Feijóo incumple los estatutos del PP para evitar pugnas internas y aplaza el congreso ordinario a 2026

El Partido Popular rehuye de su propia batalla ideológica. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha aplazado a 2026 la celebración del congreso ordinario del partido pese a que el último se celebró en febrero del año 2017 —en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente del partido— . Según marcan los estatutos del PP en su artículo 31 y el reglamento marco de los congresos en el punto número 2, los congresos ordinarios se deben celebrar cada cuatro años "sea cual fuese su ámbito territorial de competencia", por lo que debería haberse hecho en 2021. Los estatutos también especifican que si se "altera" la convocatoria por "procesos electorales" deberían celebrarse "como máximo 12 meses después de la fecha que hubiera correspondido".

En la dirección del PP se escudan en que ya se celebró un congreso extraordinario en 2022 que dio la victoria a Alberto Núñez Feijóo tras la defenestración de su anterior líder, Pablo Casado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los congresos ordinarios, en ese cónclave no hubo ponencia política, debates ideológicos ni un programa consensuado. Únicamente se ratificó al expresidente de la Xunta como líder del PP, al igual que ocurrió en 2018 con Casado.

Si Feijóo mantiene su plan de no convocarlo hasta 2026, el PP pasaría casi una década sin actualizar su programa y sus bases ideológicas. El líder del PP no quiere entrar en ese debate y tampoco tiene previsto realizar una convención política a diferencia de su antecesor, que sí realizó dos: una en 2019 y otra en 2021. Según explican fuentes de la dirección nacional a infoLibre, no quieren "desviar el foco" de atención sobre el Gobierno para situarlo sobre ellos mismos, pese a que hay voces como la de la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que piden que se celebre porque "hay temas ideológicos sobre los que debatir".

El PP también se salta la obligación de convocar una convención anual

En Génova, sin embargo, no creen que sea el momento. "No hay ninguna urgencia y tampoco ganas", confiesan en privado. En una reciente entrevista en Telecinco, Feijóo argumentó que el PP no necesita un congreso porque eso lo hacen "partidos que pierden" las elecciones, en referencia al PSOE, que lo celebrará dentro de dos meses. Según la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, Sánchez no quiere debatir sino "hacer una purga" con los críticos. "El PP tiene sus tiempos y está funcionando con absoluta normalidad", afirmó a principios de septiembre.

Sin embargo, el PP tampoco está cumpliendo con sus estatutos en lo que respecta a las convenciones nacionales. Se trata de un "órgano del partido de naturaleza consultiva" que sirve, según establece el PP, para "ofrecer orientaciones, sugerencias y hacer balance de las políticas del partido". Según figura en el artículo 42, Feijóo —en calidad de presidente— debería convocar una convención nacional cada año salvo cuando se realice un congreso nacional.

Voces del PP admiten que en un congreso ordinario o en una convención se generarían, con toda seguridad, "choques internos" porque hay cuestiones que dividen profundamente al partido y que no están resueltas. Entre ellas la posición sobre el aborto, los vientres de alquiler, la inmigración, la eutanasia, la financiación autonómica, la relación con la extrema derecha o el modelo económico. "No todos pensamos igual y, aunque eso aporta riqueza, sería un error que el debate girara ahora en torno a nosotros", resumen.

Aborto, vientres de alquiler, eutanasia... el PP quiere evitar debates divisorios

Génova quiere evitar el cisma que se generó, precisamente, con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP. En junio de 2022, después de que el Supremo de Estados Unidos abriese la puerta a la prohibición del aborto, el líder del PP lo calificó como "un derecho": "El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho", afirmó. Una postura que no es la de su partido.

La posición oficial del PP sobre el aborto, en la que se apoya la decisión de mantener viva durante trece años su petición para que el Tribunal Constitucional derogase le ley de plazos de 2010, se fijó en el documento oficial aprobado en 2017 en el congreso ordinario. En el punto número 54 de ese texto, el PP afirma estar "firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres".

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En un congreso ordinario es la dirección la que establece qué ponencias se debaten, pero las agrupaciones del partido pueden presentar enmiendas e introducir materias que se escapen del control de la dirección. Es lo que sucedió, precisamente, en 2017 con los vientres de alquiler. Algunos dirigentes del PP, entre ellos el exportavoz del Senado, Javier Maroto, se posicionó públicamente a favor de su regulación en la legislación española. Sin embargo, las únicas conclusiones a las que llegó la dirección de Rajoy es que era un "debate necesario" sobre ello.

"En el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuestión”, afirma el texto que contó con 699 votos a favor, 66 en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, en estos últimos años la formación ha evitado deliberadamente abordar la cuestión ya que hay diferentes criterios en el seno del partido. El 'alma' democristiana se opone y la liberal se posiciona a favor. En marzo del pasado año, Feijóo consideró "razonable" abrir el debate tras el caso de la actriz Ana Obregón, pero, al igual que ahora, aseguró que no era el momento.

La eutanasia es otro de los temas que dividen al partido. Aunque en 2017 no lo abordaron propiamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se adelantó hace cuatro años. El PP votó en contra del histórico proyecto de ley que por primera vez en España reconoció, en 2021, el derecho a una muerte digna a los españoles que sufren enfermedades terminales y gravemente incapacitantes. Fue el único partido que se opuso, además de Vox, pero su entonces presidente, Pablo Casado, se mantuvo cuidadosamente al margen. Feijóo, por su parte, aseguró que realizaría "ajustes" en la norma aprobada por el Ejecutivo.