Muchos intentos pero pocas condenas: la difícil tarea de sentar a un juez en el banquillo por prevaricación
Hace solo unos meses la expresión de moda, cuyo uso escocía a buena parte de la judicatura, era lawfare. Se utilizaba, fundamentalmente, para referirse al uso de los tribunales en la batalla política. Pero ahora, de lo que se habla es, directamente, de prevaricación judicial. En el PSOE evitan utilizar dicha expresión delante de las cámaras. Pero en privado, cargos del partido recurren a ella cuando se les pregunta por la investigación del magistrado Juan Carlos Peinado en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Es una prevaricación de libro", sostienen algunos dirigentes socialistas.
Desde que se iniciaron las pesquisas, PSOE y Gobierno han asegurado que "no hay caso". Y, de hecho, las diligencias practicadas hasta el momento no han arrojado aún elemento incriminatorio alguno. Pero eso no ha impedido que Peinado pise de nuevo el acelerador citando al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Una testifical que ya ha sido recurrida tanto por la defensa de Gómez como por la Fiscalía, que no la considera ni "útil" ni "pertinente". Un escrito en el que el Ministerio Público advierte de las "disfunciones" producidas en instrucción, con personas que pasan "sin motivación alguna" a tener la condición de investigadas tras declarar como testigos, con obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas.
Peinado no es el único juez al que se ha acusado de prevaricar. A comienzos de julio, sin ir más lejos, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y el director de su Oficina, Josep Lluís Alay, presentaron una querella por prevaricación y malversación contra el instructor de la supuesta trama rusa del procés, el magistrado Joaquín Aguirre. En ella, le acusaban de haber pergeñado un "plan para incumplir" el auto de la Audiencia de Barcelona que anuló el último año de instrucción. El magistrado, consciente de que la decisión de la instancia superior "abocaba a un sobreseimiento", decidió abrir una pieza separada sobre este mismo asunto desgajada de otra que colgaba de las diligencias con las que comenzó todo.
La prevaricación judicial aparece recogida en el artículo 446 del Código Penal, que castiga al juez o magistrado que "a sabiendas" dictare una "sentencia o resolución injusta". Las penas varían en función de los hechos. Así, si se trata de un fallo injusto contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave, la pena prevista se mueve entre uno y cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. Si es en un proceso por delito leve, la cárcel es sustituida por multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años. Y si la sentencia o resolución se dictan "por imprudencia grave o ignorancia inexcusable" del juez o magistrado, la inhabilitación se moverá entre los dos y los seis años.
No abundan, sin embargo, las sentencias condenatorias por este delito. Solo hay que echar un vistazo a la Estadística de Condenados que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los últimos tres lustros, de 2008 a 2022 –último año con cifras disponibles–, se inscribieron en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia 81 resoluciones firmes por prevaricación judicial. Una cifra insignificante si se compara, por ejemplo, con el número de sentencias inscritas en ese mismo periodo de tiempo por la modalidad de prevaricación cometida por funcionarios públicos: 1.253, según los datos que recopila con periodicidad anual el Instituto Nacional de Estadística.
No cualquier resolución de un magistrado, por más que sea enmendada luego por una instancia superior, puede tener encaje en este tipo penal. Podemos, por ejemplo, intentó querellarse hace unos meses por prevaricación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, por la reapertura de una investigación contra el partido por supuesta financiación irregular a raíz de las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, que intentaba evitar su extradición a Estados Unidos. El caso fue archivado en junio de 2022, después de que la Sala de lo Penal considerase que el instructor había emprendido una investigación prospectiva.
Pero el Supremo la inadmitió. El Alto Tribunal negó la concurrencia de elementos del tipo, como la "injusticia de la resolución" y el "dolo". El rechazo fue recurrido, pero el Supremo confirmó su posición con un segundo auto en el que, si bien sostenía que los movimientos del magistrado "excedían del ámbito subjetivo, objetivo y temporal" de la investigación, descartaba la prevaricación: "No basta la mera ilegalidad, incluso la declaración de nulidad de una resolución no conlleva por sí mismo la injusticia de esta última a efectos del tipo delictivo que se imputa en la querella. Este tipo exige algo más". Para que se aprecie la "injusticia", según el Supremo, la resolución debe entrar "en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico".
