'Jaque a la democracia'
El nuevo libro de Joaquim Bosch, Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, ofrece un análisis necesario sobre la situación de nuestra democracia en el mundo actual y muestra cuáles son los peligros y los intereses de los partidos conservadores.
infoLibre publica un extracto del capítulo 3, Los riesgos de regresión democrática en España. El ensayo, editado por Ariel, llega este miércoles 2 de octubre a las librerías:
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Los riesgos de regresión democrática en España
El ascenso de la extrema derecha en España ha suscitado inquietudes en diversos sectores ciudadanos por el sombrío recuerdo de la etapa franquista. Además, en el imaginario colectivo está muy presente que los golpes de Estado han sido especialmente frecuentes en la historia de nuestro país. Desde 1800, Ignacio Sánchez-Cuenca ha contabilizado trece, además de multitud de intentonas y más de trescientas declaraciones de estado de excepción o estado de guerra. Junto con Grecia, podemos presumir de la trayectoria más convulsa de toda Europa occidental.
Sin duda, el recuerdo más traumático es el del golpe militar de 18 de julio de 1936, que fue el punto de partida que llevó a la atroz dictadura de Franco. También suele recordarse la entrada algo esperpéntica de Tejero el 23-F en el Congreso de los Diputados, flanqueado por agentes arma dos de la Guardia Civil, con los disparos al techo y los parlamentarios resguardados bajo sus escaños. Una de las leyendas más extendidas es la del golpe del general Pavía en 1874 entrando a caballo en las Cortes, durante la Primera República, para impedir la elección de un nuevo presidente del Gobierno que sustituyera a Emilio Castelar; en realidad, se trata de un relato ficticio de carácter ecuestre, aunque muy popular, pues Pavía se limitó a presentarse ante el edificio con sus tropas y a ordenar su desalojo. En cambio, es menos conocido el caso verdadero del golpe de Estado realizado por telegrama por parte del general Miguel Primo de Rivera en 1923: cuando agonizaba el turno dinástico del sistema de la Restauración, Primo de Rivera remitió desde Barcelona un telegrama al rey, en el que le comunicaba el golpe de Estado; después de pensárselo un poco y tras unas breves consultas, Alfonso XIII concedió el poder al militar golpista.
Que se pueda constituir una dictadura en España actualmente es más que improbable. Todos los estudios rigurosos confirman que las democracias jamás han caído a partir de ciertos umbrales de renta y desarrollo económico. Según Yascha Mounk, si tomamos como referencia el producto interior bruto per cápita de Argentina en 1976, cuando se perpetró el golpe, ninguna democracia con niveles económicos superiores ha sido desplazada por una dictadura militar. Además, como hemos indicado anteriormente, tampoco se puede considerar que Vox sea un partido fascista o que pretenda alentar un golpe de Estado. Según Javier Rodrigo y Maximiliano Fuentes, los principios ultraconservadores de Vox y el contexto actual tienen poco que ver con los postulados de entreguerras y las estrategias de los fascismos. El nacionalpopulismo conservador español está en la línea de la ola global de esos partidos similares que hemos ido enumerando. Sin embargo, puede ser pertinente preguntarnos si resulta posible que en España se produzca una evolución hacia un sistema de democracia autoritaria como el de Hungría. No olvidemos que Orbán es uno de los grandes referentes de la extrema derecha internacional y que sus políticas reciben constantes elogios por parte de los dirigentes de Vox. Los riesgos consistirían en que se produjesen retrocesos en materia de igualdad de género y de respeto a los derechos de las personas por su orientación sexual, así como una ruptura de la separación de poderes, del sistema de contrapesos y de otros elementos esenciales del Estado de derecho. Además, como en Hungría, podría darse la posibilidad de que se produjesen manipulaciones en el ámbito electoral, que se obstaculizase la actividad de otros partidos políticos y que se restringiese el papel de los medios de comunicación. Todo ello en el contexto de una sociedad más autoritaria en materia de derechos y libertades y con mayores niveles de desigualdad económica.
Si aplicamos los criterios enunciados por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se pueden enumerar algunas señales de alarma. En la extrema derecha española hay un discurso constante de negación de la legitimidad de los adversarios políticos y suele afirmarse que algunos partidos no deberían participar de manera plena en la esfera política. Son frecuentes las soflamas que defienden la ilegalización de los partidos nacionalistas, independentistas o izquierdistas. Incluso es muy habitual la falta de reconocimiento del Gobierno salido de las urnas, que se considera ilegítimo, con planteamientos a los que, en ocasiones, incluso se une la derecha política tradicional del PP.
