Las víctimas de Spanair y del Alvia, decepcionadas con la reforma del modelo de investigación de accidentes

Casi 16 años después del accidente del vuelo JK5022 de Madrid y a 11 del descarrilamiento del Alvia 0455 en Santiago, el Congreso está a punto de aprobar una reforma de los mecanismos de investigación de siniestros aéreos, marítimos y ferroviarios que por primera vez unificará la tarea bajo una única autoridad independiente. La Comisión de Transportes de la Cámara Baja debatirá este jueves el informe de la ponencia y, previsiblemente, dejará listo el proyecto de ley para su debate en el Pleno. Después será el turno de Senado.

El proyecto se declara deudor de la necesidad de un “progresivo refuerzo de la independencia de los órganos administrativos competentes, en consonancia con la normativa europea e internacional”, en lo que se refiere a la investigación de estos accidentes. Crea una única Autoridad Administrativa Independiente para “aprovechar las economías de escala y garantizar la especialización técnica necesaria en cada sector, consolidando la independencia operativa y financiera del nuevo organismo”.

Siguiendo el modelo de otros organismos regulatorios, teóricamente independientes, el nombramiento de los responsables de la nueva autoridad, aunque se hará propuesta del Ministerio de Transportes —cuyo papel en la gestión de las infraestructuras aéreas, ferroviarias y portuarias es a menudo parte de cualquier investigación— tendrá que ser validado por el Congreso. 

Su presidente deberá ser “una persona de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el campo de la seguridad en el transporte”. Y los miembros de su Consejo “tendrán acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad, para lo cual se requerirán los conocimientos técnicos, la experiencia profesional y los títulos académicos y profesionales obtenidos relacionados con dicha materia”. Su mandato será de seis años, para que no coincida con las legislaturas del Congreso.

Una aspiración antigua

Pilar Vera es la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas el 20 de agosto de 2008. Perecieron 154 personas. Atiende a infoLibre desde Montreal, donde asiste a la 39ª sesión del Comité Jurídico de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos.

Vera recuerda que la creación de un organismo multimodal de investigación de accidentes para todas las formas de transporte forma parte de las peticiones que su asociación ha hecho llegar a los sucesivos ministros de Transportes desde el año 2009: José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna, José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente.

Fue Ábalos, relata, quien en 2018 sometió a alegaciones “durante años” un primer proyecto de ley que no llegó al Consejo de Ministros hasta el año 2023 y acabó decayendo con la convocatoria de elecciones del año pasado.

El texto volvió al Consejo de Ministros el 20 de febrero —lo “aprovecharon políticamente”, critica Vera, porque ese es el día internacional de las víctimas de accidentes aéreos, precisamente a propuesta de su asociación— y de ahí ha pasado al Congreso, donde está ya en la recta final.

Asistencia familiar

“Esa ley es el producto de la fe y la convicción”, explica de quienes, como ella, creen que España debía aprender de la tragedia del vuelo JK5022 España y dotarse de una vez con un órgano de investigación al nivel de los países de nuestro entorno. Pero no es lo la ley que le “hubiera gustado”, advierte. Porque, entre otras cosas, no atiende una de sus principales demandas: la creación de una unidad de asistencia familiar. 

“El pasado martes se reunió la ponencia y el PP-PSOE quitaron una enmienda que la incluía. Me han prometido que si logro meterla otra vez en el Senado la incluyen”… Es algo, subraya, que países como Holanda y Estados Unidos “tienen desde hace muchísimos años”.

A pesar de ello, Pilar Vera mantiene su apoyo al proyecto. “Es mejor que nada”. El modelo actual, con comisiones de investigación diferentes para accidentes aéreos, marítimos y ferroviarios, es “nefasto”, así que su desaparición “será un primer paso”. La CIAIAC, que se encargaba hasta ahora de los siniestros aéreos, “es del año 1974 y es una vergüenza que a pesar de los accidentes que ha sufrido España ningún Gobierno se haya encargado de actualizarla”.

La Asociación Plataforma Víctimas Alvia 0455 es más joven que la del vuelo de Spanair. Fue creada tras el accidente que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en las proximidades de Santiago cuando un tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol. Hubo 144 heridos y 80 fallecidos.

El problema de la independencia

Cuando el Gobierno sometió su proyecto de ley a información pública, presentaron numerosas alegaciones y no están del todo contentos con el texto que está a punto de ser aprobado en el Congreso. Si bien la creación de una Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte es una decisión que “puede aportar numerosas ventajas”, reconocen, tanto para el fomento de la seguridad en los transportes, como para “asegurar un proceso profesional que llegue a las verdaderas causas de los hechos” y ayude a evitar que se repitan accidentes, así como para “facilitar la transparencia de las investigaciones”, no creen que el texto sirva adecuadamente a este triple propósito.

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La principal discrepancia, señala su portavoz, Jesús Domínguez, tiene que ver con una de las batallas que esta asociación lleva dando desde hace una década: garantizar una investigación independiente que, denuncian, no tuvo lugar en el caso de Alvia. La nueva autoridad, aseguran, está “adscrita a Transportes, cuando este mismo ministerio podría tener responsabilidades en el propio suceso”. “No se puede ser juez y parte”. Es imprescindible, defiende, encontrar otra alternativa en cuanto a la dependencia orgánica y funcional de este nuevo organismo. “De lo contrario, su independencia y eficacia no estará garantizada”.

En particular, la asociación del Alvia echa en falta el literal de una directiva europea que en 2004 ordenaba que el equipo técnico investigador fuese independiente “en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria, organismo de tarifación, organismo de adjudicación y organismo notificado y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación”. En su opinión, es esencial que sus miembros “no trabajen o hayan trabajado en alguna de las entidades públicas o privadas involucradas de una u otra manera en el accidente”, algo que el proyecto de ley no garantiza.

El accidente del vuelo de Spanair fue juzgado y sentenciado hace tres años. El del Alvia sigue todavía a la espera de que se conozca el fallo judicial.