A García-Castellón también le intentó sentar en el banquillo el que fuera abogado de los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Se querelló contra él por, entre otros, un delito de prevaricación judicial a raíz de unas intervenciones telefónicas acordadas por el instructor del caso Lezo que terminaron captando conversaciones entre el letrado y su cliente. El Tribunal Supremo, sin embargo, rechazó admitir la querella al entender que el magistrado "nunca acordó la observación del espacio de defensa", sino que fue en el marco de los pinchazos telefónicos a los investigados cuando el letrado querellante "se introdujo coyunturalmente" en un "espacio de investigación ya definido y justificado".
También sin éxito se querelló por prevaricación judicial el abogado Gonzalo Boye contra la magistrada de la Audiencia Nacional que le procesó en una causa por narcotráfico. Rechazada fue, del mismo modo, la que interpuso Juana Rivas por este mismo delito contra el magistrado Manuel Piñar, el juez de Granada que la condenó en primera instancia a cinco años de cárcel por sustracción de menores y que recientemente llamaba en redes sociales "psicópata sin límites éticos" al presidente del Gobierno. O la que planteó el exsecretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro contra la jueza Pilar de Lara por su actuación en el marco de la operación Pulpo, que como Pokemon se ha acabado desinflando.
De Garzón y Gómez de Liaño a Calamita y Alba
Por un delito de prevaricación judicial, entre otros, fue condenado Salvador Alba. En su sentencia, el Supremo consideró acreditado que el exjuez había maniobrado en unas diligencias para perjudicar a su antecesora en el juzgado, la magistrada Victoria Rosell. En concreto, mantuvo una entrevista privada con uno de los investigados en la que pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración que Alba fijó para unos días después. "La finalidad principal no era recibir declaración, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa datos y documentos que pudieran perjudicar el crédito o prestigio de la anterior juez", sentenció el Alto Tribunal.
No es el único. En la lista de condenados por este delito, y expulsados de la judicatura, figura también Javier Gómez de Liaño. El Supremo consideró prevaricadoras varias resoluciones suyas en el caso Sogecable, en concreto la imposición del secreto de sumario cuando la Audiencia le había ordenado alzarlo, la prohibición de salir de España a algunos directivos y la fijación de una fianza "desproporcionada", si bien luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no había tenido un juicio imparcial. Antes que él, el único magistrado condenado por prevaricación había sido Lluís Pascual Estevill, a quien el Alto Tribunal condenó por urdir con un abogado un "insidioso plan" para extorsionar a unos empresarios a los que el primero investigaba y el segundo defendía.
Por prevaricación judicial también fue condenado, en su día, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las "arbitrarias” escuchas a los abogados de la Gürtel, si bien el Comité de Derechos Humanos de la ONU calificó recientemente de "arbitraria e imprevesible" la condena. Un Supremo dividido inhabilitó también en su día al exmagistrado Elpidio Silva al considerar prevaricadoras varias resoluciones dictadas en el caso Blesa. Entre ellas, algunas relativas a la reapertura de la investigación contra el banquero Miguel Blesa, a la intervención de sus correos o a la entrada y registro en Bankia, así como los autos con los que ordenó el ingreso de Blesa en prisión.
Otro de los nombres que figura en la lista de condenas por prevaricación judicial es el del exjuez Fernando Presencia. Y también el de Ferrín Calamita, al que el Supremo impuso diez años de inhabilitación en 2009 por prevaricar al retrasar los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la niña. Fue "anormalmente desplazada en el tiempo" por el "conflicto" que se planteó el juez "entre la protección de la menor y las circunstancias de la adoptante y su cónyuge", que Calamita consideraba "problemáticas" porque la "promovente de la adopción era una mujer casada con otra mujer".
