La campaña de Almería pone en cuestión la efectividad de los fondos del Pacto contra la Violencia Machista

La campaña incluía una imagen de un niño, coronada por un lema: "Si dice no, no es sexo es agresión". Como es evidente, las críticas no se hicieron esperar. Y el Ayuntamiento de Almería, responsable de la campaña que ya lucía en varias marquesinas de la ciudad, retiró el anuncio. "Se trata de uno de los diseños que se presentó y que se ha incluido por error", decían desde el consistorio. En la esquina inferior derecha del cartel, aparecía estampado el sello del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este jueves, el Ministerio de Igualdad anunció haber remitido al consistorio un "escrito en el que le informa de que dicha campaña no se financiará" con los fondos del pacto y "le insta a retirar el logo" en todo lo relativo "a esta actividad a la mayor brevedad posible". La campaña, señala el departamento dirigido por Ana Redondo, "no se encuadra, en modo alguno, en ninguno de los ejes y medidas propuestos" por el acuerdo institucional contra la violencia machista.

No es la primera vez que salta la polémica en lo que respecta al destino de los fondos contra la violencia de género. A finales de marzo, el ministerio abría una investigación contra el concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) por financiar con estos mismos fondos una "cena para mujeres". El convite incluía karaoke, dj y sorteos para los asistentes. El objetivo, decían, era "festejar la fortaleza de las mujeres".

180 millones para comunidades y municipios

El Pacto de Estado pivota sobre una serie de medidas que salen adelante gracias a los fondos que reciben entidades locales y autonómicas. Las primeras, cuentan con un presupuesto de 40 millones de euros. Las segundas, con 140,2 millones.

La última partida destinada a los ayuntamientos se aprobó en julio del año pasado y estará disponible hasta el 30 de junio de 2024. En ese periodo de tiempo, los municipios deben realizar las actuaciones previstas para luchar contra la violencia de género y una vez concluido el ciclo de actuación, como ya ha venido ocurriendo en ejercicios anteriores, tendrán que justificar sus acciones mediante una memoria presentada ante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En el caso de las comunidades, las administraciones autonómicas ya han tenido que dar cuenta de la ejecución de los fondos relativos a 2023 y el pasado mes de abril recibieron la nueva partida de 2024.

Al Ministerio de Igualdad llegan, al final de cada ejercicio, los justificantes con el estado de ejecución, las cuantías totales de compromiso de créditos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados. Es obligatoria también la remisión de un informe final referido a los proyectos o programas para el desarrollo del pacto y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes de financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones realizadas y contemplará para cada una de ellas aspectos como la fecha de puesta en marcha de cada proyecto, el grado de consecución de los objetivos previstos y datos estadísticos sobre los usuarios de los servicios, entre otros.

Qué pasa si no cumplen

Partiendo de esta base, pueden ocurrir varias cosas: que la ejecución de los fondos concurra con normalidad, que se observe alguna irregularidad antes de que termine el ejercicio o que la puesta en marcha de los proyectos financiados a partir del pacto no quede debidamente justificada. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad indican que el departamento de Ana Redondo efectúa "un seguimiento de todos los fondos", plasmados en "miles y miles de expedientes". Siguiendo esta dinámica, el dinero "se reparte por adelantado y se tiene que justificar" después, al finalizar cada ejercicio. Lo habitual es que cada municipio haga "muchos proyectos" y "la mayor parte de los fondos estén bien empleados", resaltan las mismas voces.

¿Y qué ocurre cuando se tiene conocimiento de un mal uso de los fondos? Entonces, la administración correspondiente deberá destinar los fondos a otras actividades acordes a los objetivos del pacto, o de lo contrario los fondos recibidos no se considerarán correctamente ejecutados. Y entonces, se computarán como remanentes y se descontarán de la transferencia prevista para el ejercicio siguiente. Eso sí, según el Real Decreto 503/2022, el sobrante que no esté comprometido "se reintegrará al Estado".

¿Sombreros y libretas contra la violencia?

Según el reparto de fondos municipales de 2023, son numerosos los ayuntamientos que han ido acumulando remanentes de años pasados. Tanto es así, que algunos no han recibido ahora ningún ingreso, al haber acumulado dinero público no ejecutado cuando debía. Los hay de todos los tamaños: desde Pozohondo (Albacete), hasta Malgrat de Mar (Barcelona), pasando por Arroyomolinos (Madrid). En cuanto a las comunidades, Andalucía es el territorio que más fondos recibe (21.306.856,12 euros), seguida de Cataluña (18.061.671,23 euros) y Madrid (15.024.803,30 euros).

¿Y a dónde van a parar esos fondos? La respuesta es diversa. La Región de Murcia ha empleado parte de su presupuesto en la mejora del Servicio de Atención Psicológica a hijos de mujeres víctimas, un servicio de la asociación Quiero Crecer. Aragón lo destinó a su IV Plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y El Prat de Llobregat lo utilizó para confeccionar su proyecto de coeducación.

En el repositorio de buenas prácticas financiadas con los fondos se encuentran charlas, jornadas informativas, campañas de sensibilización y guías. Pero también merchandising de todo tipo. Y es ahí, precisamente, dónde emergen las dudas. ¿Fueron pensados los fondos del pacto para el reparto de libretas con un lema contra la violencia machista o de sombreros y abanicos con lazos morados?

"Manifiestamente mejorable"

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, tiene sus dudas. "La situación actual es mala: no se puede hacer lo que se está haciendo", dice en conversación con este diario. El también médico forense especializado en violencia contra las mujeres cree contraproducente conceder los fondos "sin ningún tipo de control y a expensas de lo que se justifique" posteriormente. Fundamentalmente porque es sencillo justificar encaje en un marco que en realidad no es todo lo exigente que podría ser. No resulta complicado organizar una festividad o diseñar camisetas bajo la premisa de la sensibilización, pero su utilidad, observa el experto, es al menos cuestionable.

El Tribunal de Cuentas ya deslizó a finales del año pasado la necesidad de "mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos". A nivel autonómico, indicaba la entidad, es preciso seguir mejorando los recursos de atención a los colectivos más vulnerables. Y a nivel local, los resultados "no fueron los previstos", dado que los fondos se diluyen en "pequeñas aportaciones" que no permiten la creación de unidades administrativas en los municipios, ni estimulan la aplicación de las medidas, especialmente en los territorios de menor tamaño.

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A ese informe se remite Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. "El mecanismo de la gestión de los fondos, así como el sistema de gobernanza establecido con ayuntamientos y comunidades, ha dado muestras más que suficientes de que es manifiestamente mejorable", observa al ser preguntada por este periódico.

A su entender, más allá de "lo absolutamente inapropiado del contenido de la campaña" almeriense, es evidente que el pacto "adolece de controles de calidad", en tanto que la finalidad del fondo debería ser invertir el presupuesto en "actuaciones comprendidas en las medidas del pacto", señala la experta. "Después de años usando este mecanismo de gestión probablemente ha llegado el momento de preguntarse si hay que mejorar los controles de calidad".

Lorente defiende situar las prioridades dónde es sabido que están: en los recursos para las víctimas. "Es necesario un diagnóstico de qué hace falta para que los fondos vayan dirigidos ahí. Estos fondos deberían estar destinados a aquellos recursos necesarios en cada lugar y según las carencias detectadas", subraya. Al menos, esas deberían ser las líneas de actuación. Tras más de un lustro de experiencia, parece que hace falta "algo de control previo, no sólo de justificación a posteriori", opina el interlocutor, porque "la teoría es que lo tenemos todo, pero la práctica dicta que aquello que tenemos, en realidad, no llega".