PSOE y PP encuentran en el agua un canal de comunicación en plena polarización
Andalucía, Murcia, y ahora Aragón. Tres comunidades gobernadas Partido Popular se han reunido en apenas cuatro meses con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar el problema de la sequía. También se sentó con Cataluña en febrero para programar el envío de agua en barcos este verano si la situación no mejora. Este panorama evidencia que la política hídrica ha pasado de ser sinónimo de enfrentamiento político al único punto de acuerdo entre Gobierno y oposición debido a la emergencia climática, y lo será todavía más con el paso de los años.
La última fotografía la ha protagonizado este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que acudió a Madrid para pedir la construcción de una treintena de obras hidráulicas que se quedaron fuera del Plan Hidrológico 2022-2027 e intentar de nuevo la construcción de un embalse para el río Gállego después de que el Tribunal Supremo tumbase definitivamente el de Biscarrués en 2020. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera rechazó sus propuestas y dijo que por ahora el Gobierno solo participará en las obras hidráulicas acordadas en el Plan Hidrológico. "Escucharemos las propuestas y las necesidades para el siguiente ciclo de inversión, pero no modificaremos el plan vigente", dijo la titular de Transición Ecológica este lunes.
La cita de Azcón con Ribera fue menos fructífera que la de los otros dos varones populares, Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Murcia). El primero logró una ayuda de 356 millones para reducir el regadío junto a Doñana y el segundo abrió una comisión de trabajo con el ministerio para salvar el Mar Menor de la contaminación. El Govern catalán también recibió el compromiso de Transición Ecológica de que recibirá agua en barcos a partir de junio si continúa la peor sequía a la que se ha enfrentado la región. El plan del presidente aragonés, sin embargo, no convenció a Teresa Ribera, que recordó que en este momento tres construcciones hídricas en marcha en esta comunidad con más de 800 millones presupuestados: la ampliación del embalse de Yesa y la construcción de las presas Mularroya y Almudévar.
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A diferencia de Andalucía y Cataluña, el abastecimiento de agua en Aragón está garantizado y sus embalses se encuentran al 73% de capacidad. La construcción de las presas que ya están en marcha se centran en ampliar las tierras de cultivo de regadío en una demarcación donde más del 90% del consumo de agua va a parar a la agricultura, según la Confederación Hidrográfica del Duero. El Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027 contempla ampliar el regadío en 38.433 hectáreas en Aragón, un incremento del 9% frente a las 414.608 hectáreas de regadío que hay hoy en toda la comunidad. Esta ampliación del regadío en un escenario de cambio climático es un paso más en una comunidad que ha aumentado su cabaña ganadera entre 2019 y 2018 un 19%, generando graves problemas de contaminación de aguas subterráneas.
Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, señala que esta vía de apostar por la agricultura y la ganadería intensiva es la opuesta para contrarrestar una sequía que cada vez será más agresiva en España. "Es positivo crear espacios de diálogo entre el Gobierno y las comunidades, pero se proponen falsas soluciones como los trasvases o la modernización del riego de cultivos, que son ineficaces y que incluso a la larga aumentan el consumo de agua", señala la experta. "Lo que hay que hacer es reducir el regadío en las grandes explotaciones, pero las comunidades autónomas no están dispuestas y en los planes hídricos vemos como en los próximos años van a crecer las hectáreas en el Guadalquivir, en el Guadiana o en el Segura", añade.
Martínez carga así contra la gran apuesta del PP en materia de agua que consiste en construir trasvases y embalses para garantizar el agua para la agricultura, una solución que solo pospone el problema para más adelante. Uno de los ejemplos está en Andalucía, donde Juanma Moreno quería solucionar la sequía del Parque Nacional de Doñana mediante el trasvase Odiel-Piedras, usando esa agua para satisfacer a los regantes que ahora la extraen de forma ilegal y emitir incluso nuevos permisos de regadío. Ese plan, sin embargo, quedó en el cajón y acordó finalmente con Ribera comprar las hectáreas de regadíos irregulares para que cesen definitivamente su labor. Donde no habrá trasvase será entre el Ebro y el sistema Ter-Llobregat, como confirmó este lunes la ministra, un mensaje que ya había trasladado Ribera en el pasado, pero que había sobrevolado durante los últimos meses ante la sequía severa que padece Cataluña.
