Las exmonjas atrincheradas en Belorado, sin caridad digital: su 'crowdfunding' se queda en 2.000 euros

El pasado 13 de mayo España asistía por primera vez a la ruptura de una comunidad de religiosas con la Iglesia católica para unirse a un grupo cismático. Dos meses después, las ya famosas monjas de Belorado están excomulgadas y en batalla judicial y mediática con el Arzobispado de Burgos y la Iglesia por el monasterio de Santa Clara del que se niegan a marcharse. Detrás de esta historia rocambolesca estuvo desde el principio el componente inmobiliario y económico y en esos términos continúa: las exclarisas han recurrido a la caridad digital con el fin de recaudar los 20.000 euros que necesitan para “subsistir”, un llamamiento que hasta ahora no ha dado muchos frutos. En los primeros 12 días han llegado sólo al 12% del objetivo, con 2.432 euros aportados por 53 personas a fecha del sábado 20 de julio. Les quedan 18 días de campaña de microfinanciación (el conocido como crowdfunding) en la plataforma Paypal para lograrlo.

“Pedimos ayuda para subsistir económicamente, dado que se nos han intervenido las cuentas bancarias y no podemos hacer frente a los gastos ordinarios de nuestra comunidad religiosa. Dios se lo pague”, dice el mensaje de presentación de la campaña, que firma ya con su nombre secular Laura García de Viedma, más conocida como sor Isabel, la exabadesa que se ha confirmado con los últimos acontecimientos como la persona clave en este cisma. Ella fue la única religiosa que firmó (en nombre de algunas, pero no de todas, como se sabría después) la carta de ruptura el pasado 13 de mayo. En su reclamo digital para pedir dinero, da su propia versión de los hechos: “Nuestra comunidad de hermanas clarisas se ha separado de la iglesia-conciliar y estamos recibiendo como consecuencia de este acto de fe insultos, calumnias, desamparo, aniquilación de la buena fama, coacciones, intentos de usurpación de administración y propiedades, amenazas de desahucio y una campaña de odio y desprestigio público en medios de prensa y televisión”. 

Las expresiones públicas del Arzobispado de Burgos son más conciliadoras y formales, aunque la institución eclesiástica se está viendo obligada a salir al paso de las acusaciones de la exabadesa y a emitir incluso comunicados oficiales insólitos en respuesta a sus declaraciones en programas de televisión. “La Archidiócesis de Burgos, con Mario Iceta a la cabeza, está teniendo una actitud ejemplar, tanto de paciencia y diálogo hacia las exmonjas, como de transparencia a la hora de informar, con detalles y pruebas, de la verdad del caso”, indica a Infolibre el teólogo y experto en sectas de origen cristiano, Luis Santamaría, el analista que más al detalle ha seguido este caso desde que estallara hace dos meses. Una de las últimas notas de prensa del Arzobispado refleja ese talante: “Más allá de los temas jurídicos anteriormente expuestos, reiteramos la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo”. 

15 religiosas atrincheradas, de las que 5 siguen en la Iglesia

El elemento humano que complica aún más este sainete inaudito en España es que dentro del monasterio de Belorado no sólo están atrincheradas las diez religiosas que han roto con la Iglesia y han recibido la excomunión. Con ellas viven cinco hermanas mayores que sí siguen siendo clarisas. “Son muy mayores y tienen demencia. Seguramente no tengan ni idea de lo que está pasando. Según dice el arzobispo, están bien cuidadas, pero no están siendo atendidas espiritualmente, ya que desde la primera quincena de mayo no ha pisado por ahí ningún cura de verdad. Para mí, se trata de un grave atentado contra su libertad religiosa: son monjas de clausura que no pueden comulgar ni confesarse”, dice Santamaría. La Archidiócesis también ha expresado públicamente su preocupación por estas hermanas: “El hecho de que las diez exreligiosas permanezcan fuera de la Iglesia católica dificulta el acompañamiento de las hermanas mayores que, aún con sus limitaciones, siguen siendo monjas católicas de clausura y conforman la comunidad de religiosas clarisas de Belorado”. 

