Desmontando a MAR: las mentiras que el jefe del gabinete de Ayuso se empeña en defender

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de transparencia. Asegura que bajo su mando se atienden todas las demandas de información que le plantean los medios —todos los medios—, pero, como él mismo asegura, hace más de una década que no concede entrevistas. 

El domingo concedió una. Al diario El Mundo. Con la intención de responder, aseguró, a quienes le acusan de amenazar a los medios. Una entrevista en la que añadió nuevas mentiras a las que lleva difundiendo varias semanas. 

“Lo que ha sucedido es producto de una exageración brutal. Un Pedro Sánchez acorralado por multitud de casos ha entendido que había que exagerar una inspección fiscal”. “Es una inspección fiscal de dos facturas”. “No hay empresas fantasma, no hay facturas falsas. Hay una discrepancia de Hacienda con un empresario”.

Lo que le sucede al novio de Ayuso no es una simple inspección fiscal. Ha sido imputado formalmente por la supuesta comisión de dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsificación documental. La investigación sostiene que defraudó 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, así como por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020. En plena pandemia, mientras morían miles de personas.

“Yo tuve un diálogo inapropiado con alguien con quien creía que podía tener un diálogo inapropiado”. “Estaban publicando una información falsa. O no estaban diciendo que las mascarillas no se vendieron a la Comunidad de Madrid. Que se vendieron a una empresa que después vendió al Ministerio de Sanidad. Y yo estaba enfadado”

No se le ha reprochado haber mantenido un “diálogo inapropiado”, sino haber amenazado a un medio con su destrucción y su cierre. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió. En la entrevista publicada el domingo no se arrepiente de haber amenazado a elDiario.es, sino de haber confiado en que el mensaje no se haría público. Lo que dijo, sostiene, está entre sus “obligaciones”. La información que le enfadó tampoco era falsa. Daba cuenta de la denuncia redactada por la Fiscalía a instancias de Hacienda.

“[Dos periodistas de El País] estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. [Su] identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”.

No hubo acoso. Si lo hubiese habido, se habría presentado la correspondiente denuncia y no existe. Y no desveló su identidad a “18 personas” de manera privada, sino a una lista de distribución creada por el propio Rodríguez a través de la cual da a conocer información oficial con el único objetivo de que sea divulgada. Esa lista está compuesta por 18 periodistas en representación de otros tantos medios de comunicación.

(Hablando de periodistas de elDiario.es) “Intentaron entrar dos señores con la capucha del abrigo puesta, alegando que eran técnicos de calefacción. Y que tenían que subir al piso, que no es de la presidenta, para arreglarla”.

Tampoco es cierto. E igual que en el supuesto caso de los periodistas de El País, no existe ninguna denuncia que apoye las acusaciones del jefe de gabinete de Ayuso. Los dos medios y sus periodistas niegan tajantemente las acusaciones de Rodríguez.

“Yo también tengo derecho a informar”.

A lo que no tiene derecho es a difundir informaciones falsas como las que lanzó contra periodistas o las que difunde diariamente asegurando que el novio de la presidenta de Madrid solamente ha sido objeto de una inspección fiscal. De hecho, en la entrevista, defiende haber difundido las imputaciones falsas con el argumento de su extenso conocimiento en materia de comunicación.

“Estamos ante un atentado contra la democracia. O salimos a defender nuestra democracia o nos comen por los pies”.

La investigación de Hacienda al novio de Díaz Ayuso y la posterior denuncia presentada por la Fiscalía no atentan contra la democracia. Tampoco la divulgación de esa denuncia, como no supuso atentado alguno en el pasado la publicación de las investigaciones fiscales a las que fueron sometidos los futbolistas Lionel Messi, y Cristiano Ronaldo, el entrenador José Mourinho o la estrella colombiana del pop Shakira.

“No vamos a entrar en una guerra de quién tuvo más fallecidos. Pedíamos que nos dejaran comprar mascarillas y no nos dejaban. Era una desesperación. La gestión que estaba haciendo nuestro consejero, hasta que se le quitaron las competencias, era un desastre. El tipo no daba explicaciones de nada, no se enteraba de nada, no sabía ni cuántas residencias había. Hubo que echarle”.

Nadie reprocha a la Comunidad de Madrid que durante la pandemia se registrasen víctimas mortales en su territorio. Lo que está en cuestión es la aprobación y aplicación de los llamados Protocolos de la Vergüenza, un mecanismo por el que se dejó morir sin atención médica a miles de ancianos en las residencias que dependían del Gobierno de Ayuso.

Los protocolos establecieron “criterios de exclusión” que impidieron el traslado de residentes desde los geriátricos madrileños a los hospitales. Hubo cuatro versiones de ese Protocolo, como desveló infoLibre, enviadas el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo (de 2020, pero todas contenían la misma orden: no derivar a hospitales a los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid. Es decir, impusieron desde la autoridad política (no médica) un triaje basado en criterios de dependencia (no clínicos). El resultado fue la muerte de 4.000 personas cuyo fallecimiento pudo ser evitado de las 7.291 que perdieron la vida sin haber recibido la atención hospitalaria a la que tenían derecho. 

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Tampoco es cierto que Ayuso “echase” al consejero del que dependían las residencias. Alberto Reyero dimitió precisamente por discrepancias con la manera en que se había gestionado todo. Él mismo asegura que en varias ocasiones dejó claro que no debían “existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”, advirtió. 

La Comisión de la Verdad es “una comisión ultraizquierdista”.

Lo que el jefe de gabinete de Ayuso descalifica como un comisión “ultraizquierdista” para no tener que hablar de sus conclusiones, es en realidad un grupo de profesionales entre los que estaban José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo; la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui Pastor; el médico experto en Gestión y Administración Sanitaria con experiencia en la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad Fernando Lamata Cotanda; la escritora experta en edadismo y feminismo Anna Freixas Farré; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores Giménez; la socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra y el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso.