¿Un problema de competencias o de mala gestión?: la dana destapa las grietas del sistema

¿Por qué no llegó antes el Ejército? ¿Quién tenía que mandar la alerta para avisar a los ciudadanos? ¿Quién está al frente de la coordinación de las emergencias? ¿Qué instancia tiene que informar del número de fallecidos y de desaparecidos? ¿Qué se hace cuando la AEMET avisa de los riesgos? ¿Qué capacidad operativa tiene una confederación hidrográfica? ¿Cómo debe actuar una consellera encargada de emergencia si no localiza al presidente autonómico?  ¿Qué margen de acción existe si un Gobierno autonómico no sabe enfrentar una situación?

Estas son las preguntas que se han hecho de manera constante los ciudadanos a lo largo de estos días con motivo de la catástrofe de la dana, que ha azotado especialmente a la provincia de Valencia. Cuestiones que han provocado un profundo malestar social, que cristalizó en la visita de las autoridades a Paiporta el pasado domingo. Y que ponen sobre la mesa diferentes retos sobre la necesidad de afinar el Estado autonómico, la capacidad de gestión de los gobernantes, la vigencia de los protocolos de actuación y la obligación de preparación ante fenómenos cada vez más extremos por el cambio climático.

El aspecto competencial, clave en la España de las autonomías, está en el epicentro político. Las competencias en protección civil y emergencias recaen, como recoge en el Estatut valenciano, en la Generalitat. Además, la ley valenciana 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias fija que el Consell es el órgano superior en materia de dirección y coordinación de protección civil.

En la Constitución no se establece concretamente a qué administración corresponde, pero ya en 1985 el Tribunal Constitucional reconoció la competencia en este ámbito para las comunidades. Asimismo, la ley 17/2015 contiene que "los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda".

La competencia de coordinar

Otro de los grandes debates es el nivel de alerta. En el caso valenciano se sitúa en el dos, por lo que es la propia administración autonómica la que coordina la situación. Se puede pasar a nivel tres, que conlleva traspasar el mando al Ministerio del Interior, si lo pide la propia autonomía o el Ejecutivo central lo decide. Esta última opción ha sido la defendida por Alberto Núñez Feijoo (lo que supondría relevar a Carlos Mazón de ese papel), pero ni el Govern valenciano ni La Moncloa lo han querido. ¿Por qué? 

El Gobierno, según confesó el propio Pedro Sánchez, no quita las competencias por “respeto, lealtad y eficacia”. El Ejecutivo mantiene que el diseño competencial se hizo para que las administraciones autonómicas dirijan estos casos al ser las que conocen mejor el terreno. Además, existe el precedente de que el Tribunal Constitucional falló contra el Ejecutivo central por haber decretado el estado de alarma para el confinamiento durante la pandemia (aunque ahora se acaba de revisar la doctrina). No obstante, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que la respuesta ha sido insuficiente y llamó a replantear los mecanismos de colaboración.

Un asunto competencial, pero que a la par se pone en el punto de mira la propia capacidad de los gobernantes. El president Mazón está recibiendo críticas por su gestión: llegó a estar incomunicado en una comida privada durante las horas críticas del fatídico martes, llegando dos horas tarde a la reunión del Cecopi, el organismo coordinador de las emergencias. Y, asimismo, la consellera de Justicia, Salomé Pradas, máxima encargada de las emergencias durante la catástrofe, reconoció que no sabía que existía la posibilidad de mandar un mensaje hasta las 20 horas. 

"Ha fallado todo"

Carmen Grau, experta en gestión de desastres e investigadora en la Universidad de Waseba (Japón), explica que hay que analizar bien todo lo que ha sucedido y modificar la manera en la que se ha actuado. “Hay que cambiar, obviamente ha fallado todo”, indica, para resumir: “Ha fallado el protocolo, pero también la parte de la gestión administrativa. Además, la parte de la coordinación sigue siendo un problema. Hay una mala gestión”.

Al otro lado del teléfono desde Tokio, Grau explica cómo se gestiona en Japón: “No es que hayan inventado un sistema de un día para otro. En los años sesenta, después de muchos fallecidos por tifones, decidieron aprobar una ley nacional con efecto tanto a nivel Estado, regiones y localidades. Esa norma nacional de prevención de desastres, además de dar presupuesto, crea un equipo de técnicos, funcionarios y asesores para la gestión de emergencias”. “Cada vez que hay un desastre, revisan los errores y hacen adendas”, apostilla.

Relata que las tres administraciones en Japón tienen la competencia al mismo nivel en virtud de este sistema: “Tienen que trabajar totalmente coordinados, no hay otra”. “No puede estar diciendo uno que el otro le tenía que haber avisado…”, añade, para subrayar que en tiempos de calma estos equipos trabajan de manera concienzuda en temas de prevención y mitigación revisando protocolos. Entre otras labores, se revisan los mapas o se hacen simulacros en colegios. “Cuando hay una emergencia, este equipo es el primero en lanzar la alerta”, dice Grau, que es valenciana de nacimiento.

