El CGPJ se enreda con sus cargos internos antes de abordar los nombramientos pendientes por el bloqueo

El bloqueo por el PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial dejó 98 plazas de libre designación sin cubrir, lo que ha provocado un gran atasco, sobre todo en el Tribunal Supremo. El enorme trabajo que tendrán que afrontar los nuevos vocales y su presidenta, sin embargo, no termina de arrancar. El órgano de gobierno de los jueces tiene que afrontar antes la designación de sus principales cargos internos —como el vicepresidente del alto tribunal, el secretario general del Consejo y el promotor de la acción disciplinaria—, además de constituir las comisiones que establece la ley: la permanente, la disciplinaria, la de igualdad, la de asuntos económicos y la de calificación. Esta última es esencial para empezar con los puestos de libre designación hasta ahora paralizados, al encargarse de evaluar los méritos de los candidatos y enviar las propuestas de elección al Pleno.

El próximo Pleno ordinario, previsto inicialmente para el día 19, se aplazará previsiblemente al martes o el miércoles siguiente. El motivo es que la nueva presidenta, Isabel Perelló, todavía no ha hecho la propuesta de un candidato a vicepresidente del Supremo y debe realizarla como mínimo con siete días de antelación a la reunión. Los 10 vocales conservadores habían propuesto al magistrado de lo Contencioso de ese tribunal Dimitry Berberoff, vicepresidente de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), al considerar que si la presidenta formaba parte de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, su número dos en el alto tribunal les correspondía plantearlo a ellos. La propuesta formal de ese cargo corresponde a Perelló, pero debe recabar el apoyo de los vocales al requerirse una mayoría de tres quintos.

Los 10 vocales progresistas, hasta el momento, no ven su nombramiento con buenos ojos. Argumentan que una de las razones por las que los conservadores vetaron para la presidencia a la magistrada de lo Penal del Supremo Ana Ferrer fue que era una "miembro destacada" de la asociación progresista. La nueva presidenta también pertenece a ese colectivo, minoritario en la judicatura, pero su nombre fue puesto sobre la mesa por los vocales a propuesta del PP, a los que se sumaron seis propuestos por el PSOE y Sumar. Estos últimos aseguran que si Ferrer no pudo ser presidenta pese a no formar parte de la dirección de la asociación progresista tampoco podría ser vicepresidente Berberoff, que es número dos de la asociación conservadora.

El próximo plenario abordará previsiblemente, además, la composición de las comisiones del órgano. La más importante para deshacer el atasco en los nombramientos es la de calificación, reinstaurada con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del pasado 2 de agosto. Sus cinco miembros, renovados cada año, son los que deben valorar el mérito y capacidad de los candidatos a cada una de las 98 plazas a cubrir. La designación de sus integrantes es esencial para empezar con los cargos judiciales de libre designación que todavía ni siquiera están convocados. Tras el análisis de los currículos de los candidatos, deben elevar al Pleno una terna de la que los 20 vocales y su presidenta seleccionarán a la persona elegida para cada cargo. Los vocales también tendrán que elegir a los integrantes de la comisión permanente, la encargada de los ascensos, las licencias, los informes sobre anteproyectos de ley y, en general, los asuntos más relacionados con el trabajo de los jueces y magistrados.

Otro de los nombramientos internos a abordar es el del promotor de la acción disciplinaria, el encargado de investigar las faltas de los integrantes de la carrera y proponer a la comisión disciplinaria o al Pleno las sanciones a imponer. Se trata de uno de los cargos con más poder y debe ser ocupado por un magistrado del Supremo o de otro tribunal con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial. Antes de su designación, por mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda, el Consejo debe convocar la plaza para que se presenten aspirantes, algo que todavía no se ha hecho. También está pendiente de nombrar el secretario general del Consejo, en el que Perelló tiene más discrecionalidad. La persona que ocupe el puesto debe ser aprobada por el Pleno, pero la propuesta procede de la presidenta que, además, puede cesarla.

Mientras, los aspirantes a las 98 vacantes que provocó el bloque ya han empezado a moverse, según fuentes de JJpD y la APM. El parón en las designaciones ha afectado sobre todo al Supremo. 27 de sus plazas están por cubrir debido a las jubilaciones que se han producido en los últimos años. La Sala más afectada es la de lo Contencioso, en la que 13 de sus 32 miembros están por designar. A los que la han dejado por edad, se suman la nueva presidenta del tribunal, Isabel Perelló, así como los nuevos vocales Ángel Arozamena y José Antonio Montero. En 2023 dejó el órgano su presidente César Tolosa, al ser nombrado para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional. "Nos falta casi la mitad de la plantilla; el atasco es descomunal y no podemos seguir funcionando así", asegura uno de los miembros de esa Sala.