El PP se lanza a deslegitimar un Constitucional cuya composición Casado y Feijóo pactaron con Sánchez

Desde hace un año y medio hay una mayoría progresista que domina el Tribunal Constitucional y eso no gusta a la derecha política, judicial y mediática. El Partido Popular lleva meses trabajando en la deslegitimación de la institución y este martes la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha salido en bloque a criticar al Alto Tribunal por su supuesta falta de "imparcialidad" y su "capacidad de dar la razón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace unos meses, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal, unas declaraciones que luego se vio obligado a rectificar.

"Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto", señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero, en la que adelantó su formación recurrirá la ley de amnistía aunque no confía en que falle a su favor. "Yo creo que Pedro Sánchez no eligió a los magistrados del Constitucional tanto en orden a sus méritos profesionales como en la capacidad que pueda tener de darle la razón", añadió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "El Constitucional está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez", argumentó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Declaraciones con pocas horas de diferencia.

El mismo PP que critica abiertamente la actual correlación de fuerzas, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, es el que participó en la elección de tres de sus magistrados, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado hace solo una semana por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos son perfiles vinculados a la derecha y que han tenido que ser recusados en casos que afectaban directamente a la formación.

Cuando el PP de Casado pactó los nombres de Espejel y Arnaldo —lo que provocó malestar en la izquierda, hasta el punto de que en la votación del Congreso hubo varios diputados que no siguieron la disciplina de voto—, tanto Almeida como la actual número dos del PP, Cuca Gamarra, defendían la decisión de su presidente. "Sin duda alguna, el acuerdo es satisfactorio", defendía Gamarra, subrayando que eran "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Almeida, por su parte, presumía de la iniciativa del presidente del PP. "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante", señalaba, en referencia al acuerdo, que incluía también los nombramientos para el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Feijóo, por su parte, defendió la elección de Macías para el Constitucional y se lo anotó como propio, acusando al Ejecutivo de haber "impedido" hasta ahora "proponer el miembro que le corresponde", aunque lo cierto es que esa elección compete a las Cortes Generales y requiere de una mayoría de tres quintos que no tiene el PP. Macías ha sido el hombre fuerte del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial estos años y no ha escondido sus críticas al Ejecutivo. "[El Gobierno pretende] desactivar el sistema democrático y a través de ello impulsar un cambio de régimen", llegó a decir en un coloquio en mayo de 2021.

Sembrar dudas sobre el perfil de su presidente y dos de sus magistrados

En el marco de esta estrategia de desprestigio, tampoco el PP ha dudado en instalar una sombra de duda sobre el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido. "Yo intento plantear políticas de Estado y respetar las instituciones. Los antecedentes del presidente del Tribunal Constitucional no me tranquilizan", señaló Feijóo. Hace solo unos meses, el entonces coordinador general del PP, Elías Bendodo, se apoyaba en diferentes informaciones periodísticas para sugerir que Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, estaría negociando la amnistía con Conde-Pumpido. "Más grave sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia", dejó caer el conservador en un acto.

Lo cierto es que el PP trató, en su momento, de torpedear la candidatura de Conde-Pumpido a la presidencia, bajo la premisa de que era "el brazo político de La Moncloa y de Pedro Sánchez", pero de nada sirvieron los intentos y cálculos del sector conservador para aupar a lo más alto del órgano de garantías a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer, también del sector progresista. Al haber sido fiscal general del Estado en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP siempre le ha acusado de maniobrar y filtrar información relativa al caso Gürtel. "Ese ser inefable dejará su nombre en la leyenda negra de la historia judicial española", decía de él en 2011 el entonces coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.

"Hoy hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional bajo la presidencia de Conde Pumpido que materializa el borrado de la condena de otro cargo socialista de los ERE", denunciaba también este martes Gamarra, al tiempo que acusaba a la corte de garantías de "hacer revisionismo" de las sentencias del Tribunal Supremo, "el más Alto Tribunal de nuestro ordenamiento jurídico". "Es lamentable ver como el TC está borrando la corrupción del PSOE y evitando que tenga que ser Sánchez el que tramite los indultos a sus compañeros", proseguía la número dos del PP, al tiempo que criticaba que el Gobierno "ataca a los jueces y siembra dudas sobre su actividad profesional", como hacen ellos mismos.