Una monja que abandonó el monasterio en cuanto se consumó el cisma, sor María Amparo, ha explicado ya extramuros que a ella no la dejaron despedirse de las hermanas mayores y que sufrió “una vigilancia total” para evitar que se comunicara con ellas. “Igual ni saben que ya no estoy allí. Fue una decisión firme: tenía que salir. Sobre todo, para no pertenecer a esta secta, por nada del mundo. En ese ambiente ya no se podía estar”, afirmó entonces en una entrevista con el Diario de Burgos. Cuando rompieron con la Iglesia católica, las monjas de Belorado manifestaron que pasaban a estar “bajo tutela y jurisdicción” de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien se autodenomina obispo, pero nunca lo fue, ni tampoco cura, sino católico de a pie excomulgado en 2019 porque participar en una ordenación como su Pía Unión de San Pablo Apóstol, que se reivindica como verdadera Iglesia católica, es un delito canónico. El idilio de las clarisas con el falso obispo no duró mucho: el 26 de junio, las monjas expulsaron del monasterio a De Rojas y al también falso cura José Ceacero (durante un mes su portavoz), quienes han asegurado que la separación es irreversible.

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En la batalla por deudas, impagos y facturas, sobresale la lucha mayor: las religiosas excomulgadas reclaman como propio el Monasterio de Santa Clara y se niegan a irse si no hay orden judicial, puesto que sólo reconocen una autoridad y es la de los tribunales. El Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, es decir, es un bien de titularidad eclesiástica. “Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él”, explica el Arzobispado de Burgos. Y agrega: “El título legítimo corresponde a la persona jurídica (Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado) y no a las personas físicas. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les ‘pretende echar hasta las puertas de la calle, como si fuera una decisión arbitraria. No es nuestra intención causar ningún perjuicio”.  Santamaría considera que el arzobispado quiere “que todo esto se arregle con el menor daño posible” pero defiende que “debe prevalecer la justicia”. “Si las exmonjas se quedaran en el monasterio sería una apropiación indebida en toda regla. No hay derecho, porque es fruto del trabajo altruista y de las donaciones de los fieles católicos a lo largo de varios siglos”, argumenta.

Deudas y facturas de decenas de miles de euros

Las monjas cismáticas justifican su petición de dinero vía campaña digital en que se les “han intervenido las cuentas bancarias” y no pueden “hacer frente a los gastos ordinarios de la comunidad religiosa”. Sin embargo, la Comisión Gestora que ha tomado las riendas del monasterio tras la ruptura denuncia que la exabadesa les niega todo acceso a la información económica que necesitan para normalizar la situación. El arzobispo es ahora también comisario pontificio, es decir, superior y administrador interino de la comunidad de las clarisas. La Comisión asegura que han recibido más de veinte facturas, por un importe superior a 35.000 €, y once nóminas, que suman unos 9.800 €. “Con el exiguo saldo obrante en las cuentas a las que hemos podido tener acceso, que no superaba los 6.000 €, es imposible hacer frente a estas obligaciones”, indica esta entidad, que tiene ahora como prioridad pagar a los trabajadores y a los proveedores que llevan meses e incluso años sin cobrar, con fondos de otros monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Han abonado hasta ahora más de 3.000 € en suministros y más de 18.000 € en créditos bancarios. Las clarisas de Belorado eran conocidas, antes del cisma, por sus célebres chocolates, rocas, trufas y bombones como el de mojito, unos productos que las llevaron a participar en eventos como Madrid Fusion. Pero la Comisión no tiene constancia de los ingresos generados con esa actividad económica ni tampoco acceso a la información tributaria básica.

“Ha habido dos liderazgos de tipo sectario. Por un lado, Pablo de Rojas, que veía la ocasión de tener por fin una comunidad de seguidoras y unos monasterios como sede de su secta. Por otro lado, la ahora exabadesa, que quería perpetuarse en su cargo que se le acababa en unos días. El carácter autoritario y carismático de Laura García de Viedma lo podemos ver en cómo ha utilizado a la Pía Unión para sus intereses, y sobre todo en la estrategia de desinformación y difamación con la que pretende hacer ruido para despistar a la gente”, valora Santamaría. Esa estrategia es, a su juicio, la causa de que la campaña de recaudación digital no les esté funcionando: “La gente no se fía de ellas. Las exmonjas no hacen más que decir que no tienen dinero, pero contratan a bufetes de abogados, y no se sabe lo que han hecho con todo el dinero que habían ingresado hasta ahora”.