El apagado del carbón en España genera disfunciones entre el desmantelamiento, las inversiones y el empleo
A finales de marzo se realizó la voladura de la enorme chimenea de 200 metros de altura perteneciente a la Central Térmica Litoral de Carboneras, en Almería. Una imagen de impacto que refleja el proceso de transformación total que se está produciendo en aquellas ubicaciones con industrias de carbón.
La termoeléctrica fue construida en 1985 y, al igual que ahora su lenta supresión responde a una necesidad climática, en el pasado se levantó para cubrir las necesidades de incremento de potencia eléctrica debido al desarrollo económico que experimentaba España. La instalación ha llegado a producir durante su vida útil más de 180.000 GWh, es decir, el consumo energético de Andalucía durante cuatro años y medio, convirtiéndose en un referente nacional en el ámbito industrial.
Actualmente la situación es bien distinta. La central andaluza cumple 2 años y 5 meses desde que fue desconectada, situándose en pleno proceso de deconstrucción y funcionando como una semilla para albergar una nueva etapa. Este ejercicio de cambio de mentalidad, se recoge en el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Un proceso de transición energética que hará desaparecer símbolos industriales identitarios, pero permitirá avanzar hacia un objetivo sostenible y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
Este protocolo verde, que siguió el recorrido de la UE —después de que esta pusiera fin a las ayudas que recibían las centrales térmicas en funcionamiento por la quema de carbón— se comenzó a trabajar en abril de 2020, después de suscribir el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre. El compromiso recogió la implicación de la Administración General del Estado (Instituto para la Transición Justa, MITECO y Ministerio de Trabajo y Economía Social), las compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, esta última en marzo de 2021) y los sindicatos (CCOO Industria, UGT FICA).
La tarea fundamental del pacto se basa en hacer perdurar el empleo en los territorios para impulsar su dinamización económica e industrial y apoyar así a los trabajadores de las zonas afectadas. El marco de actuación se extendió al cierre de 15 centrales térmicas, ubicadas en Aragón, Andalucía, Balears, Castilla y León, Galicia y Asturias.en total, 2.740 los puestos afectados por los cierres tanto directos como de empresas auxiliares.
Dentro de los contenidos del acuerdo se incluyó la recolocación de trabajadores y la búsqueda de actividades alternativas para las zonas afectadas, tanto por parte de las empresas —mediante proyectos de energías renovables y otras actividades— como del Gobierno —a través del despliegue de instrumentos de ayuda organizados en torno a los Convenios de Transición Justa—, contando con la participación de los sindicatos para facilitar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
Desmantelamiento y nuevos proyectos
La primera etapa dentro del plan es el desmantelamiento. Tras solicitar y obtener la autorización del cierre, las empresas eléctricas tienen que depurar la zona —trasladando, recolocando o prescindiendo de las diferentes infraestructuras— para liberar los terrenos y ponerlos a disposición para otros usos.
Los plazos estimados para el desmantelamiento rondan entre los tres y cuatro años. Desde entonces, las once centrales que se encuentran en esta fase han avanzado. Seis de ellas (Teruel, Anllares, La Robla, Meirama, Velilla y Puente Nuevo) están al 75% o más y otras cuatro (Litoral, Compostilla, Narcea y Lada), en una horquilla entre el 20% y el 44%.
La planta restante es la gallega As Pontes, última gran central registrada en este plan, que acometió su cierre definitivo el 4 de octubre de 2023 y que ha iniciado su desmantelamiento en abril de este año. A diferencia de otras grandes centrales inmersas dentro del Plan Futur-e de Endesa que ya comenzaron su desmantelamiento, como por ejemplo Compostilla en León o Litoral en Almería —situándose en un 45% la primera y en un 20% en la segunda—.
Una vez puesto en marcha el desarme material de las industrias, a través de concursos internacionales, tanto la Administración como las propias empresas tienen la tarea de localizar proyectos de sustitución para las zonas. Nuevas inversiones alternativas por un valor total de 7.000 millones de euros.
