Bin Salman pone en marcha otra vez la lavadora de imagen de Arabia Saudí gracias a la Supercopa
Corría el año 2019 y Luis Rubiales, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaba pletórico uno de los grandes cambios de su mandato: la Supercopa de España, un torneo denostado y casi sin interés que hasta entonces estaba ubicado a principio de temporada y en el cual se enfrentaban el campeón de la Liga y de la Copa del Rey, iba a sufrir una transformación radical. De jugarse en agosto, el torneo iba a pasar a llevarse a cabo a mitad de temporada, en el mes de enero y con un formato revolucionario: de ser una final a doble partido iba a pasar a ser una final four con 4 equipos que pelearían el trofeo a partidos a vida o muerte.
Sin embargo, este cambio tenía un trasfondo oscuro que escapaba de lo estrictamente deportivo. La nueva Supercopa iba a jugarse a más de 6.000 kilómetros de distancia de territorio español en un país regentado por un régimen dictatorial que rechazaba flagrantemente los derechos humanos: Arabia Saudí. “Vamos a ir encantados a colaborar con la Federación de Arabia Saudí", "las mujeres y hombres acudirán al estadio en plena igualdad" y "podíamos optar a hacerlo en otro país y darle la espalda a los mujeres y hombres que viven en Arabia Saudí o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse”, eran algunas de las justificaciones que el por entonces presidente de la federación daba para explicar su polémica decisión.
Por entonces, la RFEF aseguraba que, pese a las violaciones de derechos en Arabia Saudí, la entidad había incluido en el acuerdo para el traslado de la Supercopa “ciertas materias de índole social” para “ayudar” a la transformación del país. Sin embargo, y pese a esas promesas y buenas intenciones de Rubiales, cuatro años después de la primera final del torneo jugada en suelo árabe, y según denuncian entidades pro derechos humanos como Amnistía Internacional, la situación en el país no ha cambiado prácticamente y, en algunos casos, incluso ha ido a peor.
De hecho, lejos de ser una oportunidad de transformar el país, la Supercopa se ha convertido durante sus cuatro ediciones en un engranaje más de la enorme maquinaria de sportswashing (o lavado de imagen del deporte) del régimen de Mohammed Bin Salman. Desde que el príncipe heredero empezara a ganar poder a partir del año 2017, Arabia Saudí se ha centrado en intentar mejorar su imagen de cara al exterior con millonarias inversiones que van desde albergar eventos deportivos de gran renombre como la Fórmula 1 o la propia Supercopa o fichar a superestrellas mundiales como Cristiano Ronaldo para que jueguen en equipos de su liga doméstica, hasta la compra de clubes tan importantes de la Premier League como el Newcastle. Todo ello como parte de una estrategia llamada Visión 2030, que busca en esta década diversificar la economía del país, muy dependiente del petróleo.
Sin embargo, detrás de esas millonarias inversiones, se esconden unas vulneraciones de derechos humanos que, pese a las tímidas medidas de igualdad desarrolladas por Bin Salman de cara al exterior, siguen siendo mayúsculas. “Hay cuestiones en las que ha habido muy pequeños avances, como por ejemplo en derechos de las mujeres. Ahora se permite su entrada a estadios, conciertos y otros lugares públicos en condiciones de igualdad pero siguen sujetas a la tutela masculina, lo cual las obliga a dejar en manos de un pariente varón decisiones como elegir con quién casarse o qué estudiar”, describe Carlos de las Heras, experto de Amnistía Internacional en Arabia Saudí y deporte.
Uno de las situaciones más críticas para las mujeres en Arabia Saudí sucede cuando sufren algún tipo de abuso o violencia de género. Pese a que el país ha puesto en marcha mecanismos para denunciar este tipo de delitos, Amnistía critica que, si una víctima tiene que huir de su casa a causa de una situación de violencia de género y entrar en un centro de acogida, tiene que pedir permiso para hacerlo a su tutor legal que, en muchas ocasiones, es su agresor.
Por otra parte, Arabia Saudí también está invirtiendo, como parte de su estrategia de lavado de imagen exterior, en centros de entrenamiento para mujeres futbolistas y en la contratación de personal técnico de primer nivel de fútbol femenino. De hecho, el exentrenador del Barça Lluis Cortés se ha convertido recientemente en el seleccionador del combinado nacional y, además, la propia RFEF ha firmado un acuerdo de intercambio de experiencias con la federación saudí en materia de fútbol femenino que incluye viajes y trainings como los que ha protagonizado el pasado jueves la seleccionadora Montse Tomé.
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Otro de los colectivos cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados en la dictadura árabe es el LGTBI. “La homosexualidad es ilegal en Arabia Saudí y mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo puede llegar a estar penado con la muerte. Incluso, las muestras de afecto en público pueden ser objeto de sanciones y, en algunos casos, castigadas con prisión”, explica De las Heras. Eso sí, la legislación saudí, basada en la religión islámica y muy interpretable, hace que en los entornos rurales la represión al colectivo sea especialmente intensa en comparación con las ciudades más pobladas.
Más allá de estos colectivos, Amnistía denuncia como la preocupación por mantener una imagen internacional positiva se ha traducido en una represión enorme a la libertad de expresión, poniendo especial énfasis en las redes sociales. Los encarcelamientos a activistas pro derechos humanos y a opositores se ha recrudecido en los últimos años con casos como el de una estudiante saudí que, tras publicar unos tuits apoyando la igualdad entre hombres y mujeres en el país, fue condenada a 34 años de prisión (luego rebajados a 27). La represión fue incluso mayor para un profesor retirado, que, a mediados del año pasado se le sentenció a pena de muerte por sus publicaciones en X (antes Twitter) y en YouTube.
El acuerdo con Arabia expira en 2029 y, hasta entonces, pese a la salida de Rubiales de la presidencia de la RFEF y de la oposición de miembros del Gobierno, Amnistía ve complicado romper el contrato millonario de la Supercopa. Sin embargo, también creen que esta inversión no contribuye a mejorar la imagen saudí de cara al exterior, sino incluso a empeorarla. “El llevar estas competiciones a su país no les está saliendo gratis. Siempre que se celebran estos torneos, en la opinión pública aparecen discursos críticos sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. Además, los propios clubes que participan en el torneo están, no sé si preocupados por la situación, pero sí son conscientes de ella”, relata el experto de Amnistía Internacional.
