El sector conservador del CGPJ maniobra para ignorar la ley de paridad y no elegir a una presidenta
El empeño de los 10 vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial para que su presidencia la obtenga una mujer no es solo una cuestión de principios. El 22 de agosto entra en vigor la ley de paridad, publicada el pasado viernes en el BOE, que obliga a que este órgano constitucional cumpla con la regla del 60%-40% entre ambos sexos en su composición. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar han hecho valer esta obligación legal para insistir en la defensa de su candidata con más posibilidades, la magistrada del Supremo Pilar Teso. Aseguran que, con el nombramiento de un presidente, la representación femenina quedaría por debajo del 40% (38,09%), algo que podría dar lugar a un recurso contra el nombramiento. Los conservadores, por su parte, que apoyan a Pablo Lucas, consideran que esa norma afecta solo a los 20 vocales, pero no a su presidente o presidenta.
La discusión entre las dos facciones sobre esta cuestión que se han producido en las tres reuniones del Pleno mantenidas hasta ahora, llegan a la propia definición del órgano de Gobierno de los jueces. Los consejeros conservadores se agarran al artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece que los 20 vocales del organismo serán designados por las Cortes Generales "atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres". Pero el artículo 122.3 de la Constitución, aducen los progresistas, establece que el CGPJ "estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años". Es decir, que el Consejo lo componen 21 personas y es en ese número en el que se tiene que dar la paridad.
El principio paritario, hasta el momento, se ha cumplido. El Consejo está formado por 12 hombres y ocho mujeres, es decir, que estas constituyen el 40%. Sin embargo, en caso de que se elija a Pablo Lucas como presidente -para los conservadores, lo esencial es "la excelencia", dicen, y no la paridad- la representación femenina se quedaría en el 38,09% del órgano, inferior a los requerimientos legales. Si por el contrario fuera elegida Pilar Teso o cualquier otra mujer, su presencia en el gobierno de los jueces sí cumpliría los porcentajes establecidos por la ley al situarse en el 42,85%.
La ley de paridad ha introducido una reforma, precisamente, en el sistema de elección de los vocales al modificar el artículo 597 de la LOPJ. Pero el nuevo sistema, según su disposición transitoria segunda, solo será de aplicación "a la designación del vocales (...) que tenga lugar tras la entrada en vigor de la presente norma", es decir, al Consejo que toque renovar en 2029. En cualquier caso, el reparto de porcentajes que establece la nueva ley ya se ha cumplido con la actual renovación.
Pero la norma también reforma las atribuciones del Pleno del Consejo, y esta modificación, a diferencia de la anterior, sí será de aplicación en cuanto entre en vigor, es decir, el próximo 22 de agosto. El nuevo apartado 4º del artículo 599.1 establecerá, desde ese día, que al plenario le corresponderán los nombramientos "que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos", como hasta ahora. Pero la ley de paridad incluye la coletilla de que, en esas designaciones, "se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%". En apenas dos semanas, ese artículo será de obligado cumplimiento.
La reunión prevista para hoy partía desde cero con los mismos candidatos presentados desde que se constituyó el órgano. El sector progresista defenderá a tres mujeres, Pilar Teso y Ángeles Huet, de la Sala de lo Contencioso del Supremo, y Ana Ferrer, de la Sala de lo Penal y de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), siendo la primera la que, previsiblemente, volverá a ser la que suscite mayores apoyos entre ellos. Los conservadores, además de a Pablo Lucas, han defendido a Antonio del Moral (de la Sala de lo Penal y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura), Carmen Lamela (compañera de sala de este último y considerada también conservadora) y Esperanza Córdoba (de la Sala de lo Contencioso, conservadora). En total son cinco candidatas y dos candidatos.
Al final, como era previsible, los vocales no han llegado este lunes a ningún acuerdo. Fuentes del Consejo aseguran que sus miembros han decidido mantener abiertos los canales para seguir con las conversaciones sobre la elección de presidenta o presidente en los próximos días, aunque el Pleno no se reunirá de nuevo hasta el próximo 19 de agosto, donde abordarán de nuevo la cuestión. En la próxima reunión se tramitarán además los acuerdos reglados y los que tengan un plazo de vencimiento amparándose en un informe del gabinete técnico del órgano que explica que la falta de presidente "no puede resultar en perjuicio o menoscabo de los derechos de los jueces y magistrados".
