ACCIDENTE DE ANGROIS

España, incapaz de investigar otra vez el accidente de Angrois como pide la UE desde hace ocho años

Respuesta de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a víctimas de Angrois rechazando una investigación técnica conforme con la normativa europea.

España todavía no hizo una investigación técnica independiente del accidente de Angrois de 2013 conforme a lo exigido por la normativa europea. Así lo ha reiterado desde hace años la UE, que censura que el análisis oficial del accidente acabado en 2014 por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento ni fue independiente ni evaluó todas las posibles causas más allá del despiste que sufrió el maquinista. 

La pasada semana Praza.gal desveló nueva documentación que prueba como el Gobierno de Rajoy movilizó a dos ministros y llegó hasta el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en defensa de aquella investigación oficial del siniestro, que la UE acabó invalidando. Y ahora la Plataforma de Víctimas comunica que la CIAF ha rechazado nuevamente realizar un análisis del accidente conforme a la normativa europea.

En el juicio penal por el accidente de Angrois, acabado el pasado julio y todavía pendiente de sentencia, fueron juzgados tanto el maquinista del tren Alvia como un ex-alto cargo de Adif, al que se le atribuye no habilitar las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, la investigación realizada hace una década por la CIAF había señalado solo la responsabilidad del maquinista. Esa investigación fue invalidada en 2016 por la Agencia Ferroviaria Europea tanto por no analizar todas las posibles causas del accidente más allá del despiste que tuvo el maquinista como por la falta de independencia de la CIAF cuando la realizó. 

Tras desmontar esa investigación, la Comisión Europea lleva años pidiendo y constatando -así lo hizo el pasado julio- que España todavía no realizó un análisis técnico independiente del accidente de acuerdo con la normativa europea. Pero los sucesivos gobiernos tanto de PP como de PSOE argumentan que ahora la CIAF sí es independiente y por lo tanto no le pueden dar órdenes. Y la propia CIAF se niega a realizar esa nueva investigación porque mantiene, en contra de lo que dice la UE, que la hecha en 2013 fue correcta.

Ante este bloqueo y el silencio de la CIAF ante sus peticiones, la Plataforma de Víctimas recurrió a la vía contencioso-administrativa para que la justicia obligase a la comisión de investigación a hacer el nuevo análisis. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid primero y el Tribunal Supremo después establecieron que la CIAF debía dar una respuesta expresa a la Plataforma de Víctimas, pero no prejuzgaron cuál debía ser el resultado de esa contestación. Así lo establecieron en sentencias que avalaron la independencia actual de la CIAF, pero sin analizar si esta era independiente cuando emitió en 2014 su informe sobre Angrois ni si el contenido de este se adecuaba a los requisitos de la UE.

Tras estas sentencias judiciales que la obligaban a responder expresamente a las víctimas, la CIAF les ha enviado un escrito en el que contesta más de tres años después a la petición que le formularon en diciembre de 2020 pero para mantener su postura. Sus investigaciones, destaca la CIAF, buscan recomendaciones para mejorar la seguridad en el futuro, no encontrar culpables, por lo que, dice, "al no aparecer nuevas pruebas o aspectos no identificados, de los que se pudieran extraer nuevas enseñanzas y nuevas recomendaciones para la mejora de la seguridad del sistema ferroviario, la realización de una nueva investigación sobre un suceso ya investigado carece de fundamento". No dice la CIAF que lo que consideró la Agencia Ferroviaria Europea fue que con lo que ya se sabía en aquel momento se debían analizar, como establece la normativa europea, otras cuestiones más allá del error humano del maquinista.

Por otra parte, la CIAF reduce a "una opinión" el informe de 2016 de la Agencia Ferroviaria Europea y no dice nada de que diversos altos cargos de la Comisión Europea, como las dos últimas comisarias de Transporte, Violeta Bulc y Adina Vălean, además del propio director de la agencia ferroviaria o el director de Transporte Terrestre, digan que España todavía tiene pendiente hacer una investigación adecuada.

La CIAF destaca que la Agencia Ferroviaria Europea "tampoco puede imponerle decisiones" y que la posibilidad de volver a investigar Angrois "corresponde exclusivamente a la CIAF" y la agencia europea no tiene capacidad "para condicionar o dirigir esa decisión".

La CIAF también recuerda en su resolución que su investigación de Angrois estableció nueve recomendaciones de seguridad para el futuro, y asegura que "se fueron poniendo en práctica a lo largo de los años transcurridos, de modo que a día de hoy todas ellas fueron ya aplicadas y cumplidas". No es eso lo que han recogido las memorias anuales de la propia CIAF, que siguen sin considerar cumplida una de esas recomendaciones, la de que se hagan análisis de riesgo específicos en las líneas ferroviarias, precisamente la cuestión por la que fue juzgado el cargo de Adif. Según fuentes consultadas por este diario, el cumplimiento de esa última recomendación fue comunicado a la CIAF por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el pasado año pero está pendiente de su publicación oficial en la próxima memoria anual.

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Ante esta respuesta de la CIAF, la Plataforma de Víctimas considera que esa comisión quedó "totalmente desacreditada por Europa" y recuerda que su actual presidente, Ignacio Barron de Angoiti, trabajó para Renfe más de 20 años y mostró en el Congreso más "pena" por la imagen que el accidente supuso para el ferrocarril español que por las víctimas.

Esta nueva negativa de la CIAF a analizar el accidente de Angrois conforme a la normativa europea llega cuando el Ministerio de Transportes ha enviado nuevamente al Congreso para su aprobación una ley que creará un ente único de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos con más independencia que los tres actuales. La tramitación del nuevo ente lleva años en marcha y la ley que lo regulará ya había sido enviada al Congreso antes de las elecciones generales del pasado julio, pero estas interrumpieron su debate y ahora debe retomarse.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

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