barrio de Sants. Allí el Ayuntamiento acabó haciendo uso de su derecho de tanteo y retracto para evitar que los inquilinos fueran expulsados. 

Además, tal como consta en el Registro Mercantil, desde 2015 Vauras estaba capitaneado por Barcelona Invest Oy, un instrumento creado por la también finlandesa Confido Capital para invertir en la capital catalana en operaciones con “excelente relación rentabilidad-riesgo”. Y en un artículo publicado en su página web explican de manera diáfana su sentir con la “política muy negativa hacia los promotores inmobiliarios” que a su juicio impuso Colau. “Se consideró que el mercado era atractivo porque los valores se habían reducido a la mitad desde el comienzo de la crisis financiera, (...) pero a medida que los problemas políticos se agravaban, la sociedad gestora del fondo dejó de comprar propiedades” porque “no había posibilidad de alcanzar los rendimientos objetivo”. “Los problemas políticos se centraron especialmente en la situación y la política local en Cataluña, donde el alcalde elegido en el momento de la fundación del fondo empezó a aplicar una política muy negativa hacia los promotores inmobiliarios y los operadores hoteleros”, sostiene el fondo.

Tras el desalojo del Bloc Llavors, el Ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra la propiedad por incumplir la normativa que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos, que tenían un informe de exclusión residencial.

El fondo reaccionó querellándose contra Colau y los concejales Lucía Martín y Marc Serra por coacciones y prevaricación, pero el juzgado archivó el caso con el beneplácito de la Fiscalía. Un año y medio después y tras un recurso, la Audiencia de Barcelona ordenó que se investigara a la exalcaldesa y a su equipo para esclarecer si los comunes amenazaron a Vauras con no concederles licencias de obras en otros inmuebles si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias desahuciadas de la calle Lleida.

Finalmente, Colau tuvo que ir a declarar el pasado marzo en medio de una gran expectación mediática. Fue la segunda vez que lo hizo, después de que el año anterior se presentara en los juzgados por otra causa, aún abierta, relacionada con la adjudicación de subvenciones. Su declaración ocupó titulares, portadas y tertulias. Sin embargo, la conclusión es contundente. 

Aprovecharse del “efecto mediático"

La magistrada Carmen García considera que el fondo Vauras se querelló contra Colau y su equipo —entre quienes figuraba también la responsable del departamento de disciplina de vivienda e Inspección— por “fines ajenos al del procedimiento penal”, con el solo objetivo de aprovecharse del “efecto mediático que supone involucrar a un partido político en un procedimiento penal” debido a las discrepancias políticas y a sabiendas de que no tuvo ninguna participación en los hechos. La juez entiende que la propiedad emprendió acciones penales contra Colau “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato”.

“Ni hubo presiones ni hubo resoluciones dictadas injustamente”, zanja la magistrada.

La jueza archiva la querella de un fondo contra Colau porque solo busca "efecto mediático"

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Más allá de esta causa, a los comunes de Barcelona les quedan aún otras tres abiertas, en dos de las cuales figura como investigada Colau. La más relevante es la que presentó el exarquitecto jefe del PSC Josep Antoni Acebillo contra la peatonalización de las ‘supermanzanas’. Pero permanecen activas otra más por la adjudicación de subvenciones a entidades como la PAH o Ingeniería Sin Fronteras en las que la Fiscalía no vio delito y una tercera de la inmobiliaria Juninmo por presuntas presiones.

A ello hay que añadir la investigación contra el actual diputado de En Comú Podem y exconcejal de Emergencia Climática de Barcelona Eloi Badia por la contaminación de una planta incineradora de residuos en el Besòs.

Paralelamente, el Bloc Llavors se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda en Barcelona, lo que se ha visto reforzado tras otros dos desahucios más. En 2021 la policía desalojó a tres vecinos —uno de los cuales contaba con un informe de vulnerabilidad— con un macrodispositivo que fue muy cuestionado, en parte por la presencia de miembros de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. El último desahucio fue el pasado mayo, cuando fueron expulsados dos vecinos que ocupaban uno de los pisos de la finca y pedían un alquiler social.