Acusar al Gobierno de traidor o al Parlamento de ilícito sigue la tendencia negativa indicada de no aceptar el resultado de unas elecciones democráticas y de apostar por perspectivas contrarias al pluralismo político, que pueden ser la antesala de derivas autoritarias. Lo preocupante no es que se critique con dureza el sentido de las resoluciones de un Gobierno o que se rechacen las leyes aprobadas por el Par lamento; lo preocupante es que se cuestione la legitimidad para adoptar decisiones de un Gobierno democrático y de unas cámaras parlamentarias representativas.
Por otro lado, en la extrema derecha española son habituales los discursos contrarios a las políticas de igualdad, des de una perspectiva negacionista de la violencia machista y desde una defensa de la familia tradicional similar a la apoya da por Fidesz en Hungría. También son frecuentes los discursos nativistas que estigmatizan de manera indiscriminada a los inmigrantes, con cierta obsesión hacia los menores, lo que podría llevar a que se restringieran sus derechos, al favorecerse la exclusión social. Por otro lado, como indica Miquel Ramos, es habitual en la extrema derecha española llamar «dictadura progre» a los consensos en materia de derechos humanos reconocidos internacionalmente, lo cual puede llevar a retrocesos en ese campo si llegan al poder hipotéticos Gobiernos de signo autoritario.
Estas tendencias regresivas podrían tener acogida en un país como España, que ha avanzado en materia democrática en bastantes aspectos, pero que presenta ciertas insuficiencias en otros. De partida, el sistema democrático ha estado vigente en nuestro país durante bastante menos tiempo que en la mayoría de nuestros vecinos europeos. En los dos últimos siglos, hemos sufrido demasiados periodos absolutistas o dictatoriales. Como explica Josep Maria Colomer, España se encuentra a la cola de los países de Europa occidental, al haber contado con vida democrática únicamente en un porcentaje del 33 por ciento de ese periodo, en contraste con Gran Bretaña (63 por ciento), Francia (59 por ciento), Alemania (56 por ciento desde 1868) o Italia (45 por ciento des de 1861).
Como indican Roger Eatwell y Matthew Goodwin, al comparar los resultados en los distintos países a partir de las investigaciones realizadas por el Pew Research Center, España es el país occidental donde hay un porcentaje mayor de ciudadanos que rechazan la democracia; también tenemos los niveles más altos de gente que está en desacuerdo con la afirmación de que la democracia es una buena forma de gobierno. Obviamente, en ningún Estado democrático tales porcentajes son mayoritarios, pero resulta elocuente el bajo apoyo a la democracia en algunos sectores de nuestro país, comparativa mente con lo que sucede con otros Estados de su entorno. En este mismo sentido, en los estudios analizados por Mariano Torcal, los votantes de la extrema derecha en España se muestran altamente partidarios de concentrar el poder en pocas manos, incluso con mecanismos que no emanen de la voluntad popular y que permitan políticas antiliberales.
Todo ello debe relacionarse con la oposición permanente de la extrema derecha española hacia las políticas memoria democrática, lo cual también comparte la derecha convencional del PP. En nuestros ámbitos conservado res, no es raro que se justifique la dictadura de Franco. Estos datos los debemos conectar con las continuidades políticas de una parte del régimen anterior, por las particularidades de nuestro proceso transicional, que careció de una depuración de responsabilidades de los crímenes de la dicta dura franquista.
A partir de estas apreciaciones, en un contexto de auge internacional de la extrema derecha, no deberíamos descartar la posibilidad de que pudiera instalarse un Gobierno autoritario en nuestro país que implementara ciertos retrocesos democráticos similares a los de Hungría. De todos modos, también hay algunos datos que operarían en sentido contra rio. Desde las filas del nacionalpopulismo español no se han cuestionado los mecanismos del Estado de derecho, ni tampoco se han respaldado acciones violentas. En los Gobiernos autonómicos en los que han participado, no se han llevado a cabo políticas especialmente antiliberales, más allá de la gestión esperable que implica la ejecución de sus programas ultraconservadores. Por ello, los posibles riesgos democráticos quedan abiertos en función de la evolución de la propia ultraderecha española.
