El Poder Judicial debe nombrar a 22 mujeres para avanzar hacia la paridad en el Tribunal Supremo

La elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo fue un hito en el acceso de las mujeres a la cúpula de la magistratura. Pero la regla de la paridad está lejos de conseguirse en el alto tribunal. Los presidentes de sus cinco salas –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar– son, hoy por hoy, hombres. Y lo mismo ocurre entre los miembros de cada una de ellas, en la que la presencia de las mujeres es muy minoritaria. De los 50 magistrados actualmente en activo, once son mujeres. El bloqueo en la renovación del CGPJ y la imposibilidad del órgano para nombrar ha provocado 29 vacantes en el órgano a las que se suman las presidencias de cuatro salas. Avanzar hasta el mínimo legal de presencia de mujeres (40%) implicaría dar 22 cargos a magistradas. El 57,2% de los más de 5.000 jueces y magistrados españoles son mujeres.

La ley de paridad, aprobada el pasado agosto, reformó la del Poder Judicial para establecer que todos los nombramientos y promociones discrecionales deben garantizar "el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento". Mientras los vocales progresistas y conservadores se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar esa regla, el número de designaciones de magistradas para los principales cargos del Supremo que acercarían la plantilla al umbral mínimo de la paridad (cumplir la regla del 60-40 es imposible) obligaría a entregar 22 de las 29 vacantes a mujeres.

Si nos fijamos en el reparto de presidencias, el panorama presente es totalmente desigual, con cinco hombres al frente de las cinco salas, aunque cuatro están en funciones. De esas cuatro vacantes –Civil, Penal, Contencioso y Social– al menos dos deben ser ocupadas por magistradas. Entre las precandidaturas ya aprobadas en la comisión de calificación del CGPJ para las cuatro plazas a designar, tres mujeres optan a las salas de lo Penal (Ana Ferrer), Contencioso (Pilar Teso) y Social (Concepción Ureste), todas ellas progresistas. La Sala de lo Civil quedará, casi con total seguridad, en manos de un hombre ya que el conservador Ignacio Sancho es el único candidato.

Esta última sala, la de lo Civil, la componen en este momento cinco hombres y una mujer, pero tiene cuatro vacantes. Para que las magistradas lleguen al mínimo del 40%, al menos tres de esos puestos por cubrir deben corresponder a mujeres. Por el momento, solo se ha convocado uno de los cargos al que optan cuatro candidatas que se lo disputarán con otros cuatro compañeros.

En la Sala de lo Penal, la de los grandes procesos criminales contra políticos y demás aforados y la que tiene la última palabra de todos los casos penales que se juzgan en los tribunales ordinarios, cumplir la regla de la paridad es, por el momento, imposible. En su composición actual solo aparecen tres magistradas frente doce hombres. Solo queda por cubrir una plaza, que, para acercarse al umbral mínimo del 40% debería corresponder a otra mujer. En esas condiciones, que la presidencia de la sala –que también está en juego ahora mismo–, vaya a la progresista Ana Ferrer, no mejoraría la ratio entre sexos, pero sí aportaría mayor presencia cualitativa femenina en un entorno que seguirá, por ahora, muy masculinizado.

También es muy masculina la representación de ambos sexos en la actual configuración de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De sus 17 miembros, solo tres son magistradas. La de lo Contencioso –la sala más cargada de trabajo del Supremo– es la que más ha sufrido el bloqueo del CGPJ con 16 plazas por cubrir por salidas a otros cargos, jubilaciones y fallecimientos. El Consejo ya ha convocado 14 y los candidatos y candidatas a dos de ellos ya han realizado sus entrevistas en la comisión de calificación. A la primera de ellas, optan seis mujeres frente a 14 hombres y otras cinco frente a 11 compañeros de sexo masculino en la segunda. Al resto de las vacantes se han presentado entre 12 y 15 magistradas que todavía no han iniciado el proceso de preselección en el Consejo. Lograr la paridad en esa sala solo sería posible si once de los cargos en liza los ocupan magistradas.

La Sala Cuarta o la de lo Social es la única que hoy en día cumple la regla de la paridad con tres hombres y dos mujeres entre sus miembros. Los años que el Consejo no ha podido nombrar al estar en funciones han provocado seis bajas en su plantilla y la cobertura de todas ellas ha sido convocada tras la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Conservar la regla del 40-60 que se cumple actualmente obligaría a que al menos tres de esos puestos se entreguen a juezas. En la Quinta, la de lo Militar, hay cuatro hombres y una sola mujer, así que dos de las tres vacantes que quedan por cubrir también tendrían que ser para las candidatas que se presenten. Por el momento, ninguna de ellas ha sido convocada.

La decisión sobre cómo cubrir estos puestos queda en manos de los 20 vocales del CGPJ y de su presidenta, pero hasta el momento los consejeros progresistas y conservadores no se han puesto de acuerdo sobre cómo aplicar la ley de paridad. El Consejo elaboró un primer informe que estableció que el reparto igualitario entre sexos en la elección de presidentes de Sala y en cada una de éstas debe primar, pero la presidenta encargó otro al gabinete técnico que concluyó que solo en igualdad de méritos entre candidatos, el sexo debe primar. La comisión de igualdad trabaja actualmente en un tercer documento que establece el criterio de aplicación de la paridad para todos los nombramientos, no solo los del Supremo, sino también los de los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Su contenido deberá ser ratificado por el Pleno.

Para el sector progresista es más importante la paridad, mientras que los conservadores solo aceptan que ese criterio se aplique cuando los méritos de candidatos y candidatas a las plazas a cubrir sean parejos, lo que convertiría el camino hacia la igualdad de presencia de juezas y jueces en los principales cargos judiciales en un proceso mucho más lento. Lo que decidan tendrá una enorme trascendencia, porque cada nombramiento admite recurso ante el Supremo. Y la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que actualmente dominan los hombres, es la que tendrá finalmente que decidir cómo se aplica esa ley vigente que afecta a todos los organismos públicos.