Aviones que trasladan en secreto a migrantes y otros cinco bulos que desmienten los datos y las ONG
En apenas cinco días, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasó de hablar de "solidaridad" entre comunidades a "efecto llamada". A alertar de una inmigración "descontrolada". A asegurar que hay inmigrantes "deambulando" por las calles después de que el Gobierno les meta "en aviones" y "los deje en determinados barrios". El portavoz de los conservadores en el Congreso, Miguel Ángel Tellado, fue incluso más allá y pidió este mismo jueves, ante la alerta anunciada por su jefe, "desplegar" las Fuerzas Armadas para "defender fronteras". Porque son, llegó a afirmar, "un coladero". Ni uno ni otro acompañó sus palabras de ningún dato. Ni concretaron qué es exactamente lo que está provocando ese "efecto llamada". Ni explicaron en qué se basan para proponer una militarización de las fronteras como solución. La realidad que dibujaron, de hecho, ni siquiera se ajusta a la verdad. Y lo que es peor, a juicio de las voces expertas consultadas: vulneran el derecho internacional más básico.
Tal y como lo entiende Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València, no es casualidad que el PP haya desplegado precisamente ahora todo este arsenal discursivo basado en tópicos racistas y xenófobos. Tiene que ver, principalmente, con el auge de la extrema derecha. Tanto a nivel nacional como europeo, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, "se ha pasado al discurso de Meloni y Orbán de tratar la migración desde una óptica de control y orden público", los mismos términos en los que Tellado se situó este jueves. "Es un escalón muy grave que supone un giro estratégico electoral en el PP, que sabe que ha perdido votantes por Vox" y, ahora también, por Luis Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF).
Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), califica la medida de "completo dislate". "No es sólo una inhumanidad, sino que además es un brindis al sol. La función de las Fuerzas Armadas nunca puede pasar por hacer algo contrario a los tratados internacionales firmados por España. Lo que deben hacer es limitarse al rescate de los migrantes", señala por su parte. Lo dijo de hecho el propio jefe de la Armada en 2020, cuando al ser preguntado sobre un despliegue militar para bloquear cayucos, afirmó: "Si cualquier barco de guerra se encuentra con una patera donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral... es rescatarlos. Es lo que se haría".
En cualquier caso, se trata de una propuesta que llega de un diagnóstico, afirman los expertos y las ONG, que o bien omite parte de la realidad o, directamente, no se ajusta a la misma.
¿"Efecto llamada"?
Hablar de migración hablando de "efecto llamada" es un clásico de la derecha. "Es un invención que se usa desde hace muchísimo tiempo, pero siempre se puede confrontar, es un sinsentido", explica Valiente. No existe, dice. Lo que hay, en realidad, es un "efecto expulsión". "Si un Gobierno no quiere que haya desplazamientos, lo que hay que hacer en realidad es trabajar contra las causas que lo originan", defiende. Amnistía Internacional opina lo mismo. "Uno no es llamado a abandonar su hogar, sino que se ve obligado a huir de manera desesperada de la guerra, la pobreza, la explotación… El único 'efecto llamada' que existe aquí es el de fomentar el racismo y la xenofobia. Una expresión usada por los gobiernos como justificación para no tomar medidas en favor de las personas refugiadas", denuncian.
La argumentación que la derecha emplea además para sostener este término tampoco se sostiene. Tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, como el vicepresidente del comité Ejecutivo, Jorge Buxadé, han acusado en numerosas ocasiones al Ejecutivo de "fomentar" una supuesta invasión prometiendo ayudas que superan las que reciben los españoles. Pero omiten que los migrantes irregulares no tienen derecho a percibir prestaciones —aunque sí tienen derecho a servicios sociales básicos—. De hecho, cualquier persona en situación administrativa irregular tiene que estar tres años "en clandestinidad" antes de poder demostrar algún tipo de arraigo que le regularice.
¿"Inmigración descontrolada" y fronteras "coladero"?
Según asegura Feijóo, la inmigración en España está ya "descontrolada". Los datos indican que ha habido un incremento de las llegadas irregulares en lo que llevamos de año, eso es cierto. Según el último balance del Ministerio del Interior, hasta junio han atravesado nuestras fronteras 24.898 migrantes, casi el doble que en los primeros seis meses de 2023. De ellos, 19.257 lo han hecho por las Islas Canarias. Es decir, el 77,3%.
La situación allí, desde hace más de un mes, es "muy límite", según lamentó la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado. Por eso fue este Ejecutivo el que propuso una reforma de la Ley de Extranjería que obligue a las comunidades autónomas a aceptar el reparto de los menores migrantes que lleguen solos al territorio. Pero el acuerdo sigue en el aire. Y es precisamente por el PP. "Lo que se plantea es un sistema de corresponsabilidad. Y desde el PP lo saben porque además forman parte del Gobierno de Canarias, donde ya hay casi 6.000 menores" que saturan el sistema de acogida. Y eso sí es tener una situación "descontrolada".
¿"Si no ponemos barreras es imposible atender a todas las personas que están en Canarias"?