Conviene aclarar que no es lo mismo la disconformidad con las líneas ideológicas de la extrema derecha que calificar las como contrarias a la democracia pluralista. Por ejemplo, Vox está en su perfecto derecho de reivindicar un Estado más centralista o incluso la desaparición de las comunidades autónomas, siempre y cuando lo reclame desde los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico. En un sentido similar, la extrema derecha puede no promover campañas que visibilicen los derechos de las personas LGTBI, lo cual agradará a unos y generará las críticas de otros, pero todo ello entraría dentro de los márgenes propios del sistema democrático. En cambio, como ha ocurrido en Hungría o en Polonia, aplicar medidas discriminatorias y opuestas a los derechos de las personas por su orientación sexual sí que sería contrario a los principios de la democracia liberal.
El pluralismo político ampara todas las apuestas ideológicas que se expresen sin violencia. Como señala Miguel Pasquau, la política es la elección entre varias opciones posibles para alcanzar intereses generales. Es la ciudadanía la que decide libremente con su voto quiénes son sus representantes, y el nacionalpopulismo conservador tiene el mismo derecho a estar presente en las instituciones que otras opciones políticas. El acuerdo o el desacuerdo con sus propuestas forma parte del debate democrático. Como indica Daniel Innerarity, todos los Gobiernos que consiguen una mayoría son igualmente respetables, porque han contado con el respaldo ciudadano, aunque eso no nos impide criticar sus políticas. El límite estaría en los derechos fundamentales de las personas, en el respeto a los principios del Estado de derecho o en el mantenimiento de los valores liberales del pluralismo político.
Los hipotéticos riesgos apuntados no vendrían solo de la extrema derecha; podríamos conjeturar un triunfo en solitario del nacionalpopulismo, pero también un posible Gobierno de coalición con la derecha tradicional, como ha su cedido en otros lugares. Hemos observado que en bastantes países se ha producido una mutación de los partidos conservadores convencionales. De la moderación anterior han pasado a verse arrastrados por algunas líneas ideológicas de la ultraderecha. En España, la derecha radical ya ha influido en el PP en algunos discursos sobre la inmigración o acerca de la aplicación de mano de hierro contra la delincuencia. Curiosamente, un fenómeno muy similar está ocurriendo en el ámbito catalán: Junts ha empezado a reclamar competencias para rechazar la inmigración, para negar la entrada de menores migrantes o para vincular extranjería con delincuencia, a partir de la irrupción de Aliança Catalana, que empieza a mostrarse bastante influyente en Cataluña. Este tipo de interrelaciones están afectando a todo el ámbito conservador. De hecho, puede relacionarse la mayor institucionalización de Vox con la aparición de la plataforma Se Acabó La Fiesta, de Alvise Pérez, que presenta un discurso más duro en algunas materias y que le ha permitido absorber a antiguos votantes del partido de Abascal.
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Todas estas dinámicas se producen en contextos de intensa polarización que dificultan los acuerdos de Estado. Como apunta Lluís Orriols, durante mucho tiempo, PP y PSOE decidieron no usar la inmigración como un elemento de confrontación política; sin embargo, si se propagan discursos xenófobos entre las élites políticas, «es probable que nos encontremos con una ruptura de consensos en esa cuestión». Los riesgos sobre una posible involución autoritaria en España dependerán del propio desarrollo de la extrema derecha y de la in fluencia que ejerza en el mundo conservador tradicional.
Como elemento que puede servirnos de cierta referencia en este sentido, podemos pensar en que no es igual la extrema derecha danesa que la húngara. En Dinamarca, el nacionalpopulismo conservador es marcadamente crítico con la inmigración, pero no cuestiona los mecanismos del Estado de derecho, la democracia pluralista o los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, por su parte, Hungría ha evolucionado hacia estructuras institucionales marcada mente autoritarias, como han indicado todos los expertos en la materia o los organismos de la propia Unión Europea.
Sin duda, se pueden mantener concepciones conservadoras o ultraconservadoras dentro del marco de la democracia representativa liberal. También puede suceder lo contrario, y que esas ideas puedan resquebrajar los principios del sistema pluralista. Todo dependerá de la orientación que se adopte desde un Gobierno o un Parlamento. A la vista del contexto internacional, no conviene sobredimensionar los riesgos, pero tampoco minimizarlos. En todo caso, el sistema democrático puede protegerse para evitar posibles regresiones autoritarias, vengan de donde vengan, como se explica en los siguientes capítulos.
