800.000 trabajadores precarios en las Administraciones Públicas: otra pandemia

Que nadie piense en comparaciones que quizá es lo primero que se viene a la cabeza, no; pero sí que se piense en todas las pandemias que el coronavirus ha aflorado. Todas las pandemias de la situación crítica de miles de personas trabajadoras en la sanidad, en la intervención social, en los servicios sociales, en las empleadas domésticas… y en tantos otros sectores y empresas donde la precariedad es el pan nuestro de cada hora. Yo aquí voy a referirme a una pandemia histórica, no por ello menos ignorada y cuya asimilación por parte del Estado forma parte de esa dinámica nefasta de no abordar los problemas de raíz y en su conjunto, con amplitud de miras, y cuya manifestación en esta crisis nos pone sobre aviso. Hay que situar al Estado como máximo y último responsable de crear una inmensa balsa de trabajadores en precario en las distintas Administraciones Públicas –se llamen como se llamen– porque los presidentes de las CCAA son los representantes del Estado.

Pero también hay que situar ante sus responsabilidades a las organizaciones sindicales, especialmente a las mayoritarias, mejor llamadas subvencionadas, que admiten un día sí y otro también enjuagues de este calibre e incluso se atreven luego a firmar acuerdos para iniciar procesos que van a poner en la calle a miles de estos trabajadores. ¡Recolocaos, por favor, en la lucha! o ¿ya formáis parte del capital?

Finalmente, las personas trabajadoras afectadas tienen que ponerse a la tarea y no andar pordioseando cualquier prebenda o salida individual o quejándose ante los sindicatos subvencionados, incluso con manifestaciones, en lugar de dirigir todas sus fuerzas a exigir al Estado, como patrón que es en este conflicto, una solución ya. Este es un problema de clase trabajadora y, como tal, hay que abordarlo, exigiendo soluciones para todos.

Y aunque pueda parecer ocioso conviene refrescar la memoria para todos aquellos que por convencimiento, comodidad, costumbre, o por intereses crematísticos, la única palabra que utilizan para resolver este gravísimo problema es oposición (sistema ya caduco donde los haya). Aunque dicho sistema, sin embargo, nació con buenos fines e incluso los ha cumplido durante un tiempo. Allá por 1854, si no me falla la memoria, los cargos públicos en los ministerios y demás se nombraban con cada cambio de Gobierno (bastante frecuentes por entonces: liberales/conservadores o viceversa). Eran las famosas: "cesantías". Por ello se instauró un sistema de oposiciones públicas y abiertas para cubrir las plazas vacantes en los servicios públicos. Ese fue su origen y durante algún tiempo se preservó dicho sentido para las plazas nuevas que se iban creando, pero, a medida que han cambiado los tiempos, la realidad tiene bien superado ese esquema por unas u otras razones. Tras la larga lucha de los PNNs en los años 70, el gobierno de Adolfo Suárez tuvo que "solucionar" el problema y pasaron a ser funcionarios de carrera la inmensa mayoría de los PNN en precario, tanto en la Universidad como en las Enseñanzas Medias.

De entonces a acá el sistema de "oposiciones" no ha funcionado; existen en la actualidad unos 800.000 trabajadores en precario en todas Administraciones del Estado, sean estos funcionarios interinos, laborales interinos, indefinidos no fijos por sentencia, semi-estatutarios asociados, ayudantes…. y toda clase de figuras a cual más creativa y más hazmerreír de la autodefinición que se hace el Estado de tener sólo funcionarios de carrera. Para hacernos una idea concreta de algún sector que conozco por propia experiencia diré que en mi primer trabajo como PNN (Profesor/a No Numerario), en 1982, éramos en toda España unos 1.500 a 1.800 PNNs en los Institutos de Enseñanza Media; en 1990 éramos 45.000 y hoy en día el Profesorado Interino lo constituyen unos 130.000 en todo el Estado (cambió la denominación).

La conclusión es evidente para cualquier observador: el sistema está técnicamente corrupto en cuanto que no cumple con su misión de poner a concurso plazas nuevas que se necesiten; por el contrario, se convocan oposiciones para plazas ocupadas durante años y años, en muchísimos casos, con el consiguiente despido de las personas trabajadoras actuales. Y ese sistema, repito, técnicamente corrupto, lo firman con bombo y platillo los sindicatos subvencionados con el Sr. Montoro en 2017. "Cosas veredes, Sancho…".

Dicho todo esto la respuesta es: los que están se quedan, ni un sólo despido. Y a partir de ahí estamos seguros de que Dª Carolina Darias, Ministra de Política Territorial y Función Pública y su Gobierno, aprovechando el confinamiento y el "rincón de pensar", encontrarán miles de formas valientes, jurídicas, imaginativas, arriesgadas,… para cumplir lo anterior, más aun teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el propio EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) y la propia Sentencia de 19 de marzo del TJUE que no deja en buen lugar al Estado español y pone blanco sobre negro el abuso continuado que viene haciendo con estas personas trabajadoras.

Benito Laiz Castro es socio de infoLibre