Casi dos años de cárcel frente a libertad exprés: la doble vara de medir del fiscal con Bárcenas y Aldama
"Entregué 25.000 euros a Mariano Rajoy y 25.000 euros a Dolores de Cospedal". "A Santos Cerdán se le dan 15.000 euros". Once años han pasado entre una y otra frase. La primera, pronunciada por el extesorero del PP Luis Bárcenas. La segunda, por el empresario Víctor de Aldama. Ambos protagonizaron dos de las declaraciones en la Audiencia Nacional más explosivas y mediáticas que se recuerdan. Y lo hicieron en un momento delicado, cuando se encontraban en prisión provisional. Una estrategia de defensa que, sin embargo, no tuvo el mismo efecto en uno y otro caso. Tras tirar de la manta, Bárcenas siguió durante meses en la cárcel. Aldama, sin embargo, ha obtenido la libertad en tan solo unas horas.
El extesorero del PP decidió pasar al ataque cuando ya llevaba un par de semanas en Soto del Real. Fue el 15 de julio de 2013. Y ante el magistrado Pablo Ruz, que entonces estaba al frente del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. "Estoy en condiciones y voy a prestar declaración", arrancó el investigado. Y comenzó a desdecirse de algunas afirmaciones que había realizado hasta ese momento en Gürtel. "Manifestó usted que era 'completamente falso' la existencia de una contabilidad 'B' y el pago de sobresueldos", lanzó el instructor. "Esa afirmación no fue cierta, no la mantengo", dijo el investigado.
Bárcenas estuvo durante cinco largas horas contestando a todo el mundo. A preguntas del magistrado, del Ministerio Público o de las acusaciones, el extesorero conservador apuntó y disparó contra la cúpula del partido. Así, habló de sobresueldos. O de financiación ilegal con donaciones de empresarios que luego recibían, a cambio, adjudicaciones públicas. Y también confirmó que la formación conservadora había dispuesto durante décadas de una contabilidad paralela. Algo que se ha terminado convirtiendo en verdad judicial. El Supremo ha validado las pruebas de su existencia.
Enormemente mediática fue también la reciente declaración de Aldama en el caso Koldo. Al igual que el extesorero del PP, el considerado "nexo corruptor" de la trama llegó a la Audiencia Nacional en un furgón policial procedente de Soto del Real, donde llevaba más de un mes en prisión provisional en el marco del llamado caso Hidrocarburos. Y desde el primer momento quiso dejar claro que estaba allí para colaborar. "Don Víctor, usted ha decidido declarar voluntariamente a los efectos de prestar una colaboración con la investigación, ¿es así?", comenzó su abogado. "Es así", respondió el comisionista.
De la falta de pruebas a las carpetas y el 'pendrive'
La comparecencia estuvo perfectamente medida y dirigida por su abogado. De hecho, tres cuartas partes de la misma giraron en torno a las cuestiones planteadas por su defensa, mientras que las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y el instructor –que solo hizo una– ocuparon la última media hora. El investigado, a diferencia de lo que hizo en su día el extesorero del PP, no quiso responder a las acusaciones. Fueron, en total, un par de horas en las que Aldama corroboró algunos extremos de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y disparó contra el PSOE y el Gobierno.
El empresario investigado trató de cerrar el cerco alrededor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García. Así, afirmó que les entregó cientos de miles de euros en comisiones, si bien el primero pedía dos millones y el segundo, medio. "Yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando", dijo que les llegó a reprochar. Y, además, aseguró que se pagaron 25.000 euros al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y 15.000 euros al número tres de los socialistas, un extremo que ellos mismos han negado y del que por el momento no hay indicios en la investigación.
El empresario no aportó ante el magistrado Ismael Moreno documentación alguna con la que apuntalar todas estas acusaciones, si bien dijo públicamente que tiene pruebas. Algo que contrasta con lo que hizo en su momento Bárcenas. Cuando tiró de la manta, el extesorero del PP se presentó ante Ruz pertrechado de abundante documentación. Nueve carpetas y un pendrive en las que recogía anotaciones, movimientos contables o recibos. "Ahí lo que hay es información mía particular, de cuentas mías, algún fichero específico con información del partido, el presupuesto de una campaña, un presupuesto de funcionamiento, información que afecta al PP", explicaba al juez.
