La lucha de las familias ante la inacción de la Fiscalía impide a Ayuso enterrar su Protocolo de la Vergüenza
Era también 18 de marzo. Hacía cuatro días que había comenzado el estado de alarma por la pandemia del covid y ese día comenzaba una ignominia que aún hoy, cuatro años después, las familias no han podido superar. Porque no las han dejado. El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló infoLibre. Entre ese mes y el siguiente fallecieron así 7.291 residentes, el 77% del total de los 9.468 que murieron entonces. Pero más de 1.400 días después de aquello, sus familiares apenas tienen respuestas sobre lo que pasó. La gran mayoría de las querellas presentadas han terminado en archivo. Y la Fiscalía de Madrid, por ahora, no ha iniciado ninguna investigación. E incluso ha avalado –dejando, eso sí, múltiples preguntas sin responder– la gestión política de la crisis sanitaria. Precisamente este lunes, el Juzgado de El Escorial acogerá la declaración de varios geriatras de enlace.
La única luz que han recibido los familiares hasta ahora ha llegado de una iniciativa que surgió, precisamente, de ellos mismos. Se trata del informe que el viernes presentó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid —disponible al completo en este enlace—, un documento que, a lo largo de 148 páginas, responde a las principales preguntas que siguen rondando las cabezas de las víctimas. ¿Fue particular la situación que se dio en las residencias de Madrid? ¿Pudo haber decisiones políticas que llevaran a ella? ¿Con otra gestión se podría haber evitado alguna muerte? ¿Se ha investigado lo suficiente sobre lo ocurrido?
La conclusión para los integrantes de aquel tribunal ciudadano —Fernando Lamata, Eduardo Ranz, José Antonio Martín, Victoria Zunzunegui, Ana Freixat, Cristina Monge y Fernando Flores— son claras. Lo que ocurrió en Madrid fue una hecatombe incomparable a lo ocurrido en el resto de España. Y sí que hubo decisiones políticas y de gestión —"perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo", además— que contribuyeron a ello. Con otras decisiones, calculan, podrían haber sobrevivido al menos 4.000 personas más. Y no, no ha habido una investigación exhaustiva —ni siquiera suficiente— de todo aquello.
"Se habla siempre de que hay que conseguir la verdad, justicia y reparación. Las dos últimas no las tenemos, pero en la primera al menos hemos dado un paso importantísimo", celebra Javier Cordón, de Verdad y Justicia, la organización que, junto a Marea de Residencias, ideó la creación de este tribunal. "Es verdad que tenemos cansancio. Y que nos preguntamos en qué mundo vivimos para que cuatro años después todo siga como si no hubiera pasado nada, pero al menos se sigue hablando del asunto, y gracias a la valentía de las familias hemos conseguido este informe, que para mí es un hito", añade. María Jesús Valero, de Marea de Residencias, lo suscribe palabra por palabra. "Llegamos a este cuarto año con mucha lucha y mucho dolor porque nadie nos ha escuchado, pero esta Comisión nos ha dado un impulso", celebra.
El 'Protocolo de la Vergüenza' y sus cuatro versiones: de borradores falsos a "morían en todas partes"
Empecemos por el principio. El 18 de marzo de 2020 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso elaboró y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza. Los días 20, 24 y 25 del mismo mes se elaborarían otros documentos [puedes consultarlos aquí] similares, pero en síntesis el objetivo era el mismo: impedir que los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo pudieran ser trasladados a los hospitales. Tuvieran o no tuvieran covid.
Los cuatro protocolos están firmados por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno Ayuso. Y todos, minutos después de firmarse, fueron enviados por correo electrónico a todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo [aquí puedes ver esos correos].
La publicación de la documentación en este periódico no fue suficiente para que Ayuso diera explicaciones. Es más, ni siquiera lo fue para que admitiera su existencia. "No se firmó". "Se filtró". Tan sólo "se estudiaba la posibilidad". "Es un borrador". "Eso es todo". Así se defendía. No entraba en la cuestión de que, mientras el Protocolo estaba en vigor, 7.291 mayores fallecieron sin poder salir de las residencias.
También había otro argumento. El de esto ha pasado "en todo el mundo". Así lo dijo el entonces vicepresidente y consejero de Educación y Universidades y actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, precisamente en la Cámara regional. "Esto sucedió igual en todo el mundo, esas muertes sucedieron igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores".
Pero no es cierto. Sí que la mayor incidencia del covid en personas mayores ocurrió en todo en todas partes, pero no que un 77% de los residentes fallecidos lo hiciera en el propio geriátrico, según los datos oficiales. Por citar algunos ejemplos, en Cataluña ese porcentaje fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene el dato, el porcentaje también se situó en torno al 70%, según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en los geriátricos. En Canarias, Cantabria y Galicia esas cifras, por su parte, se situaron en el 6%, 37% y 50%, respectivamente.
Además, aunque los porcentajes fueran los mismos, que no lo son, ese hecho no restaría responsabilidad al Ejecutivo madrileño. Porque además del Protocolo de la Vergüenza, y así lo ha visto también la Comisión por la Verdad, hubo otras decisiones políticas que contribuyeron a la hecatombe y que el resto de autonomías no adoptaron. Por ejemplo, ninguna otra se opuso a resoluciones judiciales que la habían ordenado medicalizar centros, ni permitió a residentes con seguro privado recibir asistencia hospitalaria mientras se privaba a los que no lo tenían.