Una vez se lanza la alerta, el Gobierno, la región y la administración local deciden si hay que hacer una evacuación, sostiene. En paralelo, la agencia meteorológica japonesa empieza a emitir alertas a los medios de comunicación y todos los organismos relacionados con las emergencias. “Todos trabajan juntos”, ahonda Grau. Un sistema diseñado para no perder ni un minuto, ya que el tiempo, como subraya esta experta, es vital en situaciones de máximo riesgo. En este punto, se focaliza en la importancia de actos como el que hizo la Universidad de Valencia de suspender las clases. Para ella no se puede dejar en manos “no cualificadas” la decisión, por ejemplo, de mandar una alerta. Saca la conclusión de que no se puede dejar ciertas decisiones en manos de los políticos, sino a través de técnicos.

Grau señala que si estuviera pasando la misma situación que en Valencia ahora en Japón, se estaría estudiando ya qué ha pasado y dimitirían cargos públicos, además se abriría juicios. Explica el caso de una escuela durante el tsunami en 2011 donde los niños se quedaron esperando en el patio instrucciones por parte de la dirección del colegio, que tardó mucho tiempo en tomar la decisión hacia dónde evacuar. Se perdieron cincuenta minutos vitales y se produjo una tragedia con apenas niños supervivientes. Se activó un juicio contra la administración para evitar situaciones similares en el futuro.

"Duplicidades"

La situación de Valencia ha llevado al debate competencial a primera línea entre la incomprensión de muchos ciudadanos, que ven secundario establecer de quién es la responsabilidad ya que lo que exigen es prontitud en la respuesta. Uno de los riesgos de este debate está en que la ultraderecha y propagadores de bulos tratan de hacer calar la idea de Estado fallido, con una estrategia similar a la seguida, por ejemplo, por Donald Trump. En los partidos hay temor a que esto pueda dar munición a la antipolítica que ahora tiene reflejo en Se acabó la fiesta, que logró entrar en el Parlamento Europeo con tres escaños el pasado 9 de junio.

Una de las radiografías que deja este debate es que en España, según explica Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, es que en España “no está bien” definido el mapa competencial porque no hay una distribución clara. “Esto se ve en la duplicidad en el caso de las emergencias. ¿Qué significa? Que tienen competencias las dos administraciones”, sostiene. Esto se puso ya negro sobre blanco, rememora, en el informe encargado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que evidenció el alto grado de duplicidades.

Tajadura recuerda que los niveles de alerta sí están asociados al nivel competencial, por lo que las decisiones sobre su aplicación recaen directamente en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno central. Comenta que el debate no está en este caso en el nivel de competencia, sino en si se pide o no por parte de la comunidad o si el Ejecutivo toma la decisión de ir al estadio tres. Asimismo, recuerda que debe ser emergencia nacional cuando vaya a afectar a más de una comunidad autónoma.

¿Se cambiará la coordinación o la forma de actuar tras esta catástrofe? El catedrático no cree porque ya sucedió con la pandemia y no se ha tocado el tema competencial posteriormente. Y pone sobre la mesa el debate de que haya que atribuir consecuencias normativas a los avisos de las agencias expertas y no dejar una alerta en manos de un ministro o del presidente de la Generalitat. Por lo tanto, apuesta por automatizar este tipo de mensajes y no encontrarse con una situación de “rifirrafe sin lógica” como ahora.

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La catástrofe ha puesto el foco en un debate que entre los profesionales de emergencias lleva mucho tiempo sobre la mesa. Adrián Pastor, bombero en Cáceres y divulgador sobre protección civil, indica que existen protocolos de emergencias, pero “todo en el papel aguanta”. “Pero si a la hora de llevarlo a cabo no hay coordinación, puede cometerse un error. Además, se necesitan hacer de otra manera. Por ejemplo, en el tema de bomberos, no hay una ley de coordinación mientras que las competencias son autonómicas, provinciales o locales. ¿Cómo gestionamos eso?”, remarca.

Sostiene Pastor que hay que afinar “totalmente” la cuestión de coordinación entre administraciones. Habla de que no se trata de quitar competencias, muchas de ellas ya reconocidas en los estatutos de autonomía, pero sí de aplicar módulos para una respuesta nacional en casos así para que se organice todo mejor. Y cita dos elementos clave en esta situaciones: la rapidez pero también la operatividad. 

No es optimista en que se traduzca en nuevas normas lo que ha pasado en Valencia y recuerda que incluso el estado de alarma fue declarado inconstitucional. Cree que hay una situación “tan polarizada” en el país que se volverán todos “a tirar los trastos a la cabeza sobre las competencias y se olvidarán de hacer un análisis de qué ha pasado”.