El Gobierno presiona al PP para que demuestre que se ha alejado de Vox pactando la ley de extranjería

La proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería ya está en el registro del Congreso. La vista está puesta en el próximo día 23, cuando previsiblemente el Pleno abordará su toma en consideración. Y todos los focos apuntan al Partido Popular, que tiene la llave para llegar a un gran acuerdo como presionan el PSOE, Sumar y el Ejecutivo de Canarias.

Génova 13 sigue sin aclarar qué va a hacer respecto a esta iniciativa por la que se pretende blindar por ley el reparto entre comunidades de los menores migrantes no acompañados después de que se haya evidenciado que el actual modelo no es efectivo y con Canarias en una situación de total colapso. La idea que tiene el Gobierno pasa principalmente por un apoyo del Partido Popular, que es clave para que den los números pero sobre todo para que haya una eficiente aplicación pues tiene ahora mismo en sus manos la mayoría de administraciones autonómicas.

El PSOE, Sumar y Coalición Canaria presentaron este lunes ante el registro su propuesta de reforma y esperan que la presión al Partido Popular surta efecto de aquí a una semana a pesar lo difícil que parece. Tienen la esperanza, según fuentes gubernamentales, de que los populares al menos faciliten que pase la primera prueba y el Congreso permita que se pueda debatir y tramitar. En un escenario en el que ven muy complicado que Junts pueda apoyar la proposición de ley. Todos los caminos pasan en estos momentos por el Partido Popular.

Es la “prueba del algodón”, como repiten en el PSOE, para comprobar además si el PP se ha distanciado realmente de Vox y tiene una política autónoma después de que los de Santiago Abascal hayan abandonado todos los gobiernos autonómicos de coalición precisamente por el acuerdo de la Conferencia Sectorial, con el voto a favor de los populares, para la acogida de menores migrantes no acompañados.

En el Gobierno de coalición ven insuficiente el acuerdo de la reunión sectorial porque entienden que no se soluciona el problema estructural para la distribución de los menores y creen que solo se solventará con una reforma que pivote sobre la “solidaridad obligada”. Desde el Ejecutivo se subraya que durante esta semana queda por delante un trabajo intenso con el resto de grupos parlamentarios para que se abra camino esta proposición de ley. 

Una semana de negociaciones

La coalición consiguió sumar de manera abierta este lunes al PNV, con quien llevaba tiempo negociando de manera discreta. La formación nacionalista reveló que apoyará la toma en consideración la semana que viene y puso sobre la mesa de cara a su aprobación la necesidad de que se ponga también en marcha un plan de contingencia con acciones adicionales y medidas de formación y de acompañamiento. El Gobierno siempre defiende que esta proposición lleva consigo los suficientes recursos para las autonomías.

De los socios de investidura, Junts es el que está más lejano y en el Gobierno descartan casi por completo que termine apoyando la reforma. ¿Y por qué la presión del Ejecutivo va más hacia el PP que hacia los de Carles Puigdemont? Fuentes socialista subrayan que los populares tienen que demostrar que son un “partido de Estado” y, además, su concurso es totalmente necesario porque son las autonomías las que tienen que aplicar luego esa reforma.

Los populares siguen manteniendo la incógnita sobre qué harán en la votación en la Cámara Baja y han incluido nuevas reclamaciones al Ejecutivo como la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, un plan nacional de inmigración y la declaración de emergencia migratoria. “Somo extraordinariamente críticos con la ausencia de política migratoria de este Gobierno, porque trata, por un lado, a los inmigrantes como paquetería exprés y no como seres humanos, y porque no afronta a medio y largo plazo un fenómeno que debe ser encauzado y tratado con el rigor y con la serenidad", criticó el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.

Un divorcio a medias

En La Moncloa y en Ferraz también ven en esta votación sobre la Ley de Extranjería el gran examen para saber si es verdad que el PP se ha alejado de Vox y va a practicar políticas de centro derecha moderado. Fuentes socialistas ponen en duda la profundidad de ese divorcio de las derechas y recuerdan que siguen gobernando de la mano en 140 ayuntamientos. Asimismo, exigen a los populares que deroguen todas las normas que han apoyado junto a los ultras como las conocidas leyes de concordia que han sustituido a las de memoria democrática.

En el PSOE ponen el foco al hilo en la inestabilidad ahora de esas comunidades con gobiernos débiles. Pero eso no significa que vayan a salir a auxiliar a los populares después de que algunos dirigentes del PP como María Guardiola hayan dicho que quieren explorar pactos puntuales con los socialistas. De hecho, en Ferraz creen que el PP va a seguir adelante esta legislatura con el apoyo externo de Vox. “Los vemos muy tranquilos y cómodos a pesar de lo que ha pasado”, deslizan en la dirección del partido del puño y la rosa.

Asimismo, escuchan con atención en el Gobierno y en el PSOE el discurso duro de Isabel Díaz Ayuso durante estas horas sobre la reforma de la Ley de Extranjería, creyendo que esto puede marcar finalmente la postura de Alberto Núñez Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó la proposición de ley como una “tomadura de pelo”, a la vez que dijo que el Gobierno trata como “muebles” a los migrantes y quiere quitarse el “lío” antes de las vacaciones. Un tono diferente utilizó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que pidió al Gobierno central ser “leal” y negociar la reforma, aunque dejó en manos de la dirección nacional el sentido del voto.

Esa presión al PP también llegó de manera doble por parte de Sumar. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, reclamó al PP que se aclare y le invitó a unirse al pacto, recordando que el Gobierno ha puesto de su parte y que convocó incluso a las autonomías como pidió Génova 13. La dirigente de IU prometió también diálogo con los grupos durante los próximos días para que supere esa primera prueba de fuego la reforma de la ley. Además, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, trasladó que esta es la oportunidad para que el Partido Popular se desmarque de Vox. No obstante, reflexionó que la ruptura de los gobiernos de la derecha no viene por el “convencimiento democrático” del PP, sino por el “chantaje” de la ultraderecha.