Desahucios, fondos buitre, secretismo... las prácticas de la Sareb que indignan a los inquilinos

“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

¿Diálogo o presiones?

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

"Se ha cedido la gestión a dos fondos buitre"

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

Ventas a las administraciones y contratos sociales

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada.