El juez estrella de Vox intenta sin éxito librarse del juicio por fraude y estafa alegando que fue engañado
El juez Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, el hombre con el que en 2018 la ultraderecha regresó por la puerta grande a las instituciones españolas, fracasa en su último intento de evitar el banquillo de los acusados por fraude y estafa. La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso contra el auto que puso fin a la instrucción por un caso de supuesta obtención irregular y desvío de fondos públicos desvelado por infoLibre en 2019 [ver aquí el dosier con toda la investigación]. La Fiscalía pide para Serrano hasta ocho años de cárcel.
La nueva resolución de la Audiencia golpea la base de la defensa de Serrano, según la cual era un simple "socio capitalista" y asesor en la empresa montada en Sevilla que obtuvo casi 2,5 millones públicos para construir una fábrica en Huelva que nunca fue culminada con un dinero que nunca fue devuelto. Los magistrados sostienen que las alegaciones de Serrano, según las cuales su "confianza ciega" se vio traicionada y él puso distancia con sus dos socios una vez conoció las irregularidades, no casan ni con su elevada formación jurídica, ni con su acreditada implicación en las empresas utilizadas para hacer circular los fondos recibidos y destinarlos a fines indebidos.
Serrano, que ha sufrido también el embargo de bienes por este caso, no respondió a las preguntas de infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos por sus informaciones sobre este caso, en el que Rubén Sánchez (Facua) ejerce la acusación popular.
El juez y político emprendedor
¿Qué es el caso Serrano? Hay que situarse a primeros de 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015, Serrano acumula decepciones en lo político y lo profesional. Como juez, está inhabilitado por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla. Y como político es por entonces casi imposible prever que Vox se acabaría convirtiendo en tercera fuerza política en el Congreso y en pieza clave –con él al frente– para desalojar del poder al PSOE en Andalucía.
Ahora bien, Serrano sabe que tiene un nombre en la Sevilla más conservadora. Y que, lejos de empañar su fama en los círculos derechistas locales, la condena por prevaricación la ha reforzado. El juez se presenta como un mártir en la lucha contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". Por eso lo había fichado Santiago Abascal. Así que, vetada la toga, se concentra en alimentar su perfil de héroe perseguido, para lo que llegará a montar un periódico, XYZ, las tres últimas letras del abecedario, en la extrema derecha según se lee, mientras que ABC son las tres primeras.
Además, se convierte en emprendedor. El juez por entonces inhabilitado tiene noticia de las posibilidades del negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con el ingeniero técnico industrial Enrique Pelegrín. El tercer hombre en el proyecto es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.
El origen del caso
Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener. El dinero se concedió para una fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó nunca a estar ni siquiera próxima a culminarse. Los fondos, ingresados a la empresa en diciembre de 2016, no han sido devueltos a Industria. Eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.
Este periódico empezó a desvelar los hechos en 2019, cuando Serrano había logrado ya asiento como parlamentario de Vox, junto a otros once compañeros. Estas son las tres primeras noticias:
1) Un proyecto empresarial fallido del juez Serrano le cuesta al Estado 2,4 millones.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional empezó a investigar –a raíz de estas informaciones– y comprobó que había caso. El asunto pasó a la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que Serrano era aforado como parlamentario. Lo dejó de ser en 2020, cuando dimitió acorralado y el caso pasó a un juzgado de instrucción, el 16. Desde entonces Serrano ha intentado sin éxito librarse de las imputaciones contra él alegando que fue engañado por sus dos colaboradores en el proyecto, el ingeniero técnico Enrique López y Javier López, que trabajó en su bufete.
No lo ha conseguido. Ni el juez de instrucción, Juan Gutiérrez, ni –cuando le han llegado sus recursos– la Audiencia de Sevilla lo han creído. Y lo cierto es que hay motivos para sostener que Serrano era más que un mero "socio capitalista". Su participación en el engaño a Hacienda está acreditada documentalmente, también su implicación en las empresas y sus gestiones directas en el proyecto una vez que ya era innegablemente conocedor de las irregularidades.
La "formación del apelante como jurista"
Por todo ello el juzgado de instrucción 16 envió a Serrano el banquillo en un auto de enero de 2023. Pero Serrano no se conformó y recurrió. El recurso del dos veces candidato de Vox alega que fue "víctima de las estrategias delictivas" de sus dos colaboradores, que le habían hecho creer que habían adquirido una maquinaria que no tenían, sin que él –sostiene– fuera consciente.
Serrano se presenta como mero "socio capitalista" y prestador de un "asesoramiento legal muy colateral", detalla el auto. Según el que fue portavoz y presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía, que ya no está en el partido y ahora se dedica a su despacho legal, su salida del proyecto subvencionado se produjo en cuanto se dio cuenta de que su "confianza ciega" había sido traicionada.