Pero Conde-Pumpido no es el único nombre que no gusta al PP. Feijóo ha vuelto a incidir en que hay otros dos "magistrados del Gobierno" en el órgano de garantías, en referencia al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Presidencia Laura Díez, ambos magistrados del órgano de garantías a propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la formación conservadora también situaban el foco en ambos perfiles este martes. "Para que el Partido Popular no tenga ninguna duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional habría sido bueno que Pedro Sánchez no les hubiera nombrado", señalaban.

En la corte de garantías "preocupan mucho" este tipo de descalificaciones porque consideran que están funcionando "muy bien", a pesar de las "discrepancias puntuales propias de un órgano que es plural". En este sentido, las fuentes consultadas por infoLibre recordaban recientemente que la "mayoría" de sentencias que se han dictado a lo largo de estos meses han sido "por unanimidad o con un número escaso de votos particulares y tachaban de "inaceptable" que los mismos que se quejaban de las críticas que reciben los jueces "deslegitimen" al mismo tiempo al TC.

Con todo, el Tribunal Constitucional ha intentado evadirse, en los últimos compases del año, de la escalada de tensión en las relaciones entre el mundo político y judicial. Y sólo ha intervenido en el momento en el que se ha señalado públicamente a uno de sus magistrados. Ocurrió cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó en la Cámara Baja contra la "politización de la justicia española" y llamó "personaje indecente" a, entre otros, la magistrada Concepción Espejel. La corte de garantías no dudó en dar una respuesta unánime a este ataque y mostrar su preocupación por el cuestionamiento público de una de sus miembros: "Siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial".

El PP apurará el plazo para recurrir la ley de amnistía (Campo podría abstenerse)

Pese a sus evidentes desconfianzas en el criterio del órgano —por no tener la mayoría conservadora que al PP le gustaría y que imperaba hasta enero del pasado año— Feijóo ha asegurado que recurrirá la ley de amnistía pero no lo hará de inmediato. A su juicio, "parece razonable agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley" que, "además de ser una chapuza legal", "sigue presentando grandes dudas". "El PP recurrirá la constitucionalidad de la ley de amnistía. No por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho órgano, sino por respeto a la propia institución", remachaban desde Génova.

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El magistrado Juan Carlos Campo no parece dispuesto a participar en este debate. Es más, ya ha comunicado su intención de abstenerse en uno de los primeros recursos de amparo que han llegado a la corte de garantías relacionados con esta proposición de ley. Como ministro de Justicia, Campo fue el firmante de los informes del Gobierno sobre los indultos en los que se decía que un olvido jurídico era "claramente inconstitucional". "La amnistía no cabe", ha insistido también en público en alguna ocasión.

Si Campo finalmente no participa en todo lo que tenga que ver con esta medida de gracia y ya con Macías en el órgano, la distribución de mayorías quedaría en seis a cinco. Es decir, cualquier mínimo movimiento dentro del bloque progresista tumbaría una amnistía con la que el Ejecutivo pretende poner punto y final al procés. Una correlación de fuerzas en la que, además, se intentará influir también a través de las recusaciones.  De hecho, ya hay un recurso de amparo registrado en el TC por un ciudadano sobre la amnistía que pide la recusación de Campo y otros dos magistrados del llamado bloque progresista: Laura Díez y Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano.

El TC siempre ha defendido una "interpretación restrictiva" de esta capacidad para apartar a magistrados. Sobre todo en este órgano, cuyos miembros, a diferencia de los tribunales ordinarios, no pueden ser sustituidos por otros. Tanto es así que, por ejemplo, en algunas de sus resoluciones el máximo intérprete de la Ley Fundamental ha dejado claro que "no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver", siempre y cuando no "se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad".