La mediación de Bruselas empuja al PP hacia el desbloqueo del Poder Judicial cinco años después

“Dear Minister Bolaños, Dear Deputy Secretary Pons”. Tras semanas de debate interno, la Comisión Europea ha dado el paso para mediar entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace más de cinco años por los populares con más de una veintena de excusas. La primera reunión a tres será el próximo miércoles, 31 de enero, en Bruselas.

Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien puso sobre la mesa en diciembre en su reunión con Sánchez que la Comisión Europea hiciera este papel de árbitro fuera de España, algo que sorprendió al propio Ejecutivo y al PSOE después de meses de duras críticas e insultos por parte de Génova 13 por el papel del mediador internacional entre Ferraz y los independentistas para la investidura.

El papel lo asume finalmente el comisario de Justicia, Didier Reynders, como quería el PP y con quien los populares tienen un buen trato. El Gobierno no puso resistencia a ese nombre, aunque su labor en la Comisión Europea puede acabar muy pronto por el deseo de Bélgica de que compita por la Presidencia del Consejo de Europa. El político tiene también trato con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que se vio precisamente en Bruselas este viernes y que será el encargado de negociar por parte de la delegación socialista.

En el Gobierno siempre han interpretado que ese papel de mediación pedido por el PP se debe al “callejón sin salida” de Feijóo para seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial y al miedo al ataque de la derecha política y mediática al hecho de que pudiera llegar a un pacto con el PSOE en estos momentos. Por eso, en La Moncloa siempre pensaron que este era el salvavidas que buscaba el presidente del PP para poder renovar un órgano que llevaba cinco años “secuestrado” por los populares.

Dos meses para el pacto y una batalla por debajo

Después de conocerse la implicación de la UE, la lectura que hacen también en el Gobierno es que ya se acabaron “las excusas” del PP y que esta debe ser la negociación “definitiva” para renovar el Poder Judicial. La idea que tiene el Ejecutivo, según comentó Bolaños, es que se intente llegar a un acuerdo en las próximas semanas una vez arranque el trabajo, aunque Bruselas se ha dado dos meses como máximo para la firma final.

Pero estas reuniones a tres tienen también otra batalla de fondo. El Gobierno irá con la idea de que se debe concretar ya una renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pero el Partido Popular quiere utilizar la presión de Reynders para que a la vez se pacte una reforma de la ley que lleve a que los jueces tengan más poder a la hora de elegir el Consejo General del Poder Judicial frente a las Cortes Generales.

El trabajo planeado por la Comisión tiene como hoja de ruta los informes sobre el Estado de Derecho emitidos por Bruselas los dos últimos años, en los que se pide proceder a la renovación del Poder Judicial como “cuestión prioritaria” e iniciar “inmediatamente después” un proceso para adaptar el nombramiento de los miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos de consejos judiciales.

“Lo urgente y lo que pide la Comisión es renovar el Consejo General del Poder Judicial y dar normalidad a la Justicia. La idea del Gobierno coincide con la idea de la Comisión Europea, planteada por escrito en el informe sobre el Estado de Derecho. Esa idea es que la renovación del CGPJ es urgente, es la preocupación máxima de la Comisión y del Gobierno de España. Es urgente cumplir la ley y la Constitución. Una vez que hayamos renovado el CGPJ, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, consideró Bolaños.

El Gobierno dice que se sentará a la mesa con “la mente abierta” y pone de relieve durante estas horas que no es una noticia menor que los populares “abandonen la rebeldía” de cincos años sobre este órgano. En estos momentos, desde el Ejecutivo se denuncia la estrategia que está siguiendo el PP de erosionar la legitimidad de instituciones como el Congreso o el Tribunal Constitucional.

El sector conservador del CGPJ, contra la coalición

El PP sigue con la hoja de ruta de que se pacte de manera simultánea esa nueva ley y que, además, se incluya la prohibición de que políticos acaben sentados en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional. Desde sectores de la izquierda se achaca al PP ese intento de cambiar la ley para dar más poder a los jueces al dominar, en su opinión, el sesgo conservador entre la magistratura. 

El actual Consejo General del Poder Judicial, controlado por la mayoría conservadora, se ha convertido en un frente contra el actual Ejecutivo, con medidas sin precedentes como comunicados en contra de la ley de amnistía (que todavía no ha sido aprobada por las Cortes) y el demoledor informe contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García, hecho por el Consejo de Ministros. Este órgano lo ha llegado a acusar de una “utilización espuria de sus importantes potestades”.

El CGPJ está formado por veinte miembros (llamados vocales) que son elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocido prestigio (diez por el Congreso y diez por el Senado). El mandato es de cinco años y los integrantes no pueden ser reelegidos. En diciembre del año pasado se cumplieron cinco años de bloqueo del Consejo General por culpa del Partido Popular, que ha puesto una treintena de excusas durante este tiempo: desde las críticas de Podemos al rey hasta la reforma de la sedición o la aprobación de los indultos.

La reunión del próximo miércoles llegará en un momento clave, apenas horas después del debate en el Pleno del Congreso de la Proposición de ley de amnistía, donde se dará el visto bueno al texto para pasar al Senado, y que se prevé de alto voltaje dialéctico. Y esa norma llega con modificaciones después de que el PSOE haya pactado con Junts y ERC una enmienda para modificar la parte de la exclusión del terrorismo y blindarla ante el proceso judicial en el que están inmersos Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

El arranque del nuevo Gobierno de coalición está marcado en buena parte por el choque con sectores del poder judicial, con manifestaciones incluso de jueces en las puertas de juzgados para protestar contra esa ley de amnistía. Serán precisamente los magistrados los que tengan que aplicar esa norma cuando esté en vigor y el PSOE y sus socios han tratado de afinarla técnicamente ante la ofensiva que se espera en los tribunales y blindarla ante diferentes interpretaciones. Además, tendrá que pasar el filtro del Constitucional, que ahora intenta desacreditar el PP con expresiones como que es el “cáncer del Estado”, como dijo Esteban González Pons, que es precisamente el hombre que va a ir a negociar en Bruselas.