La Audiencia tumba este último intento del juez en excedencia de evitar el banquillo en un auto fechado el 29 de febrero. La resolución, que tiene como ponente al magistrado Enrique García por enfermedad de Mercedes Alaya, golpea a Serrano en un punto delicado de su línea de defensa. ¿Por qué? Porque afirma que todos los argumentos que tratan de avalar un supuesto desconocimiento de las irregularidades cometidas "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas" en el movimiento de los fondos después de que hiciera el ingreso el Ministerio de Industria.
Control, implicación y conocimiento
El auto señala además que era Serrano quien "controlaba" tanto Biowood Niebla como el despacho de abogados a través del cual participaba en dicha compañía. O sea, la Audiencia le responde que su implicación está acreditada en los papeles y que no es creíble que un hombre con su formación no supiera lo que estaba ocurriendo.
La instrucción ha demostrado que la implicación directa de Serrano en Biowood Niebla es más que una hipótesis sustentada por la presunción de que un hombre con su formación no podía ignorar todas las irregularidades cometidas. La propia resolución de 29 de febrero recuerda el papel, es decir, la implicación directa de Serrano en la constitución de la sociedad pese a no tener la maquinaria, así como en la afirmaciones "indiciariamente inciertas" para obtener la ayuda. La UDEF, en un informe incorporado al sumario, ya desgranó todas las gestiones en las que el juez se implicó directamente.
Entre las operaciones bajo la lupa judicial está la aportación al notario ante el que se constituyó la compañía clave del caso, Biowood Niebla, de unas "facturas proforma" supuestamente acreditativas de la compra de la maquinaria. Esas facturas sirvieron para aparentar la existencia de maquinaria que permitió engordar artificialmente los fondos de la empresa y obtener la ayuda.
Ahora este auto sostiene que ya en marzo de 2016, cuando se monta la sociedad y se le imputan las máquinas mediante esas facturas, Serrano y Pelegrín sabían que las máquinas "no existían ni habían sido adquiridas por ninguno de ellos". "Es obvio", añade la resolución, que lo sabían también cuando recibieron el dinero, en diciembre de 2016.
Los magistrados señalan como indicio del conocimiento de Serrano de la irregularidad cometida para obtener la ayuda que tres meses después de recibir el dinero hicieron una reducción del capital de la empresa devolviendo a cada socio lo que supuestamente había aportado para la maquinaria.
El destino de los fondos
El juicio del caso Serrano deberá dar respuesta a dos grandes preguntas. La primera, cómo se obtuvieron los fondos. La segunda, dónde fueron a parar. Tanto en una como en otra el auto apunta contra Serrano. En el primer caso, por las irregularidades cometidas para conseguir el dinero público. En el segundo, por el desvío del mismo a fines distintos a los debidos.
El documento oficial que demuestra que el juez Serrano participó en el engaño para obtener una ayuda pública de 2,4 millones
Ver más
El auto se detiene en el recorrido del dinero. La "trazabilidad" de los fondos del préstamo, 2.489.000 euros, revela que, una vez ingresados en la cuenta de Biowood Niebla en Targo Bank en diciembre de 2016, más de 2 millones de euros salieron entre febrero y marzo de 2017 hacia otra cuenta de la mercantil. En junio, un millón de euros –siempre según el auto– tomó destino a Proyectos e Inversiones Serralba, empresa de la que Serrano era "socio único". Esa cantidad pasó después a Pellex Energía, también participada por el recurrente cuando ocurrieron los hechos bajo la lupa judicial.
Concluye el auto: "La mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas [...]. El proyecto para el que debía ser destinado el préstamo [la fábrica] contaba a 30/08/2022 con dos edificios comenzados –la nave donde se iban a fabricar y el edificio de servicios, oficina y administración– a los que restaba mucho para su completa ejecución, no habiéndose realizado nada de la urbanización exterior ni las instalaciones previstas para la depuradora, depósito y acumulador de agua, y centro de transformación".
Los magistrados señalan también que en octubre de 2017, cuando Serrano se desvincula del proyecto de fábrica de pellets y Pelegrín manifiesta por escrito que exime de "toda responsabilidad" al recurrente en el uso de los fondos, "ya se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica", por lo que lo que cualquier posible delito ya estaría consumado. El acuerdo de salida de 2017 será previsiblemente una de las vigas de su defensa en el juicio por parte de Serrano, que –al igual que los otros dos acusados– siempre ha sostenido su inocencia y ha negado cualquier enriquecimiento ilícito.