Bárcenas se queda entre rejas
Pero ambas declaraciones no tuvieron el mismo resultado. Mientras que Aldama salió de prisión pocas horas después de la suya, el extesorero de la formación conservadora tuvo que seguir varios meses más entre rejas. De hecho, poco le faltó para cumplir con el límite legal de dos años fijado para el encarcelamiento preventivo. Una y otra vez, sus peticiones para salir de Soto del Real se encontraban primero con el informe negativo de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Y luego, con el rechazo del instructor que, posteriormente, era avalado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Así ocurrió en septiembre de 2013, apenas un par de meses después de que tirase de la manta. Su abogado interesó la libertad provisional aludiendo, entre otras cosas, a la actitud "colaboradora con la instrucción" de su defendido. Así, recordaba la declaración que había realizado un par de meses antes y la aportación de documentos "más que relevantes a los fines de la investigación judicial". Una petición a la que se opuso el Ministerio Público alegando, entre otras cosas, "la presumible existencia de un importante patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial" o la subsistencia del riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el instructor de la Gürtel negó su salida de prisión pese a reconocer la importancia de su comparecencia: "Si bien tal declaración ha permitido la práctica de diligencias relevantes para aquélla instrucción, así como el análisis documental de nuevas evidencias reveladoras de los hechos objeto de investigación, que permiten en parte confirmar los indicios, en modo alguno puede anudarse sin más a tal acto procesal la pretendida consecuencia en cuanto a la modificación del rigor de la medida cautelar limitativa del derecho de libertad, máxime cuando permanecen incólumes los presupuestos que en su día fueron tenidos en cuenta".
Una negativa que se repitió en noviembre de ese año o en marzo del siguiente. De nuevo, con Anticorrupción en contra de la puesta en libertad. "Resulta la existencia de claros indicios de la titularidad de Luis Bárcenas de un elevado patrimonio en el extranjero del que podría disponer libremente tanto para eludir la acción de la justicia como para continuar realizando operaciones de ocultación de los fondos y desvinculación del origen ilícito, determinante, por tanto, de la concurrencia de riesgos de reiteración delictiva y de fuga", sostenía el Ministerio Público en uno de sus escritos. Al fin y al cabo, recordaba Ruz, aún estaban pendientes de recibir información de varias cuentas en el exterior.
El movimiento de Anticorrupción libera a Aldama
El extesorero del PP tuvo que esperar hasta enero de 2015 para, finalmente, salir de Soto del Real. Una libertad que Aldama, sin embargo, consiguió el mismo día de su comparecencia. Tras su declaración en el caso Koldo y su compromiso a seguir colaborando, su abogado solicitó al Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional su puesta en libertad en el caso Hidrocarburos –que es por el que estaba en prisión provisional–. Luis Pastor, el fiscal Anticorrupción que lleva ambos casos, informó a favor al entender que el investigado había facilitado "datos relevantes para el esclarecimiento" de las dos causas.
El Ministerio Público, en una nota remitida a los medios, apuntó que había apoyado la puesta en libertad "atendiendo exclusivamente" al "expreso reconocimiento" que ha hecho "de los delitos que se le imputan", a la "aclaración de su mecánica comisiva" y al reconocimiento de "nuevos delitos". Una confesión que desvirtuaba "la destrucción de pruebas" y atenuaba "el riesgo de fuga". Ninguna referencia se hacía, en esta ocasión, a la posible existencia de patrimonio en el exterior. Y eso que en el auto por el que se decretó la prisión provisional en la causa de los hidrocarburos, en la que se investiga un supuesto fraude tributario de 182,5 millones con combustibles, se hablaba de que se habían "identificado transferencias al exterior" –Portugal, Colombia y China– por 73,9 millones.
El movimiento de Anticorrupción ha resultado clave para que el instructor de este caso, el magistrado Santiago Pedraz, haya decretado la puesta en libertad de Aldama. Al no concurrir acusaciones personadas dado el secreto de las actuaciones, sólo el Ministerio Público tenía margen para exigir la prisión preventiva. Por eso, en cuanto ha dejado de pedirla, al instructor no le ha quedado más remedio que levantarla. "El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido", reza el artículo 505.4 de la Lecrim.