El rastreo de nuevos negocios para los suelos desmantelados presenta variedad de posibilidades y contextos. “En algunos casos, se van a poner instalaciones renovables, aunque en la mayor parte no es posible al encontrarse en zonas muy urbanas o cercadas entre ubicaciones delicadas”, explica Laura Martín Murillo, directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), en declaraciones a infoLibre. “En otros casos se buscarán nuevos proyectos industriales, con base, por supuesto, en unos criterios concretos, de forma que tengan una atracción laboral para el territorio”, continúa.
La representante de la institución explica que también existe la opción, en determinados casos, de que, para “agilizar”, “los proyectos alternativos se puedan establece en otro suelo industrial que esté disponible” y evitar asi la necesidad de esperar al desmantelamiento”. Se refiere a casos como el de Compostilla, en donde las fábricas de reciclaje de palas y de baterías se van a poner en otro suelo industrial mientras continua la labor de desmantelamiento de la antigua central.
Por otra parte, a esta meticulosa exploración se le tienen que añadir líneas de ayuda a los proyectos, ya sea a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), con las ayudas facilitadoras de nuevos emprendimientos energéticos para el desarrollo de medidas de energías renovables, de unos 230 millones de euros; a través del PRTR (Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes), con ayudas para proyectos municipales para financiar el coste de ejecución en inmuebles e infraestructuras, de 91 millones; o incluso del propio ITJ, con ayudas para los proyectos empresariales no energéticos, ya sean generadores de empleo o pequeños emprendimientos, para cubrir los costes de inversión, en ayudas de más de 50 millones.
El fomento del empleo
De forma paralela, los actores implicados deben aproximarse de la forma más resolutiva posible a todos aquellos trabajadores que han sufrido daños colaterales en términos de empleo. La estimación general para las zonas superaría las 3.000 vacantes, para adicionalmente sumar la creación de 18.619 nuevos trabajos en la fase de construcción de las nuevas inversiones, incrementando así el impacto económico para las localidades implicadas.
No obstante, la directora del ITJ advierte de que “se generaría más empleo en términos globales, pero eso no implica que se genere empleo en cada una de las centrales”, aludiendo a que “a pesar de lograr los objetivos a nivel global, se debe llegar al impacto cero a nivel local”.
Para facilitar y apoyar la reinserción laboral, el ITJ creó una Bolsa de Empleo para la inscripción de los que no tienen trabajo. En la actualidad, hay 606 personas adheridas a ella, lo que supone un 22% del total de las personas afectadas por los cierres.
Sin embargo, la inclusión tanto de trabajadores directos como de auxiliares establece desequilibrios a la hora de evaluar el estado laboral real de los emplazamientos involucrados. “La recolocación para los trabajadores directos es un mundo completamente diferente al de los auxiliares. Son trabajadores de sus empresas eléctricas y la mayoría de ellos tienen la opción de trasladarse pero seguir vinculados a la misma empresa”, señala Martín Murillo.
Tanto es así que, dentro de la bolsa, más del 50% de los trabajadores pertenecen a subcontratas. Unas cifras cambiantes que dependen, en gran medida, del nivel de eficiencia de las distintas empresas en la maduración de proyectos concretos ligados a nuevas ofertas de trabajo.
“Ha venido muy bien que las empresas estén teniendo que competir. Las obligaciones públicas que aceptaron llevan a que, cuanto mayor es su compromiso, a ellas les irá mejor en términos de reputación”, celebra Martín Murillo.
Un nuevo rumbo para los trabajadores
Dentro de la recolocación laboral, adquiere una gran relevancia la capacitación profesional que reciben los trabajadores. A través de cursos de formación, se trata de adecuar a aquellos individuos enseñando nuevos conocimientos sobre la transición energética limpia para otorgarles la oportunidad de ampliar sus posibilidades en el mercado de trabajo.
Fue en septiembre de 2022 cuando se llevó a cabo la contratación de un servicio formativo dirigido a la recualificación profesional dentro de los sectores de la Energía, Agua, Seguridad y Medioambiente. Desde entonces, el 100% de los miembros de la bolsa de empleo han recibido, al menos, una oferta de formación.
Estas reuniones didácticas, al igual que con la fase de desmantelamiento e inversiones, alcanzan un mayor o menor recorrido dependiendo de la situación de cada ubicación. En Carboneras, los primeros dos cursos, sobre Gestión de Residuos, dieron comienzo el pasado 19 de marzo, mientras que en Compostilla ya han formado a casi 300 personas. “En función de cada localidad, hemos tenido la necesidad o no de adaptar las formaciones, atendiendo a las demandas técnicas”, apunta Martín Murillo.
