La ley de amnistía deja fuera los delitos considerados terrorismo por el derecho europeo

La ley de amnistía excluye de los delitos que se pueden acoger a ella los de terrorismo recogidos "en la directiva de la UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2017" y los que "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", "en particular las reguladas en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales y en el derecho internacional humanitario".

Así consta en el nuevo redactado que han pactado el PSOE, Junts y ERC a la proposición de ley, a la que ha tenido acceso infoLibre. Los tres partidos han dejado fuera las referencias al Código Penal en este apartado que había inicialmente en el texto para hacer una remisión directa al derecho europeo. Los cambios salieron adelante por mayoría absoluta en la Comisión de Justicia del Senado celebrada este jueves, que acordó (por 20 votos a favor y 17 en contra) dar el visto bueno a las cuatro enmiendas transaccionales.

También se dejan fuera de la amnistía, según la enmiendas, los "actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal, siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza". Y se añade que quedan fuera delitos que se hayan cometido "en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

También se hace un ajuste en la enmienda al artículo 2 para señalar que quedan excluidos de la amnistía los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, "a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física".

El nuevo redactado deja fuera también de la amnistía "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". Y se hace también una modificación sobre los efectos sobre indemnizaciones y restituciones, en la que sigue quedando fuera la devolución de sanciones, aunque se podrán exceptuar las menos graves impuestas en materia de seguridad ciudadana, que podrán ser devueltas si la Administración que "impuso" la sanción cree que concurren "elementos de proporcionalidad".

Se amplía dos meses el periodo de los hechos afectados

Los cambios, vehiculados a través de tres enmiendas transaccionales al articulado y una al preámbulo, amplían el plazo de los hechos vinculados a la amnistía, pasando del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011 (sigue el plazo final de 13 de noviembre de 2013).

Y se remarca en el nuevo texto que no podrán acogerse a la ley los delitos de malversación y de usurpación de funciones públicas en los que haya habido un propósito de enriquecimiento personal, para lo que se retoca en una enmienda el apartado a del primera artículo de la proposición de ley.

En el texto del preámbulo, además, se incluye la idea de que la ley ha de servir para todas las personas involucradas en el procés: "Así pues, la consecución del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista".

Tras el pacto alcanzado el miércoles por la tarde y que será ratificado previsiblemente este jueves por la Comisión de Justicia, los grupos quieren aprobar con rapidez en Pleno el nuevo redactado. La idea, según fuentes parlamentarias, es que vaya al Pleno del jueves de la semana que viene. Luego tocará el turno del Senado, donde el PP quiere alargar durante dos meses la tramitación en virtud de su mayoría absoluta en esa Cámara.

Bolaños: "Se va a convertir en un referente internacional".

El ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, recalcó ante la prensa en el Congreso este jueves por la mañana que los cambios en el texto se han basado en las recomendaciones del borrador del informe de la Comisión de Venecia: "Avala la ley de amnistía". "Hoy damos un paso adelante. Se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto y de tensión", reflexionó el dirigente socialista, que llamó a pasar página de una década de "fracaso colectivo" en Cataluña.

"Con esta nueva ley abrimos una etapa de diálogo, de acuerdos y con política dentro de las instituciones y de la Constitución", apostilló el ministro, que ha sido el gran cerebro jurídico de la norma. "Es una gran noticia que podamos aprobar la ley", añadió a la vez que insistió en que es un "orgullo" para el PSOE contribuir a la normalización de la vida en Cataluña.

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Para Bolaños, esta ley "se va a convertir en un referente internacional". "Marca historia, la mejor historia de España", argumentó el ministro, que celebró el acuerdo entre personas que piensan de manera diferente.

Junts: "El derecho internacional es inapelable"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró también en el Congreso: "Esta ley, a diferencia de la del 30 de enero, corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial española siga avanzando en sus fabulaciones. Un terrorista no es aquella persona que ejerce su derecho a la manifestación".

"Lo que sí se hace es elevar o internacionalizar la ley y la interpretación de los conceptos de, por ejemplo, terrorismo o traición, quedarán acotados a la interpretación del derecho internacional, que es inapelable", remarcó sobre la decisión de eliminar la referencia al Código Penal.