Son los propios conservadores los que en otras ocasiones admiten de hecho la situación límite del archipiélago. "Si no ponemos límites, si no ponemos barreras, es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas", señaló también Feijóo esta semana. Pero los expertos lo han repetido hasta la saciedad. Ocurre lo mismo que cuando se habla de efecto llamada: da igual que se levanten muros porque lo que lleva a los migrantes a huir de su país son las condiciones que viven allí, no las que se pueden encontrar una vez lleguen a cualquier frontera.
Un ejemplo muy gráfico: las concertinas que se instalaron en las vallas de Ceuta y Melilla y que tanto indignaban a las organizaciones en defensa de los derechos humanos nunca provocaron que no se produjeran entradas de migrantes. Lo único que hicieron fue que estas entradas fuesen más peligrosas. Para muestra están los datos: las cuchillas se colocaron en 2005 y se retiraron del todo en 2021, pero en 2018 hubo 6.800 saltos y en 2019 6.345, según los datos de Interior.
¿"Deambulan inmigrantes que el Gobierno lleva en avión a la Península"?
Este argumento tampoco es nuevo. "En las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español", dijo Feijóo. Lo hizo también en octubre del año pasado, cuando añadió que el Ejecutivo dejaba a estas personas "en paradas de autobús". Es una línea argumental que también ha empleado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que acusó a Pedro Sánchez de tratar a los migrantes "como fardos" y de "actuar con nocturnidad" para "quitárselos de encima". "Es mentira, no tiene vuelta de hoja", señala Valiente.
No hay ninguna prueba que demuestre estas afirmaciones. Desde el Gobierno han insistido por su parte una y otra vez en que estas frases no son más que "falsedades". Lo hizo por ejemplo el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que explicó que, durante los traslados, el personal de las entidades que trabajan con su ministerio "acompaña a los migrantes hasta los centros donde son acogidos, donde también están las ONG". "Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar, y estas instituciones no atienden a los migrantes, ya que es una competencia exclusiva del Estado", zanjó.
En cualquier caso, dice Valiente, si los migrantes "deambulan" es porque tienen derecho a movimiento. Porque la alternativa además también ha sido criticada por los conservadores, que han hablado de migrantes "retenidos en Canarias".
¿"Agresores sexuales"?
En todo caso, el término "deambular" lleva implícita una connotación claramente negativa. Porque la asociación de migrantes con delincuencia también ha sido muy frecuente. La hizo la propia Ayuso el pasado mes de enero, cuando aseguró que un un centro de acogida de migrantes del municipio madrileño de Alcalá de Henares había sido el origen de "agresiones sexuales a varias mujeres". Sin embargo, eso nunca llegó a demostrarse.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó este jueves los datos del último Informe sobre delitos contra la libertad sexual y explicó que estas agresiones son cometidas, "mayoritariamente", por españoles. Sin embargo, si analizamos los datos en términos relativos a la población, la violencia siempre es mayor entre la extranjera. Pero no hay ningún estudio que relacione criminalidad con origen. Las expertas de hecho niegan que esto exista. Lo que en realidad ocurre, destacan, es que la población extranjera está más sometida a la precariedad, al desarraigo y a la discriminación.
¿"Mafias" que fomentan la migración irregular?
Al igual que el efecto llamada, el asociar la llegada irregular de migrantes con supuestas "mafias" es otro clásico del discurso antimigratorio de la derecha. "España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y le pedimos al Gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro", aseguró Tellado este mismo jueves, al mismo tiempo que pedía una intervención de las Fuerzas Armadas.
La afirmación tampoco la acompañan nunca de pruebas. Tan sólo de la frase en sí, en la que además acusan a las ONG de coolaborar con esos grupos criminales. Sin embargo, en esto sí que se pueden usar datos, porque los movimientos migratorios no han dejado nunca de producirse, independientemente de que en las fronteras haya o no haya presencia de organizaciones. Según los datos de organismos internacionales como Acnur o la OIM recogido por El Mundo, del 1 de enero al 20 de agosto de 2019 7.531 inmigrantes se embarcaron de las playas libias sin embarcaciones de ONG en el mar, pero tan sólo lo hicieron 1.961 personas cuando sí que había, al menos, un barco.
Un discurso "peligroso"
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Virginia Álvarez, la responsable de política interior de Amnistía Internacional, pone el foco en las consecuencias de estos mensajes. Según lamenta, se trata de discursos "peligrosos", nada inocuos, que sí que terminan sufriendo las personas migrantes. "Quienes lanzan estas afirmaciones no son conscientes de que incrementan la vulnerabilidad de las personas racializadas y migrantes, que pueden sufrir en un mayor grado violaciones de sus derechos", denuncia.
En este sentido, el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023 presentado este lunes también por Marlaska, reveló que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3% respecto a 2022. De todos ellos, los delitos relacionados con racismo y xenofobia son los más numerosos: hubo 856 y representan el 41,8% de todas las denuncias.
"Me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de las autoridades públicas. No se pueden lanzar mensajes que, a base de mentiras, deshumanizan a un colectivo al que se deja completamente vulnerable frente al odio", lamenta Álvarez. "El propio INE ya revela que el número de personas irregulares en España no llega ni al 1%, pero me da rabia tener que dar estas cifras. Hay personas que se ven obligadas a salir de sus países, y tienen derecho a hacerlo y a pedir asilo y protección", sentencia. Así lo dice la Convención de Ginebra que España ratificó en su momento.