No obstante, la transformación formativa de los trabajadores no es muchas veces sencilla. El contexto laboral de la zona lleva a varios de los desempleados a prescindir de una formación verde y encontrar de manera más veloz un nuevo trabajo acondicionado a sus conocimientos base, como ha ocurrido en As Pontes, donde muchos miembros de la bolsa han abandonado los cursos para seguir su propio camino.
El mayor número de estas dispersiones en la planta gallega, en plena aplicación de un Proyecto de Autogeneración (basado en la instalación de 660 MW de eólica, vinculada a proyectos tractores), atiende, por una parte, a la imposibilidad de desarrollar nuevos proyectos en terrenos alternativos y avanzar con celeridad en la creación de empleos, en una espera al desmantelamiento que empuja a los trabajadores parados a movilizarse, conscientes de la urgencia de su situación económica, y por otro lado, a la coyuntura de empleo y desempleo que presenta la zona, que goza, según Laura Martín, de un "índice bastante positivo en comparación con otros emplazamientos".
Otros comportamientos, no obstante, responden a circunstancias más personales. “Hay mucha heterogeneidad, ya que se trata de personas concretas, con años concretos, con proyectos de vida concretos, con experiencias profesionales concretas, por lo que se les debe poner encima de la mesa el mayor número de herramientas para que ellos puedan elegir la mejor dirección a seguir”, aclara la máxima autoridad del ITJ.
Las dificultades
A pesar del esfuerzo económico, logístico y de negociación para tener bajo control todos los flecos derivados de este proceso de desafío medioambiental, existen de forma general algunos obstáculos.
Laura Martín habla, en primer lugar, de “dificultades de timing con las centrales más maduras”. “poner en marcha nuevos proyectos lleva tiempo y eso ha repercutido en la falta de anticipación para avanzar en las gestiones de los terrenos”.
La representante del ITJ destaca, por un lado, la dificultad de la “imposibilidad geográfica y social en algunas zonas”, aludiendo por ejemplo a trabas en el transporte en zonas poco comunicadas que retrasan el desmantelamiento, y, por otro, las barreras de la “influencia inevitable del mercado”, en referencia, por ejemplo, a aquellas zonas donde el suelo industrial es abundante y hay una menor demanda por el tipo de terreno, o también en terrenos con poca promoción de negocio donde la anexión de nuevos proyectos es muy compleja.
Aun así, para Jesús Crespo, responsable del sector materias primas y miembro de la Federación Estatal de Industria de CCOO, el mayor peligro e impedimento para la fructificación del acuerdo son los “atrasos por permisos administrativos”.
“Los plazos dictados para los trabajadores eran de máximo cuatro años para el desmantelamiento, dos años para la formación y seis años para la incorporación a nuevas actividades. Si ahora mismo hay parálisis en los proyectos por la desavenencias políticas, pueden caerse los promotores y haber otras muchas consecuencias”, afirma.
Crespo alude a problemas en el trasvase de megavatios renovables en As Pontes debido a la negativa de una juez o también a la preocupación por el cambio político en Castilla y León, o al relevo de alcalde en Carboneras. “Se debe abogar por una Ley de Industria potente, para poder así eliminar las barreras que pueden generar otros con intenciones electoralistas”, advierte como solución.
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Para perfeccionar el proceso y apuntalar a una mayor eficacia administrativa en los meses venideros, Martín Murillo afirma que el ITJ “impulsará formaciones más especializadas y que lleven consigo una certificación que pueda llevar a mejores salarios, con el objetivo de aprovechar mejor la oportunidad y potenciar una mayor reconversión para los trabajadores”.
Desde el punto de vista del sindicato, hay que “optimizar la medición del estado situacional del acuerdo” utilizando datos sobre los movimientos poblacionales seis meses antes del inicio del cierre hasta el día de hoy, de población activa, de evolución del PIB o del nivel de producción industrial.
Los actores se volverán a citar en una nueva Comisión de Seguimiento en los próximos meses, en donde debatirán de nuevo sobre el curso de un proceso de metamorfosis que, según la directora del ITJ, “es y será un hito”.