Cuatro años después, lejos de cambiar el argumentario, el equipo de propaganda de Isabel Díaz Ayuso lo ha reforzado. "Había muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", dijo la presidenta el pasado 15 de febrero en la Asamblea.
Pero tampoco es cierto. De los 6.308 residentes que sí fueron derivados al hospital —2.305 en marzo y 4.003 en abril—, 4.129 sobrevivieron. El 65%, también según sus propios datos oficiales.
El "conformismo" de la Fiscalía
Pero lo cierto es que esta estrategia le funciona. Porque por ahora nadie ha respondido por las responsabilidades penales o políticas que podría haber detrás de esas decisiones. La mayoría de casos que han llegado a las mesas de los jueces se han archivado, y las familias siguen organizadas para tratar de descubrir la verdad, un camino en el que el último paso ha sido la creación de esa Comisión por la Verdad y en el que el próximo será enviar su informe a todas las instituciones.
También a la Fiscalía, que según Martín Pallín ha adoptado una posición "conformista" con respecto a esta tragedia. Según el informe de la Comisión de la Verdad presentado el pasado viernes, "los casos en los que el Ministerio Público ha mostrado una actitud proactiva son escasísimos". Por ejemplo, en 2020, la organización de familiares Pladigmare presentó 59 denuncias ante la Fiscalía por los hechos ocurridos en residencias de Madrid donde la mortalidad fue especialmente alta. En 39 de ellos se incoaron diligencias preprocesales civiles, todas archivadas. De los otros 20 asuntos en los que se abrieron diligencias de investigación penal, 16 se archivaron sin ni siquiera haber llamado a los familiares denunciantes para que pudieran declarar o aportar pruebas. Así, señala el informe, la Fiscalía sólo ha llevado a los tribunales dos denuncias —una relativa a la pública Adolfo Suárez y otra a la de Orpea en Carabanchel—, mientras que en otros dos casos dejó de investigar porque ya estaban abiertos procedimientos penales en los juzgados.
"El hecho de que, en la inmensa mayoría de las denuncias, la Fiscalía no realizase la más mínima actuación investigadora da una idea del escaso interés mostrado por el Ministerio Público para esclarecer los hechos. Una pasividad que incluyó a los propios familiares de las víctimas, que ni siquiera fueron llamados a declarar. Algo que va en contra de la propia normativa del Ministerio Público", señala la Comisión.
Hay más. En algunas ocasiones ni siquiera ha enviado a ningún representante a las declaraciones. Pasó concretamente en la que tuvo lugar el 23 de marzo del año pasado, la primera vez además que el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el firmante de los protocolos, Carlos Mur, dejaron claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. Ese día, según argumentaron a infoLibre, la fiscal "no fue notificada de que se iban a producir esas declaraciones".
Pero también la propia fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha mostrado esa pasividad de forma más directa. Por un lado, guardó silencio tras las últimas declaraciones de Ayuso afirmando que los mayores con covid "no se salvaban en ningún sitio". infoLibre le trasladó si estaba previsto iniciar alguna diligencia de investigación tras las palabras de la líder del Ejecutivo y si le consta a la Fiscalía que las palabras son ciertas. O si tiene datos que lo certifiquen o lo desmientan. Pero no obtuvo respuesta.
Antes, en noviembre de 2022, se negó a responder las 38 preguntas que envió este periódico para aclarar su actuación ante las miles de muertes en geriátricos. Su única contestación fue: "La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual" [publicada en 2021 y correspondiente al ejercicio 2020]. El problema es que se trata de un documento que contiene múltiples omisiones de hechos relevantes, afirmaciones sin ningún tipo de apoyo fáctico e incluso otras que son directamente falsas, tal y como se explica en esta información.
Supremo, Audiencia Nacional y Constitucional
Mientras tanto, no obstante, hay procesos que sí siguen activos. Según informó Carmen López, de Marea de Residencias, durante la presentación del informe de la Comisión, hay más de 300 querellas presentadas desde la organización, pero sólo tres han dado algún paso hacia delante, después de que la Audiencia Provincial pidiera a dos juzgados reabrir las diligencias para investigar lo sucedido. Otras 100 continúan en juzgados de primera instancia.
La Audiencia decidirá si el Protocolo de Ayuso y la inacción de Sanidad obligan a indemnizar por una muerte
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Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado mes de julio admitió el recurso de casación que el anterior Ayuntamiento de Leganés, encabezado por el socialista Santiago Llorente, interpuso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimara la denuncia en la que el Gobierno municipal acusaba al regional de "inactividad" por no medicalizar los centros de mayores, un caso que el nuevo Ejecutivo local ya avanzó que permitirá que siga su curso.
Por su parte, la Audiencia Nacional ha aceptado por primera vez otro caso en el que tendrá que determinar si la inacción de la que acusan las víctimas al Ministerio de Sanidad y el Protocolo de la Vergüenza que impidió la derivación de su familiar son suficientes para tener derecho a una indemnización.
Otras más de 60 ya están en el Tribunal Constitucional, buscando una admisión de un recurso de amparo después de haber recibido puertas cerradas en instancias inferiores.
